Por Indalecio Francisco Sanchez
13 Octubre 2016
La muerte del padre Juan quebró la pasividad de la sociedad tucumana, que veía adormecida las novedades sobre detenciones de narcos, delitos violentos vinculados con consumidores de drogas y marchas de los familiares de adictos clamando ayuda estatal.
Hasta aquí, el problema de la proliferación de la venta y consumo de estupefacientes prohibidos era “de los otros”: de las “malas madres” que no educaban bien a sus hijos o de los policías corruptos o de los políticos cómplices o de los jueces ineptos. Ahora, es de todos. Porque la desaparición física de Viroche provocó sentimientos de identificación en una comunidad que valora y siente cercanía con sus líderes religiosos. Ello lleva a que la hipótesis de una parte importante de los tucumanos sea que al sacerdote lo asesinaron por su lucha contra los narcos y los corruptos. La Justicia dirá -en algún momento- los motivos de su muerte, que además deberán ser certeros, lógicos y probados para que convenzan y apacigüen los ánimos.
¿Pero, por qué tanta desconfianza y enojo ante lo sucedido? La respuesta puede hallarse en el análisis de distintos factores. En primer lugar, la Florida no es cualquier pueblo. Es uno signado por una década de domino político de una sola familia -la de Arturo Soria- que colonizó la ciudad y se apropió de la toma de decisiones sobre casi todo lo que allí sucede. Ellos deciden quiénes trabajan y quiénes no (mayoritariamente en la comuna), quiénes reciben viviendas nuevas de planes estatales, quiénes trabajan en los otros estamentos públicos del lugar (como CAPS y comisaría) y hasta qué obras se realizan. El 25 de enero LA GACETA publicaba una nota en la que un grupo de empleados de la comuna denunciaba a los Soria (su esposa Inés Gramajo es la actual delegada comunal) y sus prácticas. Aseveraban que les pedía parte de sus salarios y que trabajen en su casa y en la de otros funcionarios, cuando sus tareas debían realizarse en la comuna. Cuando nuestro diario fue a La Florida para realizar esa nota, supuestos policías increparon al equipo periodístico y Soria denunció en la comisaría que esas personas le habían robado. Casi detienen a los que osaron hablar del ex jefe comunal. El 7 de abril, LA GACETA mostraba otra denuncia de vecinos que relataban que un grupo de personas de civil, que decían ser policías de la Brigada de Investigaciones, irrumpía en sus viviendas y, cuando se iban, les dijeron: “‘eh, dejen de hinchar las bolas con Soria”. Como si fuera poco, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Salud de la Nación, por separado y por distintas obras no realizadas, denunciaron a Soria-Gramajo. El propio ex delegado se comprometió ante nuestro diario a terminar las obras del Centro de Integración Comunitaria y de las escuelas de Lucca y Almafuerte.
No es la única triste particularidad del pueblo del este provincial. La Florida está, desde hace años, infectada por el virus del “paco” y dominada por los narcotraficantes. Las organizaciones sociales que luchan contra la “droga de los pobres” sostienen que desde allí creció el consumo y la producción del residuo de la cocaína que, como si siguiera la corriente del río, se propagó por la Costanera hacia Alderetes y Banda del Río Salí. Viroche era el único que jetoneaba sobre todo lo que allí sucedía. Porque ni la Policía ni las autoridades comunales -que crecieron de la mano de José Alperovich y que hoy pasean diariamente a la par de Juan Manzur- jamás levantaron la bandera de la lucha contra la inseguridad y la drogadicción de su pueblo. ¿Por qué nunca denunciaron lo que allí sucedía?
La guerra narco que en Tucumán involucra -probadamente- hasta políticos, compromete hoy a autoridades de los tres poderes del Estado. Y esto recién comienza, porque esa batalla desató otros conflictos aún más peligrosos para los que hoy toman las decisiones.
El Poder Judicial cruje al ritmo de las complicaciones políticas. El jefe de los fiscales está en el ojo de una tormenta que podría convertirse en “Matthew” y arrasar con todo. Desde la Nación ya le habrían dado una suerte de ultimátum al Gobierno provincial sobre la necesidad de un relevo urgente para Edmundo Jiménez. La orden vino de altas esferas del poder nacional. Parece difícil que el gobernador pueda avanzar contra el poderoso ex funcionario de Alperovich. El añoso dirigente del PJ estaría al tanto de la movida nacional y habría comenzado a actuar en consecuencia. ¿O será casualidad que el mismo fiscal que archivó sin más la causa de “las valijas” contra la Legislatura ahora actuó de oficio para pedir explicaciones sobre un decreto oculto por el que la Cámara se empachó de dinero el año pasado? Si alguna causa relacionada con los gastos sociales avanzara, el principal afectado sería Manzur, que presidió la Cámara en ese momento y que llegó a la Gobernación, según se investiga ahora, presuntamente utilizando dinero público para su campaña. Alperovich tampoco la sacaría barata. Cuando algún contrincante “va”, Jiménez “ya está volviendo”, como lo muestra la oportuna firma de convenio de la que participó el martes en la Casa Rosada con Germán Garavano. ¿Cambiará de tendencia “Pirincho”? La guerra judicial promete hacer estragos y sumar una tercera disputa.
Se trata de la batalla electoral y partidaria. Son varios los que ruegan que Manzur caiga en desgracia para poder empoderarse en el oficialismo de cara a los comicios del año próximo y posicionarse en la cumbre para la pelea electoral de 2019. Silenciosamente, ellos tallan las cartas del poder y meten la uña para complicar a unos y beneficiar a otros.
La guerra electoral también afecta a los dirigentes de la oposición local, pero por el tironeo entre los líderes del oficialismo nacional. El crujiente Acuerdo para el Bicentenario podría quedar definitivamente quebrado a partir de la pelea entre los macristas que no quieren sumar aliados peronistas y los que amontonan justicialistas a como dé lugar. El pasado podría condenar a algún tucumano engolosinado con el poder “cambista”, víctima de un “carpetazo” con ramificaciones judiciales que se convertirían en insoslayables para un Mauricio Macri que pregona la lucha contra la corrupción. O quizás a varios comprovincianos, porque cada vez se hace más peligroso meterse en internas ajenas sin la certeza de que, al abrir la puerta, del ropero no se desplomará algún “muerto”.
Hasta aquí, el problema de la proliferación de la venta y consumo de estupefacientes prohibidos era “de los otros”: de las “malas madres” que no educaban bien a sus hijos o de los policías corruptos o de los políticos cómplices o de los jueces ineptos. Ahora, es de todos. Porque la desaparición física de Viroche provocó sentimientos de identificación en una comunidad que valora y siente cercanía con sus líderes religiosos. Ello lleva a que la hipótesis de una parte importante de los tucumanos sea que al sacerdote lo asesinaron por su lucha contra los narcos y los corruptos. La Justicia dirá -en algún momento- los motivos de su muerte, que además deberán ser certeros, lógicos y probados para que convenzan y apacigüen los ánimos.
¿Pero, por qué tanta desconfianza y enojo ante lo sucedido? La respuesta puede hallarse en el análisis de distintos factores. En primer lugar, la Florida no es cualquier pueblo. Es uno signado por una década de domino político de una sola familia -la de Arturo Soria- que colonizó la ciudad y se apropió de la toma de decisiones sobre casi todo lo que allí sucede. Ellos deciden quiénes trabajan y quiénes no (mayoritariamente en la comuna), quiénes reciben viviendas nuevas de planes estatales, quiénes trabajan en los otros estamentos públicos del lugar (como CAPS y comisaría) y hasta qué obras se realizan. El 25 de enero LA GACETA publicaba una nota en la que un grupo de empleados de la comuna denunciaba a los Soria (su esposa Inés Gramajo es la actual delegada comunal) y sus prácticas. Aseveraban que les pedía parte de sus salarios y que trabajen en su casa y en la de otros funcionarios, cuando sus tareas debían realizarse en la comuna. Cuando nuestro diario fue a La Florida para realizar esa nota, supuestos policías increparon al equipo periodístico y Soria denunció en la comisaría que esas personas le habían robado. Casi detienen a los que osaron hablar del ex jefe comunal. El 7 de abril, LA GACETA mostraba otra denuncia de vecinos que relataban que un grupo de personas de civil, que decían ser policías de la Brigada de Investigaciones, irrumpía en sus viviendas y, cuando se iban, les dijeron: “‘eh, dejen de hinchar las bolas con Soria”. Como si fuera poco, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Salud de la Nación, por separado y por distintas obras no realizadas, denunciaron a Soria-Gramajo. El propio ex delegado se comprometió ante nuestro diario a terminar las obras del Centro de Integración Comunitaria y de las escuelas de Lucca y Almafuerte.
No es la única triste particularidad del pueblo del este provincial. La Florida está, desde hace años, infectada por el virus del “paco” y dominada por los narcotraficantes. Las organizaciones sociales que luchan contra la “droga de los pobres” sostienen que desde allí creció el consumo y la producción del residuo de la cocaína que, como si siguiera la corriente del río, se propagó por la Costanera hacia Alderetes y Banda del Río Salí. Viroche era el único que jetoneaba sobre todo lo que allí sucedía. Porque ni la Policía ni las autoridades comunales -que crecieron de la mano de José Alperovich y que hoy pasean diariamente a la par de Juan Manzur- jamás levantaron la bandera de la lucha contra la inseguridad y la drogadicción de su pueblo. ¿Por qué nunca denunciaron lo que allí sucedía?
La guerra narco que en Tucumán involucra -probadamente- hasta políticos, compromete hoy a autoridades de los tres poderes del Estado. Y esto recién comienza, porque esa batalla desató otros conflictos aún más peligrosos para los que hoy toman las decisiones.
El Poder Judicial cruje al ritmo de las complicaciones políticas. El jefe de los fiscales está en el ojo de una tormenta que podría convertirse en “Matthew” y arrasar con todo. Desde la Nación ya le habrían dado una suerte de ultimátum al Gobierno provincial sobre la necesidad de un relevo urgente para Edmundo Jiménez. La orden vino de altas esferas del poder nacional. Parece difícil que el gobernador pueda avanzar contra el poderoso ex funcionario de Alperovich. El añoso dirigente del PJ estaría al tanto de la movida nacional y habría comenzado a actuar en consecuencia. ¿O será casualidad que el mismo fiscal que archivó sin más la causa de “las valijas” contra la Legislatura ahora actuó de oficio para pedir explicaciones sobre un decreto oculto por el que la Cámara se empachó de dinero el año pasado? Si alguna causa relacionada con los gastos sociales avanzara, el principal afectado sería Manzur, que presidió la Cámara en ese momento y que llegó a la Gobernación, según se investiga ahora, presuntamente utilizando dinero público para su campaña. Alperovich tampoco la sacaría barata. Cuando algún contrincante “va”, Jiménez “ya está volviendo”, como lo muestra la oportuna firma de convenio de la que participó el martes en la Casa Rosada con Germán Garavano. ¿Cambiará de tendencia “Pirincho”? La guerra judicial promete hacer estragos y sumar una tercera disputa.
Se trata de la batalla electoral y partidaria. Son varios los que ruegan que Manzur caiga en desgracia para poder empoderarse en el oficialismo de cara a los comicios del año próximo y posicionarse en la cumbre para la pelea electoral de 2019. Silenciosamente, ellos tallan las cartas del poder y meten la uña para complicar a unos y beneficiar a otros.
La guerra electoral también afecta a los dirigentes de la oposición local, pero por el tironeo entre los líderes del oficialismo nacional. El crujiente Acuerdo para el Bicentenario podría quedar definitivamente quebrado a partir de la pelea entre los macristas que no quieren sumar aliados peronistas y los que amontonan justicialistas a como dé lugar. El pasado podría condenar a algún tucumano engolosinado con el poder “cambista”, víctima de un “carpetazo” con ramificaciones judiciales que se convertirían en insoslayables para un Mauricio Macri que pregona la lucha contra la corrupción. O quizás a varios comprovincianos, porque cada vez se hace más peligroso meterse en internas ajenas sin la certeza de que, al abrir la puerta, del ropero no se desplomará algún “muerto”.
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