Cristóbal López dijo que los alquileres a Cristina fueron a valor de mercado

CRISTÓBAL LÓPEZ. El empresario se retira de los tribunales. DYN CRISTÓBAL LÓPEZ. El empresario se retira de los tribunales. DYN

El empresario se presentó esta mañana ante el juez Bonadio en el marco de la causa Los Sauces.

02 Marzo 2017
Cristóbal López y Fabián De Souza reclamaron hoy al juez federal Claudio Bonadio sus respectivos sobreseimientos en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la sociedad “Los Sauces”, propiedad de la familia Kirchner.

Ambos empresarios, vinculados con el Grupo Indalo, se manifestaron ajenos a las supuestas irregularidades investigadas por el juez, que rozan la posibilidad del lavado de dinero y el cobro de retornos por sobreprecios en la concesión de obra pública.

Mediante sendos escritos, ambos se proclamaron “ajenos” a los hechos investigados.  López dijo, por escrito: “Soy ajeno a la supuesta organización delictiva".

Por su parte, De Souza explicó que el inmueble alquilado que el juez puso bajo la lupa es el que forma parte de un acuerdo de divorcio con su ex mujer, quien aún vive allí y constituyó el hogar familiar con los hijos de ambos.

El lunes próximo desfilarán ante Bonadio los hijos de la ex presidenta Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, y un día más tarde lo hará la propia mandataria.

Para mañana, en tanto, está prevista la indagatoria del empresario Lázaro Báez, detenido en otra causa por orden del juez Sebastián Casanello.

López y De Souza están sospechados de haber aparentado el pago de alquileres a la sociedad Los Sauces como parte de una maniobra destinada a “blanquear” dinero presuntamente “retornado” por sobreprecios pagados por el Estado por licitaciones para obras públicas, detalló la agencia DyN.

Pero en su escrito, López refutó que las empresas del Grupo Indalo que alquilaron habitaciones y propiedades a Los Sauces “no fueron adjudicatarias de contratos de obra pública".

En cambio, al igual que De Souza, justificó que uno de los alquileres, en un edificio de Puerto Madero, estaba destinado a vivienda familiar y al alojamiento de sus colaboradores (“personal técnico y administrativo") que lo asistían en el manejo de sus empresas.

En ambos casos, los indagados explicaron que los alquileres se celebraron “a valores de mercado”.

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