10 Febrero 2017
LAURA ALONSO. FOTO DE DYN
La Oficina Anticorrupción (OA) comenzó a analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará oficios para "tomar conocimiento del expediente" y solicitar información "a los funcionarios involucrados", y a partir del análisis, "emitir una recomendación" o realizar aportes a la Justicia en su investigación del hecho.
Así lo reveló esta mañana la titular de ese organismo, Laura Alonso, quien señaló que ayer, tras la lectura "atenta" de los dos dictámenes presentados por la fiscal Gabriela Boquín ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, resolvieron "abrir un expediente" debido a la directa alusión que allí hace la representante del Ministerio Público Fiscal a la Ley de Ética Pública y su "presunta violación".
"Obviamente, como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, decidimos abrir un expediente", consignó Alonso en declaraciones a radio Mitre.
De esta forma, el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Estado Nacional -representado por el Ministerio de Comunicaciones- y el Correo Argentino sumó una tercera investigación, dado que, merced a las cuatro denuncias que cosechó ayer el acuerdo en la Justicia Federal, se abrirá una investigación penal, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una por la vía administrativa.
En este sentido, la titular de la Oficina Anticorrupción reveló hoy que, tras leer "atentamente" los dos dictámenes de la fiscal Boquín, el equipo técnico de la OA resolvió "abrir una actuación", con lo cual "se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda, y quizás pedir información a los funcionarios involucrados".
"Como hacemos siempre, lo que haremos es estudiar el caso y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar quizás la Justicia en algún momento, porque entiendo que también se han presentado denuncias penales", aseveró la titular de la OA en la entrevista que concedió esta mañana, según comunicó la agencia Télam.
Allí, defendió el trabajo de la OA al destacar su "solidez técnica", y puso como ejemplo de eso el dictamen emitido en septiembre pasado en el que se le recomendó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que se desprendiera de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc, en el marco de las normas sobre posibles conflictos de intereses.
"Estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente, como ha sucedido con dictámenes anteriores, como el de Aranguren, que fue tan contundente en términos técnicos que no hubo posibilidad siquiera de la más mínima crítica", aseveró Alonso.
En el marco del proceso de homologación del acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino por una deuda originada en el 2001, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial corrió vista a la fiscal general del fuero, Boquín, quien en dos dictámenes objetó ese entendimiento por considerar que se trataba de "una condonación de la deuda" y que, por ende, debía considerarse como "abusivo".
Así lo reveló esta mañana la titular de ese organismo, Laura Alonso, quien señaló que ayer, tras la lectura "atenta" de los dos dictámenes presentados por la fiscal Gabriela Boquín ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, resolvieron "abrir un expediente" debido a la directa alusión que allí hace la representante del Ministerio Público Fiscal a la Ley de Ética Pública y su "presunta violación".
"Obviamente, como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, decidimos abrir un expediente", consignó Alonso en declaraciones a radio Mitre.
De esta forma, el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Estado Nacional -representado por el Ministerio de Comunicaciones- y el Correo Argentino sumó una tercera investigación, dado que, merced a las cuatro denuncias que cosechó ayer el acuerdo en la Justicia Federal, se abrirá una investigación penal, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una por la vía administrativa.
En este sentido, la titular de la Oficina Anticorrupción reveló hoy que, tras leer "atentamente" los dos dictámenes de la fiscal Boquín, el equipo técnico de la OA resolvió "abrir una actuación", con lo cual "se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda, y quizás pedir información a los funcionarios involucrados".
"Como hacemos siempre, lo que haremos es estudiar el caso y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar quizás la Justicia en algún momento, porque entiendo que también se han presentado denuncias penales", aseveró la titular de la OA en la entrevista que concedió esta mañana, según comunicó la agencia Télam.
Allí, defendió el trabajo de la OA al destacar su "solidez técnica", y puso como ejemplo de eso el dictamen emitido en septiembre pasado en el que se le recomendó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que se desprendiera de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc, en el marco de las normas sobre posibles conflictos de intereses.
"Estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente, como ha sucedido con dictámenes anteriores, como el de Aranguren, que fue tan contundente en términos técnicos que no hubo posibilidad siquiera de la más mínima crítica", aseveró Alonso.
En el marco del proceso de homologación del acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino por una deuda originada en el 2001, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial corrió vista a la fiscal general del fuero, Boquín, quien en dos dictámenes objetó ese entendimiento por considerar que se trataba de "una condonación de la deuda" y que, por ende, debía considerarse como "abusivo".
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