12 Diciembre 2016
Luego de la denuncia que realizó Susana Trimarco, como presidenta de la Fundación Marita Verón, en la Unidad de Información Financiera, y de meses de investigación, el juez Federal N° 2 Fernando Poviña pidió que sean enjuiciados Rubén "La Chancha" y Ángel "El Mono" Ale, líderes del denominado “Clan Ale”. También están acusadas otras 14 personas por los cargos de lavado de activos, asociación ilícita, evasión impositiva, presunta producción y comercialización de estupefacientes, cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros ajenos a éste y tenencia ilegítimas de armas de fuego.
Sobre “El Mono” pesa la acusación de haber constituido la sociedad “Point Limits SRL”, cuyo objeto principal serían los juegos de azar y también se dedicaría a la explotación de azúcar y otros servicios agropecuarios. En relación con “La Chancha”, habría creado la empresa de remises “Cinco Estrellas”, para luego dedicarse al gerenciamiento del club San Martín junto a su entonces esposa, María Jesús Rivero -también imputada-. Además, Poviña, los vinculó al negocio de la prostitución, las bailantas y al tráfico de estupefacientes.
La Unidad de Investigaciones Financieras investigó el caso y por decisión de su entonces presidente, Guillermo Sbatella, se dio curso a la investigación. Se estima que el grupo manejó de manera ilegal unos $ 63 millones entre 2002 y 2013.
Sobre “El Mono” pesa la acusación de haber constituido la sociedad “Point Limits SRL”, cuyo objeto principal serían los juegos de azar y también se dedicaría a la explotación de azúcar y otros servicios agropecuarios. En relación con “La Chancha”, habría creado la empresa de remises “Cinco Estrellas”, para luego dedicarse al gerenciamiento del club San Martín junto a su entonces esposa, María Jesús Rivero -también imputada-. Además, Poviña, los vinculó al negocio de la prostitución, las bailantas y al tráfico de estupefacientes.
La Unidad de Investigaciones Financieras investigó el caso y por decisión de su entonces presidente, Guillermo Sbatella, se dio curso a la investigación. Se estima que el grupo manejó de manera ilegal unos $ 63 millones entre 2002 y 2013.
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