03 Marzo 2017
Adriana Giannoni, fiscala de Instrucción de la VIII Nominación, dictó una orden de “prohibición de proximidad física” en contra de Sergio Aragón, quien en diciembre pasado había renunciado como funcionario de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a cargo de la secretaría de Bienestar Estudiantil a raíz de un escándalo por presunto acoso laboral y sexual.
La autora de la denuncia penal, cuyos datos se mantienen en reserva por razones legales, es una de las mujeres que el año pasado lo había señalado, junto a dos compañeras no docentes, por supuestas conductas impropias.
El tema había derivado en una investigación interna llevada adelante por Asuntos Jurídicos de la UNT y en una causa judicial caratulada como “abuso sexual simple y exhibiciones obscenas”.
La orden se circunscribe al domicilio personal de la víctima y al laboral en la Casa del Estudiante (UNT), en un radio de 100 metros. Según consta en el texto judicial, Aragón fue notificado sobre esto.
La mujer relató que todavía el ex funcionario va regularmente a la secretaría que funciona frente al Rectorado, en calle Ayacucho 491. Y aseguró que incluso guarda su auto en una playa que pertenece a la UNT sobre esa misma calle. “Sigue yendo, entrando a la oficina, paseándose, y no sabemos por qué las autoridades no hacen nada. Yo misma les advertí a algunos funcionarios. Como no hubo respuesta pedí la perimetral”, detalló la demandante. Por su parte, Aragón negó que siga relacionado con la UNT y reconoció que sólo fue dos días de mediados de febrero “para hacer trámites” sobre su desvinculación como funcionario, y nunca más volvió. Consignó, además, que hay una persecución por parte de la demandante. “Ordenada por alguien, seguramente”, añadió.
El caso surgió el 25 de octubre pasado cuando empleadas de la UNT presentaron dos notas: una dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y otra al secretario general del gremio no docente (Apunt), Ángel “Zurdo” Morales. Solicitaban una audiencia urgente por mobbing (hostigamiento en el ámbito laboral). Con el correr de los días, la denuncia se amplió a acoso sexual.
La investigación llevada adelante por la dirección de Asuntos Jurídicos aconsejó que se separara a Aragón del cargo. El 6 de diciembre, previa denuncia policial, ingresó a la Justicia penal.
La autora de la denuncia penal, cuyos datos se mantienen en reserva por razones legales, es una de las mujeres que el año pasado lo había señalado, junto a dos compañeras no docentes, por supuestas conductas impropias.
El tema había derivado en una investigación interna llevada adelante por Asuntos Jurídicos de la UNT y en una causa judicial caratulada como “abuso sexual simple y exhibiciones obscenas”.
La orden se circunscribe al domicilio personal de la víctima y al laboral en la Casa del Estudiante (UNT), en un radio de 100 metros. Según consta en el texto judicial, Aragón fue notificado sobre esto.
La mujer relató que todavía el ex funcionario va regularmente a la secretaría que funciona frente al Rectorado, en calle Ayacucho 491. Y aseguró que incluso guarda su auto en una playa que pertenece a la UNT sobre esa misma calle. “Sigue yendo, entrando a la oficina, paseándose, y no sabemos por qué las autoridades no hacen nada. Yo misma les advertí a algunos funcionarios. Como no hubo respuesta pedí la perimetral”, detalló la demandante. Por su parte, Aragón negó que siga relacionado con la UNT y reconoció que sólo fue dos días de mediados de febrero “para hacer trámites” sobre su desvinculación como funcionario, y nunca más volvió. Consignó, además, que hay una persecución por parte de la demandante. “Ordenada por alguien, seguramente”, añadió.
El caso surgió el 25 de octubre pasado cuando empleadas de la UNT presentaron dos notas: una dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y otra al secretario general del gremio no docente (Apunt), Ángel “Zurdo” Morales. Solicitaban una audiencia urgente por mobbing (hostigamiento en el ámbito laboral). Con el correr de los días, la denuncia se amplió a acoso sexual.
La investigación llevada adelante por la dirección de Asuntos Jurídicos aconsejó que se separara a Aragón del cargo. El 6 de diciembre, previa denuncia policial, ingresó a la Justicia penal.
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