Hicieron falta dos camiones para el traslado de las pruebas del debate por la causa “Clan Ale” al TO

El “Clan Ale” no podría haber sostenido sus actividades presuntamente delictivas durante casi tres décadas sin una red de protección tejida sobre hilos que se tendían en la Justicia, el poder político y las fuerzas de seguridad. Esa es una de las caras de la causa que se traslucirá durante el juicio inédito que comenzará esta tarde en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. Al menos, así lo sospecha el fiscal federal Pablo Camuña, quien actuará junto al fiscal Agustín Chit (ad hoc) en representación del Ministerio Público Fiscal.

El caso llevará a la sala de audiencias a quienes serían las cabezas del grupo, Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale y a otras figuras de su entorno como María Jesús Rivero (ex esposa de Rubén) y Roberto Dilascio (presidente de la gerenciadora de San Martín). Los imputados suman 16.

La médula del proceso, explicaron Camuña y Chit, es probar que la supuesta banda lavó dinero que provendría de delitos precedentes. Las actividades mediante las que se habría conseguido la plata -como la producción y venta de drogas o el cobro extorsivo de acreencias- serán abordadas, pero no juzgadas, advirtieron.

“El juicio es histórico por lo que significa que un grupo de aparente larga trayectoria delictiva sea enjuiciado. Y, desde el punto de vista jurídico, es el mayor debate en Argentina por lavado de activos de origen delictivo. En los cinco años que tiene de vigencia la ley (conocida como ‘Ley Antilavado’), suman 12 las condenas”, subrayó Camuña. Chit añadió que en un solo debate se superará entonces la cantidad de enjuiciados por este tipo de delito, según datos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De hecho, 14 de los 16 imputados están en el banquillo por esa actividad ilegal.

Protección

¿El grupo tenía protección judicial o política? “No hay posibilidad de mantenerse en una posible actividad ilícita tanto tiempo sin tener esa vinculación. Una etapa natural de cualquier organización criminal es generar vínculos que le garanticen continuar con su negocio. Hay un momento en la evolución criminal en la que los necesitan”, expresó Camuña. Chit consignó que hay testimonios y documentación que refieren al sistema político y al judicial y a la Policía provincial y la Gendarmería: “en la macrocriminalidad aparecen (estos vínculos) constantemente. No hay red de esta magnitud si no es mediante esos lazos. Hay un policía imputado (Hernán Lazarte). Por eso pedimos que la Policía no intervenga en la citación de testigos”.

Camuña destacó que entre las pruebas clave están informes contables obtenidos en los allanamientos, pericias, escuchas y testigos reservados. “Es un cuadro probatorio extenso. Hay que saber leerlo para ver qué nos dice sobre el grupo”, expresó. Chit agregó que requirieron prueba, más allá de la que venía de la etapa de instrucción que estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Brito. Dos camiones con documentación transportaron los papeles reunidos hasta el TOF. Aseguró que requirieron informes a provincias vecinas. “Consideramos que el derrotero delictivo de la banda tenía que tener un impacto judicial. A partir de los informes determinamos que, sólo en Tucumán, los imputados tienen 66 causas en trámite en la justicia provincial y seis en la federal”, puntualizó Camuña. Las denuncias son por una amplia diversidad de delitos como amenazas, lesiones y usurpaciones. Al ser consultado sobre las defensas que plantearon que la causa era política, rechazó esa postura. “Me parece que, en concreto, se refieren a (Susana) Trimarco y la Fundación, que no son querellantes. La denuncia es sólo el detonante del expediente. Es una investigación judicial como cualquier otra. Sí hubo un respaldo institucional importante y se justifica por el volumen de la causa. Es una afirmación temeraria y orientada a buscar un escape general a una causa que tiene solidez”, concluyó.

RADIOGRAFÍA DEL “CLAN ALE”

Rubén "La Chancha" Ale, Ángel "El Mono" Ale, María Jesús Rivero

Los tres están sospechados de dirigir una asociación ilícita que habría cometido en el período 2002/13, entre otros delitos, lavado de activos, extorsión y cobro de acreencias propias y de terceros. También son sospechosos de estar vinculados a una red de trata con fines de explotación sexual

Tres mujeres fueron procesadas por lavado de activos al haber prestado sus nombres para diferentes negocios que inició Ale.

María Florencia Cuño: es la actual pareja de “La Chancha”. Tiene a su nombre la remisería Cinco Estrellas y varios autos y propiedades que serían de Ale.

Valeria Fernanda Bestán: es la ex pareja de Rubén. Se sospecha que es titular de bienes de “La Chancha” y que por pedido de este administró “La Boutique” del “Santo” cuando Ale era presidente de San Martín.

Julia Esther Picone: esposa de Fabián González, aparece como propietaria de la empresa Transporte Leonel que sería de “La Chancha”.

Fabián González: Es considerado la mano derecha de “La Chancha”. Fue tesorero de San Martín y aparece como dueño de la firma Transportadora Leonel, que sería de Ale.

Roberto Dilascio: Pareja de María Jesús Rivero, figuró como titular de la Gerenciadora del NOA, que en realidad habría pertenecido a “La Chancha”.

Víctor Suárez: Tendría a su nombre autos y propiedades de Rubén. Fue vocal del “santo” y concesionario de la cantina del complejo de San Martín.

Una audiencia se realizará por semana. Serían los miércoles.

Seis meses duraría el juicio según estimaron todas las partes.

Los investigadores creen que los integrantes de la organización cumplían diferentes roles. Entre ellos se destacan:

Hernán Lazarte, como policía en actividad, habría sido quien le aportaba información al grupo.

Habrían cumplido la función de cobradores Sergio Parrado, Ernesto Catulo, César Manca y Carlos Ocampos. 

Enrique Chanampa y José Augusto Lucero formarían parte del grupo y su función habría sido la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Sobre el ex DT de San Martín
El fiscal afirmó que Roldán está mencionadoen la causa, pero que no será citado
El fiscal Pablo Camuña confirmó que el ex DT de San Martín, Carlos Roldán, figura nombrado en la causa. Esto no implica, explicó, que vaya a ser citado. “Está mencionado en el requerimiento de elevación a juicio. Es imposible para nosotros citarlo como testigo, porque sería para hacerle preguntas como imputado y eso es desleal, procesalmente hablando”, consignó. Advirtió que las pruebas suelen duplicarse en el juicio. No descartó que se produzca material para nuevas investigaciones. Roldán está mencionado en la resolución de elevación a juicio contra el “Clan Ale” firmada por el juez Fernando Poviña como supuesto socio de la imputada María Jesús Rivero en un hotel en Carlos Paz. Además, figura en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Brito en base a la documentación de la UIF. Un testigo reservado declaró que el entrenador habría actuado como nexo para articular, supuestamente, el traslado de mujeres a Catamarca para su explotación sexual.

Rechazado
El tribunal desistió de escuchar al ex gobernador Julio Miranda como Testigo
Los jueces que llevarán adelante el juicio contra el “Clan Ale”, María Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, informaron ayer a las partes que desistirán del testimonio del ex gobernador de Tucumán Julio Miranda como testigo en el caso. Hasta ahora, fue el único rechazado. Según señalaron, su declaración resultará “superabundante”, teniendo en cuenta que se solicitó al PE que envíe como prueba el convenio que Miranda firmó con el gremio de ARUT (Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán) para que los choferes cooperaran con la seguridad. LA GACETA consultó al abogado que lo citó, Carlos Varela Soria (defensor de María Jesús Rivero), y este respondió que “vamos a hacer los trámites para que, cuando avance el juicio, pueda ser citado porque su declaración puede ser muy rica para descubrir la verdad, que es lo que le importa a esta defensa. El documento no llegó aún... ¿qué pasa si se traspapeló, o si el convenio no es hallado?”.