Una edila propone crear un registro de edificios con “final de obra”

Las irregularidades en los edificios de la capital abrieron un capítulo en el Concejo Deliberante. La concejala Sandra Manzone anunció que presentará un proyecto de ordenanza para crear un registro de Obras Autorizadas.

La iniciativa tiene dos objetivos: que los compradores puedan realizar un seguimiento pormenorizado del avance de obra, y que la Municipalidad pueda asegurarse de que los departamentos no sean habitados si la edificación no cuenta con el certificado de “final de obra”.

“El problema con los edificios que no tienen el final de obra es que muchos no lo tendrán nunca porque violan de sobremanera el Código de Planeamiento Urbano (CPU)”, criticó Manzone (Acuerdo para el Bicentenario).

El proyecto fue presentado en 2015, durante la conformación anterior del cuerpo. Como no tuvo tratamiento, fue presentado nuevamente en septiembre. Deberá ser tratado por las comisiones de Obras Públicas, Planeamiento y Peticiones y Poderes (que preside Manzone). La concejala afirmó que realiza modificaciones al proyecto y que volverá a presentarlo.

La iniciativa vuelve a resonar tras la divulgación de un informe de la Dirección de Catastro y Edificación municipal que relevó 93 edificios de San Miguel de Tucumán sin el certificado de Finalización de Obra. Estos cuentan con la instalación de los servicios de agua, luz o gas y muchos, inclusive, están habitados pese a las ordenanzas vigentes. De acuerdo con el informe, remitido por el titular de Catastro Juan Ledesma, 66 edificaciones del total están a cargo de las firmas Grandi y Mas.

El intendente, Germán Alfaro, había deslindado responsabilidades y afirmado que su administración clausura edificios, pero que las constructoras no respetan la medida. “Tampoco puede el municipio poner un policía por cada edificio, se nos hace difícil”, había lamentado.

Fuentes de Catastro remitieron a este diario la planilla de informe Inspecciones Realizadas en Edificios de Altura, actualizado al 26 de agosto, en la que se consignan las faltas al CPU de más de una veintena de construcciones en altura. Entre las faltas, cinco edificios no permiten el ingreso del inspector a la obra. Se destaca el caso de un edificio en San Lorenzo 1200 (Grandi) en donde se consigna que fue autorizado para siete pisos, pero lleva construidos 14. Sin embargo, en la mayoría de los casos de esa planilla se advierten faltas subsanables (provisión de extintores y luces de emergencia).

“Queremos que los violadores seriales del Código de Planeamiento Urbano, los que construyen en la ilegalidad, no puedan continuar con su accionar inescrupuloso. La situación es una bomba de tiempo, con edificios con tubos de gas comprimido en pasillos... A las empresas que violan constantemente el CPU debería sumarse a Barenbreuker”, arremetió Manzone. Agregó que teme que las conexiones irregulares a servicios produzcan un incidente similar a la tragedia de Rosario (una fuga de gas causó una explosión en 2013, derrumbó un edificio y causó 22 muertes).

El concejal radical José “Lucho” Argañaráz (compañero de bancada de Manzone), que preside la comisión de Planeamiento, adelantó que se abocará al tratamiento de las irregulares edilicias. “El problema con los edificios sin final de obra es que los compradores de buena fe no pueden escriturar. También existe, claramente, un mercado negro donde algunos invierten para no quedar registrados. Están los alquileres en barrio Norte, barrio Sur y en el barrio negro, que son todos estos edificios irregulares que no obtendrán nunca el final de obra”, finalizó.