19 Octubre 2016
LEGISLATURA. Los parlamentarios sesionarán mañana. ARCHIVO
El proyecto de ley para la reforma integral del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), que rige desde los 90, será tratado en la sesión de Legislatura de mañana. En la previa al debate, cuando ya fueron firmados los dictámenes de mayoría y de minoría en las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales, un grupo de legisladoras impulsan cambios en la iniciativa, todos tendientes a garantizar un mejor tratamiento en los casos por violencia de género.
La elaboración del anteproyecto del CPPT comenzó hace más de dos años, y estuvo a cargo de una comisión especial integrada por representantes de la Legislatura, del Ejecutivo y de la Justicia. Participaron además miembros de los colegios de abogados del sur y de la capital. También se recibieron aportes de expertos en materia penal y se analizó el funcionamiento de otros distritos (por ejemplo, el de Santa Fe).
La iniciativa final será presentada mañana en el recinto por los oficialistas Marcelo Caponio (titular de la comisión de Asuntos Constitucionales) y Javier Pucharras (a cargo de la comisión de Seguridad y Justicia). Desde la oposición rubricaron un dictamen en minoría, en el cual rechazan la incorporación de los fueros e inmunidades procesales para funcionarios. En el resto de los puntos, más allá de esas objeciones, hubo acuerdo entre los diferentes espacios políticos.
Ahora, quien propuso modificaciones en la iniciativa final fue la legisladora Nancy Bulacio, secretaria del bloque oficialista Tucumán Crece. Mediante una nota dirigida a Caponio, solicitó la incorporación, en el artículo 11, de todos los términos expresados en la ley nacional de Protección Integral a las Mujeres (N° 26.485).
“La víctima (...) tiene derecho a la protección integral de la persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito; a recibir trato digno y respetuoso por parte de las autoridades, que no podrán bajo ningún pretexto dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutula efectiva”, señala el primer párrafo del texto aportado por Bulacio. E introduce otras modificaciones, como que en los casos donde se denuncie a un funcionario público “por un delito realizado en el contexto de violencia de género o de incumplimiento de medidas cautelares de protección de persona, procederá el inmediato desafuero”.
Resta ver si la propuesta de Bulacio tiene eco entre sus pares, ya que otras legisladoras formularon por lo bajo objeciones similares hacia el proyecto oficial.
Caponio explicó que el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán prevé grandes modificaciones en la tramitación de las causas penales. “Desaparece el expediente escrito, se divide el Ministerio Público Fiscal y Pupilar actual en dos, de Acusación y de Defensa, cada una con su propia ‘cabeza’. Además, se forman los colegios de fiscales, de jueces, y oficinas de gestión”, afirmó el oficialista en una nota reciente. Y anticipó que, debido a la magnitud de los cambios, la normativa entraría en vigencia en 2017.
La elaboración del anteproyecto del CPPT comenzó hace más de dos años, y estuvo a cargo de una comisión especial integrada por representantes de la Legislatura, del Ejecutivo y de la Justicia. Participaron además miembros de los colegios de abogados del sur y de la capital. También se recibieron aportes de expertos en materia penal y se analizó el funcionamiento de otros distritos (por ejemplo, el de Santa Fe).
La iniciativa final será presentada mañana en el recinto por los oficialistas Marcelo Caponio (titular de la comisión de Asuntos Constitucionales) y Javier Pucharras (a cargo de la comisión de Seguridad y Justicia). Desde la oposición rubricaron un dictamen en minoría, en el cual rechazan la incorporación de los fueros e inmunidades procesales para funcionarios. En el resto de los puntos, más allá de esas objeciones, hubo acuerdo entre los diferentes espacios políticos.
Ahora, quien propuso modificaciones en la iniciativa final fue la legisladora Nancy Bulacio, secretaria del bloque oficialista Tucumán Crece. Mediante una nota dirigida a Caponio, solicitó la incorporación, en el artículo 11, de todos los términos expresados en la ley nacional de Protección Integral a las Mujeres (N° 26.485).
“La víctima (...) tiene derecho a la protección integral de la persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito; a recibir trato digno y respetuoso por parte de las autoridades, que no podrán bajo ningún pretexto dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutula efectiva”, señala el primer párrafo del texto aportado por Bulacio. E introduce otras modificaciones, como que en los casos donde se denuncie a un funcionario público “por un delito realizado en el contexto de violencia de género o de incumplimiento de medidas cautelares de protección de persona, procederá el inmediato desafuero”.
Resta ver si la propuesta de Bulacio tiene eco entre sus pares, ya que otras legisladoras formularon por lo bajo objeciones similares hacia el proyecto oficial.
Caponio explicó que el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán prevé grandes modificaciones en la tramitación de las causas penales. “Desaparece el expediente escrito, se divide el Ministerio Público Fiscal y Pupilar actual en dos, de Acusación y de Defensa, cada una con su propia ‘cabeza’. Además, se forman los colegios de fiscales, de jueces, y oficinas de gestión”, afirmó el oficialista en una nota reciente. Y anticipó que, debido a la magnitud de los cambios, la normativa entraría en vigencia en 2017.
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