15 Enero 2017
Rueff fue un destacado economista francés que, en 1958, bajo la presidencia de Charles de Gaulle, lideró el comité de expertos que ayudó a sacar a Francia de una de sus peores crisis monetarias y financieras. Días antes de su muerte, en 1978, un empresario argentino apasionado por el pensamiento liberal lo visitó en su departamento de la rue de Varennes, en París, y lo consultó sobre la inflación, a lo que Rueff le respondió: “Es mucho más fácil subirse a un tigre que bajarse de él”. Y antes de despedir a su visitante, le regaló una reflexión sobre el gradualismo: “No existe el llanto sin lágrimas”.
Una de las mayores críticas formuladas a Mauricio Macri en su primer año de gestión es que su proclamado gradualismo para resolver los desequilibrios fiscales se transformó en inacción. El exitoso blanqueo ayudó de modo formidable a alcanzar las modestas metas fiscales que se fijó el Gobierno para 2016. Pero desde la propia consultora Economía y Regiones (E&R), fundada años atrás por el actual ministro Rogelio Frigerio, se ha advertido que los ingresos por el blanqueo no sólo son transitorios, sino que están destinados a financiar un gasto permanente y creciente, como la reparación histórica a los jubilados, por lo que su impacto positivo sobre el déficit fiscal terminará licuándose. En coincidencia con otros economistas, desde esta consultora se explica que la economía no crece como consecuencia de un excesivo gasto estatal que, al ser cubierto en parte con mayores impuestos, termina reemplazando al consumo y a la inversión del sector privado.
Reestructurar el Estado
Durante su primer año, el gobierno macrista pareció mostrarse temeroso de bajar el gasto al imaginar que esto reduciría aún más la actividad económica. Y también exhibió temor a bajar más los impuestos al suponer que esto agrandaría el déficit fiscal. Para este año, el flamante ministro de Finanzas, Luis Caputo, planea endeudar al país en 40.000 millones de dólares. La pregunta de economistas como Roberto Cachanosky es si no sería preferible tomar deuda para reestructurar el Estado antes que para mantener un Estado ineficiente.
En las últimas semanas, Macri se esforzó por brindar señales sobre su aparente obsesión por bajar costos. El acuerdo con empresarios y gremialistas petroleros tendiente a flexibilizar las condiciones de trabajo para apuntalar las inversiones en Vaca Muerta fue presentado como un revolucionario punto de partida para otras actividades, como la construcción, el sector lechero o la industria fueguina de electrodomésticos. Como en otras ocasiones, el Presidente lanza globos de ensayo para tantear a los actores y después negociar. Unos días antes, el Gobierno insinuó una iniciativa para que los beneficiarios de planes sociales pudieran ser contratados por empresas privadas a las que se incentivaría con exenciones impositivas, al tiempo que se impulsó un debate sobre el retorno de las pasantías laborales que les puso la piel de gallina a algunos sindicalistas. Finalmente, se anunció un congelamiento de vacantes en el Estado nacional.
El protagonismo que tendría el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en esta última tarea, no deja de ser una señal positiva para quienes están preocupados por el tamaño del sector público. Es que la reforma del Estado requiere funcionarios dispuestos a inmolarse, algo que difícilmente haría un ministro con grandes aspiraciones políticas, como lo era Alfonso Prat-Gay. Al menos por ahora, a Dujovne no se le conocen pretensiones similares.
Medida insuficiente
La voluntad política de congelar el número de empleos públicos es auspiciosa, pero insuficiente. De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, el número de agentes públicos en todo el país supera actualmente los 3,5 millones cuando hacia el año 2001 era de 2,3 millones. El 21% de esos trabajadores se halla en el Estado nacional, el 66% en el nivel provincial y el 13% en los municipios. Los más críticos del Gobierno desde una perspectiva liberal, como los economistas Aldo Abram y Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, objetan que la primera medida de Macri no debió haber sido aumentar el número de ministerios de 15 a 20, sino bajarlo.
Tras su experiencia en el Servicio Civil Británico, Cyril Northcote Parkinson enunció en 1957 lo que se dio en llamar la ley de Parkinson del empleado público. En resumidas líneas, afirma que el Estado se torna más ineficiente cuanto más obeso es, porque la burocracia se sigue creando tareas innecesarias para llenar su tiempo y justificar su presencia, y porque todo funcionario quiere multiplicar el número de sus subordinados.
Un ejemplo
Un diálogo con un empleado que lleva 18 años en el Palacio de Hacienda es revelador de la improductividad del sector público. Relata que, al llegar el kirchnerismo al poder, fue apartado de todo lo que hacía, aunque siguió concurriendo a su oficina. “Nadie me pedía nada y opté por el low profile. Entretanto, me dediqué a mi consultora y a algunas cátedras universitarias”, confiesa. Con el arribo del macrismo, el panorama cambió algo: “Ahora el clima es otro, los funcionarios son mucho más cordiales y siempre saludan. Pero tampoco me piden nada”, aclara. Su caso es el de un gran número de agentes públicos, para quienes el empleo en el Estado es una beca sin mayores contraprestaciones.
La revolución de la productividad de la que ha empezado a hablar Macri debería comenzar por casa, esto es, por el Estado.
Los planes sociales han sido otra importante fuente de gastos para la sociedad que sólo lograron perpetuar a millones de personas en la dependencia del Estado o de aparatos políticos. Su situación ha sido bien descripta por Calvin Helin, un escritor canadiense y aborigen, que a partir de sus estudios sobre las políticas para las comunidades indígenas de su país, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, nos invita a repensar los planes sociales a partir de un conocido proverbio chino: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día; enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Helin revela que, pese a las políticas asistencialistas, que incluyeron la entrega de tierras, dinero, alimentación y salud a los pueblos originarios, en compensación por su antiguo sometimiento, esas comunidades mantuvieron niveles de pobreza e indigencia superiores a la media de sus países, en tanto que su dependencia económica del Estado pasó de generación en generación. Los indígenas norteamericanos tenían, además, la mayor tasa de violencia doméstica y de adicciones al alcohol y las drogas, un 87% más de homicidios, un 60% más de suicidios y un 203% más de accidentes automovilísticos que el promedio de los Estados Unidos.
La autosuficiencia
Los trabajos de Helin plantean la necesidad de trabajar por la autosuficiencia, fomentando la creación de pequeñas empresas y no por la dependencia permanente del Estado. Según el Ministerio de Producción, hay en la Argentina unas 650.000 empresas, de las cuales el 99,5% son microempresas y PyME. Si cada una de éstas pudiese crear en promedio un puesto de trabajo por año, en un solo período presidencial cambiaría el país. La intención del Gobierno de transformar cada plan social en un voucher para convertir a su beneficiario en empleado de una empresa privada que recibiría beneficios impositivos es saludable. ¿Se animará el Presidente a adoptar un plan similar para que una porción de los empleados públicos sea absorbida de la misma forma por el sector privado? Suena utópico en un año electoral en el que nadie quiere resignar populismo. Sin embargo, Macri podría demostrar así que el Estado está pensado para serle útil a la sociedad y no para seguir financiando la actividad política.
Una de las mayores críticas formuladas a Mauricio Macri en su primer año de gestión es que su proclamado gradualismo para resolver los desequilibrios fiscales se transformó en inacción. El exitoso blanqueo ayudó de modo formidable a alcanzar las modestas metas fiscales que se fijó el Gobierno para 2016. Pero desde la propia consultora Economía y Regiones (E&R), fundada años atrás por el actual ministro Rogelio Frigerio, se ha advertido que los ingresos por el blanqueo no sólo son transitorios, sino que están destinados a financiar un gasto permanente y creciente, como la reparación histórica a los jubilados, por lo que su impacto positivo sobre el déficit fiscal terminará licuándose. En coincidencia con otros economistas, desde esta consultora se explica que la economía no crece como consecuencia de un excesivo gasto estatal que, al ser cubierto en parte con mayores impuestos, termina reemplazando al consumo y a la inversión del sector privado.
Reestructurar el Estado
Durante su primer año, el gobierno macrista pareció mostrarse temeroso de bajar el gasto al imaginar que esto reduciría aún más la actividad económica. Y también exhibió temor a bajar más los impuestos al suponer que esto agrandaría el déficit fiscal. Para este año, el flamante ministro de Finanzas, Luis Caputo, planea endeudar al país en 40.000 millones de dólares. La pregunta de economistas como Roberto Cachanosky es si no sería preferible tomar deuda para reestructurar el Estado antes que para mantener un Estado ineficiente.
En las últimas semanas, Macri se esforzó por brindar señales sobre su aparente obsesión por bajar costos. El acuerdo con empresarios y gremialistas petroleros tendiente a flexibilizar las condiciones de trabajo para apuntalar las inversiones en Vaca Muerta fue presentado como un revolucionario punto de partida para otras actividades, como la construcción, el sector lechero o la industria fueguina de electrodomésticos. Como en otras ocasiones, el Presidente lanza globos de ensayo para tantear a los actores y después negociar. Unos días antes, el Gobierno insinuó una iniciativa para que los beneficiarios de planes sociales pudieran ser contratados por empresas privadas a las que se incentivaría con exenciones impositivas, al tiempo que se impulsó un debate sobre el retorno de las pasantías laborales que les puso la piel de gallina a algunos sindicalistas. Finalmente, se anunció un congelamiento de vacantes en el Estado nacional.
El protagonismo que tendría el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en esta última tarea, no deja de ser una señal positiva para quienes están preocupados por el tamaño del sector público. Es que la reforma del Estado requiere funcionarios dispuestos a inmolarse, algo que difícilmente haría un ministro con grandes aspiraciones políticas, como lo era Alfonso Prat-Gay. Al menos por ahora, a Dujovne no se le conocen pretensiones similares.
Medida insuficiente
La voluntad política de congelar el número de empleos públicos es auspiciosa, pero insuficiente. De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, el número de agentes públicos en todo el país supera actualmente los 3,5 millones cuando hacia el año 2001 era de 2,3 millones. El 21% de esos trabajadores se halla en el Estado nacional, el 66% en el nivel provincial y el 13% en los municipios. Los más críticos del Gobierno desde una perspectiva liberal, como los economistas Aldo Abram y Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, objetan que la primera medida de Macri no debió haber sido aumentar el número de ministerios de 15 a 20, sino bajarlo.
Tras su experiencia en el Servicio Civil Británico, Cyril Northcote Parkinson enunció en 1957 lo que se dio en llamar la ley de Parkinson del empleado público. En resumidas líneas, afirma que el Estado se torna más ineficiente cuanto más obeso es, porque la burocracia se sigue creando tareas innecesarias para llenar su tiempo y justificar su presencia, y porque todo funcionario quiere multiplicar el número de sus subordinados.
Un ejemplo
Un diálogo con un empleado que lleva 18 años en el Palacio de Hacienda es revelador de la improductividad del sector público. Relata que, al llegar el kirchnerismo al poder, fue apartado de todo lo que hacía, aunque siguió concurriendo a su oficina. “Nadie me pedía nada y opté por el low profile. Entretanto, me dediqué a mi consultora y a algunas cátedras universitarias”, confiesa. Con el arribo del macrismo, el panorama cambió algo: “Ahora el clima es otro, los funcionarios son mucho más cordiales y siempre saludan. Pero tampoco me piden nada”, aclara. Su caso es el de un gran número de agentes públicos, para quienes el empleo en el Estado es una beca sin mayores contraprestaciones.
La revolución de la productividad de la que ha empezado a hablar Macri debería comenzar por casa, esto es, por el Estado.
Los planes sociales han sido otra importante fuente de gastos para la sociedad que sólo lograron perpetuar a millones de personas en la dependencia del Estado o de aparatos políticos. Su situación ha sido bien descripta por Calvin Helin, un escritor canadiense y aborigen, que a partir de sus estudios sobre las políticas para las comunidades indígenas de su país, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, nos invita a repensar los planes sociales a partir de un conocido proverbio chino: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día; enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Helin revela que, pese a las políticas asistencialistas, que incluyeron la entrega de tierras, dinero, alimentación y salud a los pueblos originarios, en compensación por su antiguo sometimiento, esas comunidades mantuvieron niveles de pobreza e indigencia superiores a la media de sus países, en tanto que su dependencia económica del Estado pasó de generación en generación. Los indígenas norteamericanos tenían, además, la mayor tasa de violencia doméstica y de adicciones al alcohol y las drogas, un 87% más de homicidios, un 60% más de suicidios y un 203% más de accidentes automovilísticos que el promedio de los Estados Unidos.
La autosuficiencia
Los trabajos de Helin plantean la necesidad de trabajar por la autosuficiencia, fomentando la creación de pequeñas empresas y no por la dependencia permanente del Estado. Según el Ministerio de Producción, hay en la Argentina unas 650.000 empresas, de las cuales el 99,5% son microempresas y PyME. Si cada una de éstas pudiese crear en promedio un puesto de trabajo por año, en un solo período presidencial cambiaría el país. La intención del Gobierno de transformar cada plan social en un voucher para convertir a su beneficiario en empleado de una empresa privada que recibiría beneficios impositivos es saludable. ¿Se animará el Presidente a adoptar un plan similar para que una porción de los empleados públicos sea absorbida de la misma forma por el sector privado? Suena utópico en un año electoral en el que nadie quiere resignar populismo. Sin embargo, Macri podría demostrar así que el Estado está pensado para serle útil a la sociedad y no para seguir financiando la actividad política.
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