Por LA GACETA
14 Noviembre 2016
Una serie de procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales lograron asestar varios golpes al narcotráfico, con una contundencia operativa que realmente sorprendió.
Es que el accionar de la Policía provincial, la política de seguridad del Gobierno tucumano y la intervención de la justicia respecto de la problemática del narcotráfico en Tucumán estaba -y aun está- bajo rechazo y la presión crítica de grandes sectores vecinales: desde las redes sociales, a través de cartas de lectores a nuestro diario, en la cotidianidad familiar y también la opinión de los expertos dan cuenta de que la prestación del servicio de seguridad registra asignaturas pendientes difíciles de aceptar y, menos, de entender. La crónica policial de los últimos meses no ha hecho más que corroborar el crecimiento de las actividades del narcotráfico, las ventas del narcomenudeo y la participación activas de bandas y comercializadores de drogas en lugares y espacios bastantes conocidos y verificables -especialmente en algunas barriadas de San Miguel de Tucumán- sobre los que la fuerza policial no había mostrado su capacidad de represión. Habría que recordar las movilizaciones de vecinos en señales de protestas contra comisarías y sedes gubernamentales ante la mínima eficacia que mostraba la reacción policial llevada a cabo contra individuos señalados como jefes de las organizaciones de narcotraficantes en barrios de la capital tucumana, a los que finalmente se los detuvo y decomisaron elementos y pruebas comprometedoras de sus actividades ilegales. Finalmente, en operativos precisos en diversos barrios de nuestra capital -el último donde se incautó 150 kilos de marihuana y 15 kilos de cocaína se hicieron más de 20 allanamientos- se advirtió lo que podría considerarse como un replanteo general y estratégico en la lucha contra el narcotráfico: intervinieron efectivos especializados en el combate del narcotráfico de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Policía Aeroportuaria y de la Policía de Tucumán para desbaratar a grupos que asolaban desde hace tiempo a barriadas enteras y comercializaban grandes cantidades de estupefacientes. Con estos golpes realizados al narcotráfico en la provincia quedó al descubierto que estos grupos tenían ramificaciones nacionales, un sistema de venta y entrega de la droga con diferentes organizaciones, decenas de personas involucradas y contactos con el mundo de la política. Por caso, aun está fresca la crónica que reveló que tras la detención de Julio Trayán, la Policía Federal descubrió la conexión que permitió el secuestro en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, de unos 4.000 litros de precursores químicos, uno de los principales componentes utilizados para la “cocción” de cocaína.
Estos grandes operativos coordinados por todas las jurisdicciones policiales y competencias territoriales deberían ser parte central de la política de seguridad renovada que amplios sectores de la sociedad vienen reclamando. Con evidencias palmarias de que la lucha contra este dramático flagelo de la delincuencia reclama múltiples compromisos y desafíos políticos y sociales de los gobiernos en la atención de sus causales y consecuencias, esta contundencia demostrada por las fuerzas de seguridad, en particular las de sus divisiones especializadas en las drogas peligrosas, junto a la justicia, debe ser motivo de reconocimiento.
Es que el accionar de la Policía provincial, la política de seguridad del Gobierno tucumano y la intervención de la justicia respecto de la problemática del narcotráfico en Tucumán estaba -y aun está- bajo rechazo y la presión crítica de grandes sectores vecinales: desde las redes sociales, a través de cartas de lectores a nuestro diario, en la cotidianidad familiar y también la opinión de los expertos dan cuenta de que la prestación del servicio de seguridad registra asignaturas pendientes difíciles de aceptar y, menos, de entender. La crónica policial de los últimos meses no ha hecho más que corroborar el crecimiento de las actividades del narcotráfico, las ventas del narcomenudeo y la participación activas de bandas y comercializadores de drogas en lugares y espacios bastantes conocidos y verificables -especialmente en algunas barriadas de San Miguel de Tucumán- sobre los que la fuerza policial no había mostrado su capacidad de represión. Habría que recordar las movilizaciones de vecinos en señales de protestas contra comisarías y sedes gubernamentales ante la mínima eficacia que mostraba la reacción policial llevada a cabo contra individuos señalados como jefes de las organizaciones de narcotraficantes en barrios de la capital tucumana, a los que finalmente se los detuvo y decomisaron elementos y pruebas comprometedoras de sus actividades ilegales. Finalmente, en operativos precisos en diversos barrios de nuestra capital -el último donde se incautó 150 kilos de marihuana y 15 kilos de cocaína se hicieron más de 20 allanamientos- se advirtió lo que podría considerarse como un replanteo general y estratégico en la lucha contra el narcotráfico: intervinieron efectivos especializados en el combate del narcotráfico de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Policía Aeroportuaria y de la Policía de Tucumán para desbaratar a grupos que asolaban desde hace tiempo a barriadas enteras y comercializaban grandes cantidades de estupefacientes. Con estos golpes realizados al narcotráfico en la provincia quedó al descubierto que estos grupos tenían ramificaciones nacionales, un sistema de venta y entrega de la droga con diferentes organizaciones, decenas de personas involucradas y contactos con el mundo de la política. Por caso, aun está fresca la crónica que reveló que tras la detención de Julio Trayán, la Policía Federal descubrió la conexión que permitió el secuestro en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, de unos 4.000 litros de precursores químicos, uno de los principales componentes utilizados para la “cocción” de cocaína.
Estos grandes operativos coordinados por todas las jurisdicciones policiales y competencias territoriales deberían ser parte central de la política de seguridad renovada que amplios sectores de la sociedad vienen reclamando. Con evidencias palmarias de que la lucha contra este dramático flagelo de la delincuencia reclama múltiples compromisos y desafíos políticos y sociales de los gobiernos en la atención de sus causales y consecuencias, esta contundencia demostrada por las fuerzas de seguridad, en particular las de sus divisiones especializadas en las drogas peligrosas, junto a la justicia, debe ser motivo de reconocimiento.
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