BUENOS AIRES.- El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anticipó que el bono de fin de año que reclaman los directivos de la CGT sería concedido solamente a los beneficiarios de planes sociales, jubilados y trabajadores que perciben salarios más bajos.
“La realidad es muy compleja, con más de 32% de pobres que inquieta al Gobierno y a toda la sociedad, aún se está analizando con varios ministros, porque existe la convicción de asistir a quienes más lo necesitan, como los beneficiarios de planes sociales, jubilados y los que tienen ingresos mínimos, sin desfinanciar al estado: Nación, provincias y municipios”, declaró Triaca.
Cuando se le recordó que el reclamo de la CGT es generalizado, el titular de la cartera laboral contestó: “el escenario es muy heterogéneo entre quienes cerraron la paritaria entre marzo y mayo y entre los que la acordaron en agosto; y entre los que pautaron un bono de fin de año y los que no; así como tampoco es igual la situación de las empresas”.
Ganancias, en estudio
Sobre la exención del impuesto a las Ganancias para el medio aguinaldo de diciembre, otro de los reclamos de la CGT, Triaca dijo en declaraciones al portal Infobae que se está estudiando si se puede excluir en diciembre para algunos tramos de ingreso.
Tanto el bono de fin de año como la exención de Ganancias para el medio aguinaldo fueron dos de los reclamos de la CGT que el Gobierno se comprometió a analizar y responder en el plazo de 10 días, tras la reunión mantenida hace una semana.
Por su parte, el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, prometió “hacer todo lo que pueda” para que los jubilados reciban el bono de fin de año. “Nosotros, desde ANSES, así como fue en diciembre y en abril pasados, fuimos los que implementamos el bono. (Al diálogo con la central obrera) lo está liderando el ministro de Trabajo, conversando con todos los sectores para llegar a un consenso”, dijo.
En ese marco, destacó: “Las otras dos veces incluimos el sector de jubilados de la mínima y, probablemente, en este caso, los podamos incluir”.
En estudio
Por su parte, y en coincidencia con Basavilbaso, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, indicó que se están haciendo las evaluaciones del caso. “Sería negador de mi parte no admitir que hay un pedido cuando la CGT lo dejó por escrito en la última reunión que tuvimos”, remarcó Stanley.
En tanto, se refirió a la actual situación social y al rumbo elegido por el presidente Mauricio Macri a partir de los nuevos índices oficiales sobre pobreza e indigencia: “Marcamos un camino en el que nos hicimos cargo de una situación. Como dijo el Presidente, queremos que la gestión sea medida a partir de esos números oficiales”.
“Es muy importante haber llegado a tener ese dato oficial, pero lo más importante es cómo venimos trabajando desde diciembre y cómo nosotros entendemos la pobreza”, concluyó. (DyN-Télam)
Sin novedades para estatales tucumanos
El reclamo de la CGT por un bono de fin de año de $ 2.000 ya comenzó a corporizarse en el sector público de las provincias.
En Catamarca, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ya pidieron, en forma conjunta, el pago de esa bonificación a la gobernadora Lucía Corpacci. En Santa Fe, las autoridades de esa provincia afirmaron que no tienen previsto otorgar tal bono a los agentes públicos, mientras que, en Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal evita dar precisiones acerca del pago de ese extra a los estatales. “En principio todavía no hay nada anunciado en concreto por parte del gobierno nacional. Vamos a esperar a ver cómo avanza el gobierno nacional”, manifestó la mandataria. En sintonía, el gobierno de Tucumán tampoco tiene previsto, por ahora, pagar una retribución extra de $ 2.000. Desde el Ministerio de Economía, que conduce Eduardo Garvich, se expresó que el Poder Ejecutivo ya hizo un esfuerzo fiscal para abonarle a los estatales tucumanos la compensación salarial no remunerativa de $ 750. Según las autoridades económicas, ese beneficio, que será abonado por planilla adicional con los salarios de septiembre, tienen un costo fiscal estimado de entre $ 100 millones y $ 130 millones. “Esto implica un reconocimiento a los pedidos que vienen realizando los sectores gremiales de la provincia”, había manifestado el gobernador Juan Manzur.