21 Febrero 2017
El Poder Ejecutivo provincial defendió las modificaciones realizadas en el Ministerio Público. La oposición formuló serias críticas a la ley sancionada la semana pasada, que separó el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa. Para defender la iniciativa, tanto el gobernador Juan Manzur como su vice, Osvaldo Jaldo, optaron por destacar la mayoría legislativa que aprobó el proyecto.
La senadora radical Silvia Elías de Pérez fue una de las que alzó su voz en contra de la ley. “El oficialismo puso fin a la independencia de la Justicia. Le dio superpoderes a Edmundo Jiménez, ex funcionario alperovichista”, dijo en referencia al ministro público, que tendrá la suma de las facultades respecto del personal y de los fondos de su órgano. La legisladora Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) también opinó que la medida tendrá efectos negativos. La parlamentaria afirmó que con el sistema adoptado lo que se va a conseguir es más impunidad.
“Es un proyecto que fue muy debatido. Fue votado por una amplia mayoría, 40 legisladores de diferentes espacios y signos políticos”, destacó Manzur. Cuando se le consultó al gobernador por las acusaciones según las cuáles la medida busca restar autonomía a la Justicia, el mandatario respondió lo contrario. “Creo que lo que se busca es fortalecer al Poder Judicial y a su independencia”, declaró.
Jaldo adoptó una actitud similar e hizo referencia a la composición de la Cámara. “La única verdad es la realidad. Esa ley ha sido aprobada no sólo por el oficialismo. Esa ley ha sido aprobada por la mayoría de los espacios políticos que componen el Poder Legislativo, ya que el oficialismo hoy tiene 30 o 31 legisladores y la ley ha sido aprobada por 40”, destacó.
Finalmente, el funcionario recordó que los cambios eran una necesidad legal impuesta por las modificaciones al procedimiento penal aprobadas en octubre. “Lo único que hicimos fue llevar adelante la reforma del Código Procesal Penal, donde se habla del desdoblamiento del Ministerio Público Fiscal, y al hacerlo hay que dotarlo del presupuesto para su funcionamiento, es sentido común”, remarcó.
Por todos los medios
La oposición no da el brazo a torcer y muestra señales de querer agotar todas las vías institucionales para evitar que se materialice lo dispuesto por la norma. Ayer, los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf solicitaron al gobernador que vete la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Los parlamentarios tildaron a la iniciativa de “muy peligrosa”, y opinaron que su contenido es inconstitucional.
“El oficialismo pensó en armar una ley para un amigo, ‘Pirincho’ Jiménez. Se ha creado un superministro que tendrá el poder de poner y sacar fiscales; que no rendirá cuentas, ya que no será auditado ante la Corte, y que tendrá absoluta discrecionalidad en lo funcional y en lo económico”, señaló Canelada, presidente del bloque radical.
Estofán de Terraf también expresó de manera contundente su rechazo a la norma. “Es una ley obscena que convierte a Jiménez en el Superman de la justicia tucumana; él tendrá la facultad de decidir quién y cómo se investiga y, sobre todo, a quién se investiga. Con esto se está cimentando la impunidad en la provincia y reforzando la dependencia del Poder Judicial”, opinó.
Con fundamentos que pretenden apoyar el contenido de sus declaraciones, los parlamentarios presentaron una nota dirigida al titular del Ejecutivo en la que solicitan que haga uso de la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución Provincial. De esta manera, pretenden que el gobernador deje sin efecto la ley sancionada la semana pasada.
La senadora radical Silvia Elías de Pérez fue una de las que alzó su voz en contra de la ley. “El oficialismo puso fin a la independencia de la Justicia. Le dio superpoderes a Edmundo Jiménez, ex funcionario alperovichista”, dijo en referencia al ministro público, que tendrá la suma de las facultades respecto del personal y de los fondos de su órgano. La legisladora Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) también opinó que la medida tendrá efectos negativos. La parlamentaria afirmó que con el sistema adoptado lo que se va a conseguir es más impunidad.
“Es un proyecto que fue muy debatido. Fue votado por una amplia mayoría, 40 legisladores de diferentes espacios y signos políticos”, destacó Manzur. Cuando se le consultó al gobernador por las acusaciones según las cuáles la medida busca restar autonomía a la Justicia, el mandatario respondió lo contrario. “Creo que lo que se busca es fortalecer al Poder Judicial y a su independencia”, declaró.
Jaldo adoptó una actitud similar e hizo referencia a la composición de la Cámara. “La única verdad es la realidad. Esa ley ha sido aprobada no sólo por el oficialismo. Esa ley ha sido aprobada por la mayoría de los espacios políticos que componen el Poder Legislativo, ya que el oficialismo hoy tiene 30 o 31 legisladores y la ley ha sido aprobada por 40”, destacó.
Finalmente, el funcionario recordó que los cambios eran una necesidad legal impuesta por las modificaciones al procedimiento penal aprobadas en octubre. “Lo único que hicimos fue llevar adelante la reforma del Código Procesal Penal, donde se habla del desdoblamiento del Ministerio Público Fiscal, y al hacerlo hay que dotarlo del presupuesto para su funcionamiento, es sentido común”, remarcó.
Por todos los medios
La oposición no da el brazo a torcer y muestra señales de querer agotar todas las vías institucionales para evitar que se materialice lo dispuesto por la norma. Ayer, los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf solicitaron al gobernador que vete la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Los parlamentarios tildaron a la iniciativa de “muy peligrosa”, y opinaron que su contenido es inconstitucional.
“El oficialismo pensó en armar una ley para un amigo, ‘Pirincho’ Jiménez. Se ha creado un superministro que tendrá el poder de poner y sacar fiscales; que no rendirá cuentas, ya que no será auditado ante la Corte, y que tendrá absoluta discrecionalidad en lo funcional y en lo económico”, señaló Canelada, presidente del bloque radical.
Estofán de Terraf también expresó de manera contundente su rechazo a la norma. “Es una ley obscena que convierte a Jiménez en el Superman de la justicia tucumana; él tendrá la facultad de decidir quién y cómo se investiga y, sobre todo, a quién se investiga. Con esto se está cimentando la impunidad en la provincia y reforzando la dependencia del Poder Judicial”, opinó.
Con fundamentos que pretenden apoyar el contenido de sus declaraciones, los parlamentarios presentaron una nota dirigida al titular del Ejecutivo en la que solicitan que haga uso de la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución Provincial. De esta manera, pretenden que el gobernador deje sin efecto la ley sancionada la semana pasada.
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