24 Enero 2017
PRESO. El empresario fue detenido el 6 de abril del año pasado.
BUENOS AIRES.- La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó ayer un pedido de excarcelación del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez por “la posibilidad” de que “se profugue en caso de que recupere su libertad”, informaron fuentes judiciales.
Báez “tiene relaciones y medios económicos suficientes como para subsistir a espaldas de esta investigación, incluso en el exterior del país en donde contaría con la posibilidad de disponer de cuentas bancarias”, consignó el fallo.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah destacaron “el enorme capital involucrado” en las investigaciones contra el titular de Austral Construcciones SA y consideraron que el “monto total no solo se desconoce, sino que aún se estima que podría hallarse a su disposición”.
También recordaron que Argentina adhirió a las convenciones internacionales contra la corrupción y que las mismas “establecen el compromiso de los Estados partes para aplicar políticas coordinadas y eficaces, la obligación de rendir cuentas así como, en definitiva, combatir la corrupción en todas sus formas”.
Además destacaron que en la causa “se siguen incorporando otros nuevos hechos que amplían la instrucción a la vez que paulatinamente se descubren bienes hasta ahora desconocidos del patrimonio de los integrantes del grupo económico y de sus empresas”.
“Perdura aún la posibilidad concreta que Báez se profugue en caso de que recupere su libertad. Ello así, en razón del enorme capital involucrado cuyo monto total no solo se desconoce, sino que aún se estima que podría hallarse a su disposición”, dijeron los camaristas Irurzun y Farah.
Para ambos jueces esa situación “lleva a considerar que tiene relaciones y medios económicos suficientes como para subsistir a espaldas de esta investigación, incluso en el exterior del país en donde contaría con la posibilidad de disponer de cuentas bancarias”.
“Estos hechos investigados se relacionan con conductas en las que media consenso de la comunidad internacional para considerarlos especialmente graves y así se promueve su prevención y el Estado nacional se ha comprometido a perseguirlas”, remarcaron los jueces en base a la acusación que pesa sobre el empresario.
Báez se encuentra detenido desde abril en la cárcel de Ezeiza, procesado por presunto lavado de dinero e irregularidades en obras públicas.
Su defensa también había pedido la remoción del juez federal Sebastián Casanello, cuestionando la orden de detención que dispuso el funcionario judicial. Frente a ello, la Sala II no hizo lugar al planteo y ratificó la resolución que había desestimado la nulidad de la orden de detención, concretada el 6 de abril pasado cuando Báez arribó en un avión privado al aeropuerto de San Fernando.
El empresario tiene en esta causa un procesamiento firme por supuesto “lavado de dinero” y, a la vez, se encuentra procesado junto a la ex presidenta Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado. A fines de 2016, el juez Julián Ercolini ordenó un embargo por $ 10.000 millones en contra de la ex jefa de Estado. Además de Báez y de Cristina, el magistrado procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros. Se trata de una causa por presunto direccionamiento de las obras públicas en favor del Grupo Austral Construcciones. En esa resolución, que consta de 794 hojas, también se ordenó el procesamiento y embargo de la misma cantidad de dinero a Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor, quien trabajó para De Vido como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y de Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los tres gobiernos kirchneristas.
Báez, finalmente, también está procesado en el juzgado en lo Penal Económico del juez Ezequiel Berón de Astrada por apropiación indebida de recursos de la seguridad social y el magistrado dispuso un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 33 millones. (Télam-DyN-Especial)
Báez “tiene relaciones y medios económicos suficientes como para subsistir a espaldas de esta investigación, incluso en el exterior del país en donde contaría con la posibilidad de disponer de cuentas bancarias”, consignó el fallo.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah destacaron “el enorme capital involucrado” en las investigaciones contra el titular de Austral Construcciones SA y consideraron que el “monto total no solo se desconoce, sino que aún se estima que podría hallarse a su disposición”.
También recordaron que Argentina adhirió a las convenciones internacionales contra la corrupción y que las mismas “establecen el compromiso de los Estados partes para aplicar políticas coordinadas y eficaces, la obligación de rendir cuentas así como, en definitiva, combatir la corrupción en todas sus formas”.
Además destacaron que en la causa “se siguen incorporando otros nuevos hechos que amplían la instrucción a la vez que paulatinamente se descubren bienes hasta ahora desconocidos del patrimonio de los integrantes del grupo económico y de sus empresas”.
“Perdura aún la posibilidad concreta que Báez se profugue en caso de que recupere su libertad. Ello así, en razón del enorme capital involucrado cuyo monto total no solo se desconoce, sino que aún se estima que podría hallarse a su disposición”, dijeron los camaristas Irurzun y Farah.
Para ambos jueces esa situación “lleva a considerar que tiene relaciones y medios económicos suficientes como para subsistir a espaldas de esta investigación, incluso en el exterior del país en donde contaría con la posibilidad de disponer de cuentas bancarias”.
“Estos hechos investigados se relacionan con conductas en las que media consenso de la comunidad internacional para considerarlos especialmente graves y así se promueve su prevención y el Estado nacional se ha comprometido a perseguirlas”, remarcaron los jueces en base a la acusación que pesa sobre el empresario.
Báez se encuentra detenido desde abril en la cárcel de Ezeiza, procesado por presunto lavado de dinero e irregularidades en obras públicas.
Su defensa también había pedido la remoción del juez federal Sebastián Casanello, cuestionando la orden de detención que dispuso el funcionario judicial. Frente a ello, la Sala II no hizo lugar al planteo y ratificó la resolución que había desestimado la nulidad de la orden de detención, concretada el 6 de abril pasado cuando Báez arribó en un avión privado al aeropuerto de San Fernando.
El empresario tiene en esta causa un procesamiento firme por supuesto “lavado de dinero” y, a la vez, se encuentra procesado junto a la ex presidenta Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado. A fines de 2016, el juez Julián Ercolini ordenó un embargo por $ 10.000 millones en contra de la ex jefa de Estado. Además de Báez y de Cristina, el magistrado procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros. Se trata de una causa por presunto direccionamiento de las obras públicas en favor del Grupo Austral Construcciones. En esa resolución, que consta de 794 hojas, también se ordenó el procesamiento y embargo de la misma cantidad de dinero a Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor, quien trabajó para De Vido como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y de Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los tres gobiernos kirchneristas.
Báez, finalmente, también está procesado en el juzgado en lo Penal Económico del juez Ezequiel Berón de Astrada por apropiación indebida de recursos de la seguridad social y el magistrado dispuso un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 33 millones. (Télam-DyN-Especial)
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