Abogados de la capital dicen que la Anses minimiza su tarea profesional

“Defendemos la libertad de los jubilados de elegir los profesionales y la de (los letrados) de pactar los honorarios”. El presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse, explicó algunos de los argumentos por los que rechazan el modo como se puso en práctica el programa nacional de Reparación Histórica, que prevé aumentos jubilatorios. Cuestionan que la Anses haya fijado los honorarios de los profesionales que intervendrán y la campaña informativa que muestra el trámite como sencillo y el rol del abogado, como prescindible. Criticaron también el convenio entre la Anses y la Defensoría del Pueblo para la habilitación de un registro de letrados, cuyos honorarios serán pagados por el organismo previsional (fjados en $1.141). Al acuerdo sí lo rubricó el Colegio de Abogados del Sur.

La ley de Reparación prevé un aumento del 40% -en promedio- para 2,4 millones de pasivos que le ganaron juicios al Estado por liquidaciones incorrectas o que iniciaron procesos. Los jubilados deben sellar un acuerdo con la Anses, asesorados por un abogado. El trato debe ser luego homologado por un juez federal.

“Se está desinformando. Están presentando la gestión del abogado como prescindible”, explicó García Posse preocupado. Afirmó que la Anses pretende imponer un monto que no condice con las necesidades de los letrados locales. “Fue acordado con el Colegio de Capital Federal. En $1.142 están todos los gastos. En Capital tienen un bono de $100 y no tienen régimen previsional. Aquí sí, y hay que pagar un aporte inicial y el 18% de honorarios. En Tucumán les quedarán unos $500 a los abogados. La Anses no quiere discutir, quiere imponernos”, lamentó.

Unas 10 entidades -sobre 100 del país- avalaron el convenio. “Los colegios más grandes no firmamos. No es un capricho. Donde no firmamos, hicieron acuerdos con las Defensorías. No tiene capacidad y dudo de que en sus cometidos legales pueda abrir un registro. Les están mintiendo a los jubilados. Nadie puede garantizar que los abogados no cobren”, consignó. Adelantó que analizan hacer una acción judicial.

Abogadas de la comisión de Derecho Provisional del Colegio explicaron la complejidad de su trabajo y la necesidad de que sea llevado adelante por especialistas. Mercedes Álvarez consideró que el trabajo se toma livianamente. “No es solamente ir, acompañar al beneficiario y dejar una huella (digital). Se hace un seguimiento y se evalúa si le conviene o si los índices se aplican correctamente. También hay contención”, consideró. María José Manes observó que gran parte del programa es digital y que deben verificar que los datos estén en orden. “No queremos que se siga desprestigiando el trabajo. Hay muchas fallas en el sistema y tenemos que resolverlas”, sostuvo. Claudia Bustamante explicó, por ejemplo, el caso de una clienta de 90 años que debía cobrar este mes y el sistema la “confundió” con un beneficiario de La Pampa y la señora no pudo cobrar. Carla de la Rosa subrayó que si bien el procedimiento comienza en la Anses, sigue en los Tribunales. “Anses está pasando por alto la opinión del juez. Si el juez nos llama, tendremos que apersonarnos”, afirmó. “Nos pasa en muchos casos que los beneficios fueron aceptados por nietitos o gente del cyber. ¿Dónde está la protección de ese derecho del jubilado? El beneficiario tiene derecho a tener un asesoramiento idóneo”, expresó Julia Chara. Carolina Gril Brufau afirmó que la información confundió a los interesados y que esto entorpece la labor de los profesionales. “Deben escuchar la voz de quienes vivimos de la profesión”, consignó.