Habrá dos ministerios públicos “superpoderosos”

La Legislatura separó al Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa durante una sesión donde abundaron las lamentaciones por la ruptura del clima de consenso y expectativa que había generado el Código Procesal Penal sancionado en octubre. Los legisladores coincidieron en que había que partir el órgano que representa los intereses de la sociedad en la Justicia por medio de las funciones de acusar y de defender, pero otra vez discreparon respecto del formato elegido por el oficialismo y el otorgamiento de “superpoderes” a las cabezas de los respectivos órganos. Por si quedaba alguna duda, el autor de la iniciativa, Marcelo Caponio (FpV) precisó que el actual ministro público Edmundo Jiménez se quedará con la comandancia de los fiscales. El gobernador Juan Manzur ha de elegir al jefe de los defensores con acuerdo de la Legislatura.

Con matices, un sector de la oposición pronosticó que el destino de la ley aprobada ayer era la declaración de inconstitucionalidad. Tantas y tan potentes fueron las críticas que, en el transcurso del debate, el bloque mayoritario declinó la pretensión de que el Gobierno nombre fiscales y defensores generales (coordinadores) en forma discrecional: la norma dispone que las designaciones procederán a partir de los concursos que organiza el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). La concesión fue instada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo y posibilitó la aprobación en general de la ley por 40 votos contra los cinco de los legisladores opositores Eudoro Aráoz, Eduardo Bourlé, Luis Brodersen, José María Canelada y Adela Estofán de Terraf (ver “Jaldo promovió una concesión en el recinto”). En la confusa votación en particular, los opositores que aprobaron el proyecto en general dieron la espalda a algunos cambios y avalaron otros (en particular, la modificación del método de designación de fiscales y defensores regionales). La mayoría se alineó sin fisuras detrás del proyecto que otorga facultades amplísimas a los titulares de los ministerios públicos en cuanto al control del dinero y del personal, potestades que estaban en poder de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Después de negar que el Gobierno estuviese confiriendo la independencia total a Jiménez y su homólogo de la defensa, Caponio dijo: “el único objetivo del nuevo sistema es que no haya impunidad”. Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) retrucó que la iniciativa tal y como había sido planteada iba a conseguir lo contrario, y lamentó que Tucumán, que se había jactado de seguir el modelo procesal penal de Santa Fe, se hubiese apartado de él a la hora de establecer cómo han de elegirse a quienes deben garantizar la independencia y la transparencia:“los ministerios públicos se llenarán de amigos de sus titulares. Ya sabemos cómo nos fue cuando los jueces favorecieron al poder político. Basta con recordar el caso ‘Lebbos’ y la actuación del fiscal Alejandro Noguera”. Canelada (UCR) agregó: “esta es una ley con el nombre y apellido del ex alperovichista Jiménez. Ese funcionario ineficaz ahora será superministro”. Fernando Valdez (UCR) analizó que, mediante esta norma, la Legislatura resolvía a favor de Jiménez los conflictos que este tenía con la Corte Suprema (con esa postura coincidieron los opositores Raúl Albarracín y Alfredo Toscano). “Estamos dándole atribuciones que serán judicializadas porque violentan la Constitución. Avizoro el entorpecimiento de un nuevo proceso penal que implicaba un gran avance”, dijo.

Eudoro Aráoz (UCR) manifestó que Jiménez era el hombre de José Alperovich en la Justicia y que esta ley implicaba avanzar con la cooptación desplegada desde 2003. Mientras los oficialistas Silvia Rojkés y Guillermo Gassenbauer repudiaron la desconfianza y la deslegitimación gratuitas, Bourlé tildó a Jiménez de “nefasto”, y dijo que formaba parte del mismo sector del ex fiscal Guillermo Herrera y del fiscal Washington Navarro Dávila que había hecho mucho daño a la Justicia. “Estamos dando un poder total y absoluto a quienes ponen en riesgo el futuro de los tucumanos”, expresó. Y cuando la mayoría ya pujaba por votar, Caponio tomó la palabra y dijo que para demostrar que no había nada raro ni oculto, aceptaban elegir a los fiscales y defensores regionales por concurso.

Antes  
DESIGNACIONES SIN CONCURSO Y “SUPERPODERES”

El proyecto original del oficialismo otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar en forma discrecional a los fiscales y defensores regionales (coordinadores). La propuesta de partición del Ministerio Público también confería a los respectivos titulares de los órganos de acusación y de la defensa una serie de atribuciones hasta ayer en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. A modo de ejemplo, los ministros públicos podrán nombrar “a dedo” a los fiscales y defensores generales (manos derechas de los titulares) y adjuntos.

DURANTE 
JALDO, CAPONIO Y GASSENBAUER BUSCAN UNA ALTERNATIVA

Cuando promediaba el debate del proyecto de división del Ministerio Público, el vicegobernador Osvaldo Jaldo convocó primero al estrado al autor de la iniciativa, Marcelo Caponio. Después de intercambiar unas palabras -y mientras las bancadas de la oposición seguían enarbolando sus críticas-, el oficialista Guillermo Gassenbauer se unió a la conversación. Segundos más tarde, los legisladores bajaron a hablar con sus pares de la Unión Cívica Radical y del Peronismo para el Bicentenario. Los gestos indicaron que había una negociación.

DESPUÉS 
NOMBRAMIENTOS CON CONCURSO Y VOTACIÓN DESDOBLADA

Los intercambios con la oposición llevaron al oficialista Caponio a rectificar la idea original. El legislador del FpV dijo que, en aras de la transparencia, era posible modificar el método de designación de los fiscales y defensores regionales (“dedo”), y preseleccionar a los ocupantes de los cargos con mandato de ocho años renovable mediante los concursos que organiza el Consejo Asesor de la Magistratura. La opción fue acogida por una parte de la oposición, que votó a favor de la ley en general y disintió con distintos aspectos en particular.