07 Octubre 2016
DÍA DEL ABOGADO DE 2015. En el estrado: Musi, García Posse y Gilli. la gaceta / foto de osvaldo ripoll (archivo)
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Capital quedó en el medio de un cruce de denuncias penales a semanas de renovar la mitad de sus autoridades, incluido el presidente. El martes a las 20.45, el prosecretario Rodolfo Gilli se presentó en la Comisaría N°7, y dijo que desconocía las firmas estampadas en tres notas oficiales que llevaban su sello. Previamente e invocando la gravedad institucional que la cuestión suponía, Gilli había dimitido a la prosecretaría que ocupa desde 2014, puesto al que llegó de la mano del oficialismo. El Consejo reaccionó con otra presentación en sede judicial: el presidente Francisco García Posse y Marcelo Fajre (h), vocal 1°, acusaron ayer a Gilli de incurrir en el presunto delito de falsa denuncia. El caso ingresó en la Fiscalía N°4, que encabeza Diego López Ávila.
El primer denunciante manifestó a la Policía que había advertido que unas intimaciones dirigidas a los colegiados Josefa Rosana Elías, Carolina Marlene Medina y Carlos Garmendia llevaban su sello mas no su firma: la rúbrica desconocida era la misma en los tres casos. “Solicito a la autoridad judicial competente que investigue los delitos de falsificación, y de usurpación de títulos y honores, ya que esta circunstancia ha significado una pérdida de confianza y me ha llevado a renunciar al cargo para el que fui elegido oportunamente”, manifestó. Al presentar la dimisión, Gilli reconoció que mantenía “diferencias públicas” con el grupo mayoritario que dirige el Colegio. Y calificó de “gran anomalía” la atribución de una firma que él no había estampado. “Impugno por este medio todas las notas, constancias, intimaciones y demás actuaciones a nombre del Colegio que lleven mi sello, y cuya firma no sea ratificada por mí. Hago reserva expresa de deducir las acciones judiciales que correspondan”, advirtió.
Publicidad prohibida
Este jueves y al contradenunciar a Gilli, García Posse y Fajre (h) dijeron que su relato era ominoso, y que buscaba poner en tela de juicio el prestigio de la institución y de sus conductores. Según esas autoridades, la cuestión de las firmas obedece a una confusión y a un error humano que habían sido aclarados antes de que Gilli se presentase en sede policial.
Todo comenzó cuando miembros del Tribunal de Ética y Disciplina comunicaron que un perfil de Facebook ofrecía asesoramiento jurídico gratuito, cosa que está prohibida por la ley. El presidente y el vocal 1° relataron que el error se deslizó en las notas que recordaban la restricción a los profesionales ligados a la publicidad en cuestión. Ambos precisaron que, por inhibiciones y licencias, las notas debían ser firmadas por el vicepresidente Juan Musi y Gilli. “Pero como el prosecretario no concurre con habitualidad a firmar el despacho diario del Colegio, a menudo los documentos deben ser rubricados por el vocal 1°”, agregaron. Y manifestaron que, sin querer, una empleada colocó el sello de Gilli a las notas que habían sido firmadas por Fajre (h).
En la Fiscalía N°4, los denunciantes acotaron que, tras constatar el error, tanto el secretario administrativo Jorge Ludueña como la empleada que lo había cometido esclarecieron la situación: “Gilli recibió las explicaciones del caso el viernes 30 de septiembre y el lunes siguiente, pero el martes presentó su renuncia y luego hizo la denuncia policial”. García Posse y Fajre (h) pusieron en duda por qué el prosecretario fue a una Comisaría N°7 ajena a la jurisdicción y afirmaron: “la denuncia de Gilli es absolutamente maliciosa y tiene el propósito de dañar. A simple vista se nota que la firma objetada es de Fajre. Sus motivaciones subalternas lo llevaron a exceder lo que podría ser una mera sobreactuación y a formular una denuncia falsa a sabiendas”. En la sesión del miércoles, las autoridades de la entidad resolvieron girar la renuncia de Gilli para que dos matriculados dictaminen sobre su pertinencia respecto de la norma que declara carga pública al ejercicio de funciones en el Consejo Directivo. Con los dictámenes en la mano, definirán si aceptan o rechazan la dimisión del denunciante Gilli.
El primer denunciante manifestó a la Policía que había advertido que unas intimaciones dirigidas a los colegiados Josefa Rosana Elías, Carolina Marlene Medina y Carlos Garmendia llevaban su sello mas no su firma: la rúbrica desconocida era la misma en los tres casos. “Solicito a la autoridad judicial competente que investigue los delitos de falsificación, y de usurpación de títulos y honores, ya que esta circunstancia ha significado una pérdida de confianza y me ha llevado a renunciar al cargo para el que fui elegido oportunamente”, manifestó. Al presentar la dimisión, Gilli reconoció que mantenía “diferencias públicas” con el grupo mayoritario que dirige el Colegio. Y calificó de “gran anomalía” la atribución de una firma que él no había estampado. “Impugno por este medio todas las notas, constancias, intimaciones y demás actuaciones a nombre del Colegio que lleven mi sello, y cuya firma no sea ratificada por mí. Hago reserva expresa de deducir las acciones judiciales que correspondan”, advirtió.
Publicidad prohibida
Este jueves y al contradenunciar a Gilli, García Posse y Fajre (h) dijeron que su relato era ominoso, y que buscaba poner en tela de juicio el prestigio de la institución y de sus conductores. Según esas autoridades, la cuestión de las firmas obedece a una confusión y a un error humano que habían sido aclarados antes de que Gilli se presentase en sede policial.
Todo comenzó cuando miembros del Tribunal de Ética y Disciplina comunicaron que un perfil de Facebook ofrecía asesoramiento jurídico gratuito, cosa que está prohibida por la ley. El presidente y el vocal 1° relataron que el error se deslizó en las notas que recordaban la restricción a los profesionales ligados a la publicidad en cuestión. Ambos precisaron que, por inhibiciones y licencias, las notas debían ser firmadas por el vicepresidente Juan Musi y Gilli. “Pero como el prosecretario no concurre con habitualidad a firmar el despacho diario del Colegio, a menudo los documentos deben ser rubricados por el vocal 1°”, agregaron. Y manifestaron que, sin querer, una empleada colocó el sello de Gilli a las notas que habían sido firmadas por Fajre (h).
En la Fiscalía N°4, los denunciantes acotaron que, tras constatar el error, tanto el secretario administrativo Jorge Ludueña como la empleada que lo había cometido esclarecieron la situación: “Gilli recibió las explicaciones del caso el viernes 30 de septiembre y el lunes siguiente, pero el martes presentó su renuncia y luego hizo la denuncia policial”. García Posse y Fajre (h) pusieron en duda por qué el prosecretario fue a una Comisaría N°7 ajena a la jurisdicción y afirmaron: “la denuncia de Gilli es absolutamente maliciosa y tiene el propósito de dañar. A simple vista se nota que la firma objetada es de Fajre. Sus motivaciones subalternas lo llevaron a exceder lo que podría ser una mera sobreactuación y a formular una denuncia falsa a sabiendas”. En la sesión del miércoles, las autoridades de la entidad resolvieron girar la renuncia de Gilli para que dos matriculados dictaminen sobre su pertinencia respecto de la norma que declara carga pública al ejercicio de funciones en el Consejo Directivo. Con los dictámenes en la mano, definirán si aceptan o rechazan la dimisión del denunciante Gilli.
Lo más popular
