Hay 23 denuncias diarias por violencia de género en Tucumán

“No estamos acompañando a las víctimas”, reconoció la fiscala Adriana Giannoni. Lanzó esa reflexión luego de analizar el caso de Claudia Lizárraga, la mujer que fue asesinada por su ex pareja, a quien denunció durante más de 18 años por los castigos físicos y psicológicos que recibió en todo ese tiempo. “Me desvela pensar cuántas ‘Lizárragas’ tendrán que padecer hasta que los organismos responsables dicten políticas diferenciadas con perspectivas de género que faciliten no sólo el acceso, sino el camino a lo largo del proceso de las víctimas de violencia de género”, agregó.

Tapada por una pila de expedientes, Giannoni justifica sus palabras con las estadísticas que ella ordena a su personal llevar anualmente. En el último turno de 12 días, abrió 283 causas (unas 23 por cada 24 horas), de las cuales 33 fueron radicadas en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), 53 en el Centro de Orientación de Violencia Familiar de la Policía y 197 en diferentes dependencias policiales del ámbito del Centro Judicial Capital. De estas últimas, se archivan 147. “Esos números son preocupantes, pero son sólo una parte de la realidad, puesto que este es un relevamiento parcial que sólo se hace en esta fiscalía”, explicó en una charla con LA GACETA.

- ¿Al final se archivan más de la mitad de las denuncias?

- Sí y es porque las víctimas no vienen a ratificar las denuncias y el sistema carece de gabinetes y medios para continuar con la investigación. La meta de la fiscalía es disminuir mes a mes esa enorme cantidad de causas sin respuesta.

- ¿Qué opina del caso Lizárraga?

- Es la fotografía de lo que se hace mal en la Policía y en la Justicia. Es la historia de una mujer que clamó durante años por protección, no se la dimos y terminó siendo asesinada por el hombre que hizo de su vida un infierno. Es increíble que ella nunca haya encontrado una respuesta.

- ¿Tan mal está el sistema?

- Podemos dar respuestas con medidas cautelares, como medidas de protección o exclusiones del hogar, pero nada más. No podemos acompañar a la víctima en todo este proceso. No hay consignas policiales en resguardo de las víctimas. Los efectivos están prestando servicios adicionales en fiambrerías, bancos, cibers y no protegiendo víctimas. Son cosas que se necesita revisar cuanto antes.

- ¿Por qué se llegó a esta situación?

- No hay dudas de que los actores no están sensibilizados para atender estos casos y tampoco contamos con las herramientas para hacerlo. La OVD y la oficina especializada de la Policía son importantes, pero no hay un trabajo coordinado. Existe otra realidad: según la escuela alemana, debería haber un fiscal cada 100.000 habitantes, por lo que Tucumán tendrían que tener más 100, pero hay 17. Se debe capacitar a los policías y a los empleados judiciales para que la violencia de género no sea tratada como un delito más.

- ¿Cuál es el camino?

- Hay que mirar lo que está ocurriendo en otras provincias, donde hay fiscalías especializadas con jueces que se dedican a atender únicamente los casos de violencia de género. Cada oficina cuenta con psicólogos y asistentes sociales para atender a las víctimas. Tenemos los profesionales del Poder Judicial que tienen que atender todo. Es imposible dar respuestas así. Es imperioso la creación de fiscalías y juzgados especializadas en violencia de género cuenten con gabinetes de psicología y asistentes sociales.

- ¿Y con respecto a las víctimas?

- Se debe cambiar el paradigma de la prueba. La víctima es el peor testigo. Pretendemos hacerla declarar cosas que ella quiere olvidar rápidamente. Esa postura, para algunos, deja un halo de incredulidad, pero hay que ponerse en su lugar. A la hora de investigar se debe buscar indicios en otros lados. Los antecedentes, el testimonio de vecinos y familiares, por sólo citar algunos. Hay que buscar elementos en otros lugares, como los operadores de la salud.

- ¿Por qué?

- Porque las mujeres que son víctimas de violencia de género si no pueden hacer la denuncia por temor o porque son amenazadas por los que la someten, pueden ser atendidas en los Caps por las lesiones que sufrieron en los ataques. Desde allí se puede dar aviso a los actores para que las protejan. Eso se hizo con los abusos infantiles y dio muy buenos resultados. Son los médicos los que alertan a las autoridades cuando detectan casos en sus lugares de trabajo. Con este tipo de delito debe pasar exactamente lo mismo, pero hay que prepararlos.

- Llevará un tiempo implementar eso. ¿Qué debería hacerse mientras tanto?

- En primer lugar, capacitar a todos los actores para que estén sensibilizados cuando una víctima decida realizar la denuncia y no sienta este proceso como un calvario. Después, crear un protocolo de actuación para que la Policía y la Justicia actúen siempre de la misma manera.

-¿Está preocupada por esta problemática?

- Por supuesto. Estoy muy preocupada por esas 147 mujeres cuyos casos quedaron archivados por no haber recibido una respuesta. Me desvela pensar que esas mujeres pueden tener el mismo destino que Lizárraga.