Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Con la entrega de las últimas 120 viviendas, la Provincia dio por concluida la urbanización de Manantial Sur y advirtió que recuperará las unidades que no sean habitadas en los plazos fijados. El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) ya detectó más de 30 casas vacías e inició actuaciones administrativas, mientras que en toda la provincia rescindió más de 360 adjudicaciones por falta de pago de cuotas. Tras años de vandalismo y usurpaciones, los vecinos destacan mejoras en la seguridad, el entorno y la circulación.

Melina Lucena, vecina y dueña de un kiosco frente a las viviendas recientemente entregadas, relató los problemas previos a la ocupación completa. “Afortunadamente ya se entregaron todas porque antes el barrio era muy inseguro. De mi kiosco robaron una balanza, a una vecina le robaron la moto. Las casas servían de aguantaderos. La Policía encontró un desarmadero de motos en una de las viviendas”, comentó a LA GACETA. En otras líneas, destacó que la presencia de nuevos habitantes generó “más movimiento, más iluminación y más cuidado entre los propios vecinos”.

René Díaz, residente del barrio Néstor Kirchner, coincidió en que los hechos delictivos eran cotidianos. “Todos los vecinos veíamos en primera fila los robos a las casas. No se llevaron las chapas porque era mucho trabajo, pero sí se llevaron puertas, ventanas, sanitarios y canaletas”. Díaz dijo que la limpieza del descampado y la ocupación de las viviendas generaron un cambio visible: “Mejoró la vista de Manantial Sur, la seguridad y, a medida que se fue poblando, comenzó a crecer el tránsito en avenida Colón”. También reclamó medidas viales: “Pedimos a la Municipalidad que instalen semáforos porque los accidentes se hicieron habituales; en 10 días hubo tres choques”.

Una adjudicataria -que prefirió no dar su nombre- contó que recibió la casa “en condiciones, con todos los servicios en orden”, aunque pidió “más recorrido policial para prevenir hechos aislados”. Aseguró que la espera valió la pena: “Estaban vandalizadas y prácticamente tuvieron que hacerlas de nuevo, hoy agradezco tener mi propio hogar”. Débora Cuello, que recibió su vivienda en agosto, destacó la organización comunitaria: “Alquilé por muchos años y hoy agradezco tener mi casa. Vimos casos de usurpación, fueron puntuales, pero rápidamente dimos aviso a la Policía. Entre todos nos cuidamos y estamos alerta ante movimientos extraños”.

Advertencia

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, destacó que la finalización del megabarrio de 2.500 viviendas fue resultado de una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo. “Al superávit que tiene la provincia, el gobernador Jaldo lo invierte en beneficio de todos los tucumanos y, en este caso, techo propio para la gente. Fue una obra que venía demorada por gestiones anteriores, pero hoy el 100% de las casas de Manantial Sur están entregadas”, afirmó en diálogo con LA GACETA. También señaló el deterioro acumulado durante los años de interrupciones: “En el tiempo de paralización, las viviendas fueron vandalizadas y deterioradas, a algunas les sacaron los tanques y sanitarios, pero era mucho mejor invertir para activarlas que dejarlas olvidadas”.

Finalmente, el ministro dejó un mensaje a los adjudicatarios que aún no se mudaron a sus respectivas viviendas. “Se les da un tiempo para que se acomoden, tal vez tienen que cerrar algún alquiler para mudarse o hacer algunas ampliaciones. El tiempo de espera es de tres o cuatro meses, no más de eso. Luego se hará un relevamiento para ver quién ocupa las casas. Casa que no está ocupada, casa que se va a devolver al Instituto Provincial de la Vivienda. Son lineamientos del gobernador”, enfatizó.

Casas desocupadas

El interventor del IPV, Hugo Cabral, amplió la información sobre los plazos y controles en curso. “Además del plazo de tres meses, los adjudicatarios tienen que cumplir un plazo de ocupación obligatoria de tres años, esto quiere decir que al pasar esos años ya pueden alquilar, transferir e incluso no ocupar la casa. No obstante, estamos trabajando en ampliar el plazo de ocupación obligatoria a cinco años”, señaló. También explicó que actualmente se realiza un seguimiento y monitoreo casa por casa en los barrios recién entregados. “En Manantial Sur hay más de 30 casas desocupadas, en todos los casos iniciamos actuaciones administrativas para recuperarlas”, destacó.

Cabral remarcó que, una vez adjudicadas, el cuidado de las viviendas corre por cuenta del propietario y no de la provincia: “Si hay un intento de usurpación, el trámite corresponde al adjudicatario”.

Sobre la modalidad de reubicaciones desarrollada a lo largo de los 15 años del proyecto, el funcionario remarcó que la entrega tuvo distintas modalidades según los gobiernos y según los criterios de las intervenciones. “Inicialmente las primeras entregas fueron reubicaciones de personas de barrios en zonas de emergencia. Luego, el gobierno firmó contratos con distintos organismos y entidades, entre ellos gremios, y algunos sectores fueron entregados a ellos. Por último, otras viviendas se fueron entregando por situaciones de emergencia”, señaló.

360 casas volvieron al IPV: Cabral explicó de qué manera actúa el organismo cuando detecta irregularidades en las viviendas entregadas

“Cuando detectamos que un adjudicatario no habita la vivienda asignada, le rescindimos por falta de habitabilidad, procedemos a desalojar las cosas que tiene y reasignamos la vivienda”, explicó Hugo Cabral, interventor del IPV. En otras líneas, recordó que en los últimos meses se aplicaron medidas similares por otras causales. “En mis 10 meses de gestión, rescindí más de 360 viviendas en toda la provincia por falta de pago de cuotas”, señaló.

El funcionario destacó además que Manantial Sur seguirá creciendo con nuevas obras. “Ahora la zona se jerarquizará con viviendas del plan Procrear. Estimamos que en octubre del año que viene habrá sectores listos para adjudicar”, afirmó. Actualmente, el IPV tiene 61.000 familias inscriptas y 1.815 viviendas en ejecución, un número que -según Cabral- se sostiene pese al contexto nacional adverso para la construcción.