Drogas sintéticas: las causas por éxtasis siempre tuvieron un proceso lento y polémico

Este será el quinto expediente que se abra en Tucumán en los últimos 23 años.

EL PRIMER ANTECEDENTE. Los policías federales durante uno de los allanamientos realizado por la causa Nocturno. EL PRIMER ANTECEDENTE. Los policías federales durante uno de los allanamientos realizado por la causa Nocturno.

Esta se transformará en la quinta causa que se inicia por venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en la provincia en los últimos 23 años. Los expedientes tienen dos particularidades: la primera es que cada vez son más frecuentes; la segunda, que las investigaciones casi siempre estuvieron rodeadas de polémicas.

Nocturno fue el primer boliche de música electrónica de la provincia. Pero también fue protagonista de la primera causa por venta de este tipo de estupefacientes que se abrió en Tucumán.

Un DJ fue detenido en febrero de 2003 por la Policía Federal cuando transportaba bochitas de cocaína. El sospechoso, cuya identidad nunca fue revelada, acordó con la Justicia obtener beneficios procesales a cambio de contar cómo funcionaba la ruta del éxtasis en Tucumán, una estructura en la que, según su versión, participaban personas con importante poder económico. Fueron detenidas varias personas vinculadas a ese sector. Después de más de 16 años de proceso, los acusados fueron absueltos.

Contactos

En abril de 2019, después de una extensa investigación, personal de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal detuvo a tres jóvenes y secuestró diferentes sustancias, entre ellas éxtasis. Los arrestados fueron Aldo Antonio Sosa, Gastón Mercau y una joven cuya identidad nunca trascendió, aunque sí se supo que era relacionista pública y participaba activamente en la organización de fiestas electrónicas.

Los investigadores descubrieron que, además de las pastillas, los jóvenes también se habrían dedicado a la producción ilegal de aceite de cannabis. Mercau es hijo del juez jujeño Gastón Mercau y nieto de Clara Langhe de Falcone, integrante del máximo tribunal de justicia de Jujuy. Nunca trascendieron los detalles de esta causa ni cuál fue la situación procesal definitiva de los acusados. Sí se supo que Mercau habría sido trasladado a su provincia natal por cuestiones humanitarias.

Fiestas

“Calavera no chilla” es el nombre de una de las productoras de fiestas electrónicas que marcaron tendencia en la provincia. Pero también hizo historia porque sus principales referentes fueron procesados por la presunta comercialización de éxtasis.

Todo comenzó en febrero de 2022, cuando la Policía secuestró 189 pastillas de éxtasis en varios allanamientos. En esa oportunidad fueron detenidos Matías Ghazarian, identificado como el principal responsable de la productora, y Franco Tacla, un relacionista público vinculado a la noche tucumana.

Según la investigación del fiscal federal Carlos Brito, Ghazarian habría adquirido la droga para comercializarla en los eventos que organizaba. También sospechaba que Tacla colaboraba en esa actividad.

Pero, como ocurrió en otras causas vinculadas con la comercialización de éxtasis, el desarrollo de la pesquisa estuvo acompañado por polémicas. La Cámara Federal de Apelaciones dispuso la falta de mérito de Ghazarian y ordenó su liberación. Tacla, en cambio, continuó detenido.

Hace más de dos años que la investigación continúa generando repercusiones judiciales y procesales, especialmente por las diferentes decisiones adoptadas en torno a la situación de los acusados.

El último antecedente

El 14 de abril del año pasado, personal de Drogas Peligrosas de la Policía Federal se presentó en un after que se realizaba en una finca de Tafí Viejo. En el procedimiento se secuestraron dosis de éxtasis, LSD-25, ketamina, marihuana, cocaína y tusi (cocaína rosa).

No se incautaron grandes cantidades, pero sí las suficientes para dar inicio a la primera causa por drogas sintéticas tramitada bajo la ley de narcomenudeo. Por este caso, la Justicia ordinaria ordenó la detención de César Fernández Fazio y Mariano Valdez.

Los sospechosos fueron procesados por comercialización de estupefacientes. El juez Guido Buldurini consideró que existían indicios suficientes para sostener la hipótesis presentada por el fiscal José Sanjuán, según la cual Fernández Fazio habría dirigido una estructura dedicada a organizar fiestas electrónicas clandestinas para comercializar este tipo de sustancias.

La causa, que está próxima a llegar a juicio, tiene un ingrediente adicional. Felipe “El Militar” Sosa, el acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez, aparece mencionado en el expediente.

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