La Provincia no paga por el alquiler de un local desde hace ya cuatro años

El contrato de alquiler del local donde se alojan los detenidos con permisos extramuros venció en 2012, pero el pabellón que depende de la Cárcel de Villa Urquiza continúa albergando a presos en ese sitio.

“Son más de tres años de deuda, que está por encima de los $ 300.000. No me pagan, pero tampoco desalojan el lugar que está ocupado pero sin contrato”, reclamó Osvaldo Sorane, propietario de la construcción de la polémica. Desde el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad reconocieron a LA GACETA que se trata de un problema administrativo, y aseguraron una pronta resolución al conflicto, que ya está próximo a cumplir los cuatro años.

El centro de la controversia es una construcción en Avenida República del Líbano 1.996, de 250 metros cuadrados, donde duermen alrededor de 30 internos del sistema carcelario que gozan del régimen de semilibertad. Sorane comentó que ganó en 2006 una licitación de la Dirección de Institutos Penales de la provincia.

Licitación

“Cuando le alquilo la primera vez era para el Departamento de Provisión de Institutos Penales; no sabía que irían presos ahí. Por suerte los pocos vecinos que tiene la cuadra no hicieron problemas”, comenzó el relato Sorane.

Siguiendo con la narración, ese contrato venció en 2009, y firmaron una renovación hasta 2012. La extensión contractual finalizó en diciembre de 2012, y el último alquiler mensual fue por $ 5.000. “Nuevamente figuraba una cláusula para la extensión hasta octubre de 2015, pero nunca se firmó. El nuevo contrato fijaba el monto mensual en $7.000. Desde ahí comenzó el peregrinar por diferentes oficinas públicas. Pasó a Fiscalía de Estado, pero el problema es que me quieren reconocer la deuda a razón de un alquiler mensual de $ 5.000. Hasta ahora la deuda, con dos cláusulas actualizadas, alcanzaría los $340.000, pero todavía no está fijada. Lo que parece es que nadie quiere hacerse responsable. Notifiqué de la situación por carta documento y presenté escritos hasta al gobernador, Juan Manzur, pero no hubo avances. Pasó un año del vencimiento de la hipotética renovación de contrato y no me pagan ni se desocupa el local”, reclamó Sorane. Según uno de las últimos movimientos de la copia del expediente en poder de Sorane, hasta abril de 2015, la deuda efectivamente alcanzaba los $ 343.000.

El subsecretario de Seguridad de la Provincia, César Nieva, reconoció a través de una llamada telefónica con LA GACETA la deuda que el Estado mantiene con el propietario de ese local. El funcionario del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad encabezado por Regino Amado explicó que está en contacto con Sorane y que esperan que el expediente se solucione. Sin embargo, restó responsabilidad a la Provincia y argumentó que se trata de una complejidad por normas administrativas.

Protesta vecinal

“Hay un expediente de convalidación de pago por el alquiler al señor Sorane. En 2012 se hizo una licitación para alquilar un nuevo local para la unidad de los detenidos con beneficio extramuros. El local de Sorane iba a ser desalojado porque no ganó la licitación y se estaba por trasladar la unidad al local de otro adjudicatario. Tuvimos una situación particular: cuando comenzamos el traslado a la nueva locación los vecinos del barrio protestaron. La medida se prolongó y nos impidió ocupar el lugar que había ganado la licitación, por lo que volvimos, con el consentimiento de Sorane, a ocupar provisoriamente el mismo lugar hasta que se pudiera solucionar el problema. El motivo del conflicto era que a la gente no le agrada la idea de que condenados vivan cerca de ellos en el nuevo barrio. Se iba a firmar un convenio para que las partes mantengan las condiciones de alojamiento, pero ese contrato de alquiler debe estar dentro de una licitación pública. Al caer la licitación también ese contrato que tenía Sorane no estaba convalidado”, detalló Nieva.

Nieva insistió en que la situación se solucionará en el corto plazo. Explicó que el expediente actualmente se encuentra en la etapa de recálculo de deuda. “Es una cuestión que se dio... no es una responsabilidad del Estado. Se generó una particularidad a partir de esa situación por la cual no pudimos ocupar la nueva sede, que había sido seleccionada por licitación. A partir de ahí y hasta la fecha se generó una falta de pago porque no se ponían de acuerdo sobre la posibilidad de contratar o no bajo una norma que no sea una licitación. Todo se solucionó con un expediente de cobro, que es lo que reclama Sorane. Ese expediente cuenta ahora con el dictamen favorable de Fiscalía de Estado. Hay que pagarle a Sorane. Él solicita que se renueve el contrato, pero eso no lo puedo definir porque deberíamos llamar nuevamente a una licitación y él deberá presentarse”, argumentó Nieva.

Sorane, finalmente, dijo: “veo que se discute la cuestión carcelaria y esto también es una irregularidad. Se está causando un tremendo daño por morosidad. Me gustaría poder comentarle la situación personalmente al gobernador”.