Jiménez: “publicaremos todas las resoluciones”

En presencia de cuatro pares del Consejo Federal de Política Criminal, Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, se comprometió a dar a conocer todas las decisiones que emita. Y explicó que no había ejercido aún las nuevas atribuciones que le otorgó la ley que dividió el Ministerio Público tucumano, y libró a los órganos resultantes del control que ejercía la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre el manejo del personal y del presupuesto. Esa norma, que está en vigor desde el 22 de febrero, fue judicializada por los opositores Oscar López (Partido Fe), y Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juán Andrés Robles (UCR), quienes reclaman -por separado- a la Corte que la suspenda y la declare inconstitucional.

En el diálogo sostenido el miércoles en LA GACETA, Jiménez también anunció el regreso de la Fiscalía Anticorrupción con la forma de una unidad de investigación especializada en delitos económicos. La Fiscalía Anticorrupción desapareció en 2005 con el consentimiento del ex ministro público Luis de Mitri.

-Aunque haya dos juicios en contra de la ley que fijó su autonomía total, usted está habilitado para ejercerla. ¿Lo hizo ya?

-Nosotros estamos organizando todo lo necesario para la aplicación de la ley desde el punto de vista administrativo y presupuestario. Debemos crear una serie de dependencias y, por ello, estamos en contacto con la Corte para replicar su estructura. Estamos viendo cómo vamos a hacer con las designaciones y los concursos... No es una cosa que se haga de una semana para la otra.

-Entonces, ¿todavía no nombró a ningún fiscal general ni adjunto?

-No, no, porque para ello hace falta precisamente una estructura.

-¿Y cuál es la situación del Ministerio Público de la Defensa que no tiene titular? (Funcionaba hasta febrero junto al órgano fiscal con la supervisión de Jiménez; el Poder Ejecutivo está facultado a enviar el nombre a la Legislatura).

-El Ministerio Público de la Defensa aún no tiene cabeza y, por ello, hay que sostener la gestión que veníamos cumpliendo.

-¿Qué hará en cuanto a la publicación de sus resoluciones y dictámenes, que hoy no están disponibles en la web (justucuman.gov.ar/ministeriofiscal)?

-Una cosa es la transparencia y otra es qué es lo que se puede publicar. Hay cosas que no pueden ser publicitadas porque afectan a la intimidad de las personas.

-La pregunta apunta a las decisiones administrativas sobre sumarios, sanciones, nombramientos, ascensos, licencias... ¿Cómo divulgará sus resoluciones relativas al manejo de los recursos?

-Estamos trabajando en eso. Nuestro eje es que sea totalmente transparente y público, y que todo el mundo pueda conocer lo que hacemos en gastos, designaciones, dictámenes...

-¿Hará algo similar a la Corte, que publica casi todas sus acordadas en la web oficial?

-No vamos a publicar casi todas: vamos a publicar todas las decisiones.

-¿Y por qué no lo hizo antes si dispone de una página web?

-Tenemos carencias totales. No hay forma de dar respuesta a nada y usted me está pidiendo que me ocupe de la publicidad de cuestiones administrativas. No tengo departamento de informática: todo es de la Corte. Pero lo primero es atender la incapacidad de responder a la gente, cosa que vengo diciendo hace dos años. Hoy los fueros penal y laboral tienen procesos que no van a resolverse nunca.

-¿Tiene previsto especializar el Ministerio Público, por ejemplo mediante la recuperación de la Fiscalía Anticorrupción?

-Hay que trabajar sobre la capacitación, la especialización y la tecnología. En cuanto a lo primero, estamos por abrir nuestra escuela con docentes jubilados y voluntarios.

-¿Pero qué dice sobre la Fiscalía Anticorrupción dada de baja en 2005?

-Cuando hablamos de especialización hablamos de eso: de una fiscalía para delitos económicos, de otra para delitos contra la propiedad y de violencia de género.

PRONTO DESPACHO 
UN DEMANDANTE DE LA UCR EXIGE A LA CORTE QUE  SE EXPIDA SOBRE LA LEY DEL MINISTERIO PÚBLICO
Juan Andrés Robles, uno de los dirigentes radicales que demandó la declaración de inconstitucionalidad de la reestructuración reciente del Ministerio Público, exigió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que acelere el trámite del proceso. En particular, Robles manifestó que había transcurrido un tiempo considerable desde el ingreso de la demanda (26 de febrero) y que, por ello, correspondía el pronto despacho del pedido de una medida cautelar (para paralizar la aplicación de la ley). “La resolución de la cautelar solicitada no admite demora alguna en función de la innegable trascendencia jurídica, política y social del tema que nos ocupa”, expresó Robles en un escrito que presentó el miércoles (junto a él rubricaron la demanda Silvia Elías de Pérez y José María Canelada). Y explicó que estaba en juego la institucionalidad: “la resolución de la cautelar solicitada no admite demora si se advierte el perjuicio irreparable que ocasionaría la aplicación de una ley de constitucionalidad cuestionada y profundo impacto social”. La Corte aún debe declararse competente en este pleito: idéntico paso está pendiente respecto del litigio de Oscar López (Partido Fe). Intervienen los cinco vocales: Antonio Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse.

TRES REFORMAS JUDICIALES “JUDICIALIZADAS”

Doble instancia laboral
El oficialismo promovió retoques al fuero laboral en las sesiones del 21 de diciembre de 2016 y del 16 de febrero pasado. Contra este cambio accionaron Fernando Valdez (UCR), la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas y el Colegio de Abogados de la Capital.  

NUEVO MINISTERIO PÚBLICO
El oficialismo logró la partición del Ministerio Público y quitó facultades de control a la Corte en la sesión del 16 de febrero. Contra este cambio legal accionaron Oscar López (Partido Fe), y los radicales Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles.

AGRAVAMIENTO DEL RÉGIMEN DE DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS
En la sesión del 21 de diciembre de 2016, el oficialismo impuso su número para endurecer el régimen de destitución de jueces. La nueva ley incorporó la suspensión automática de los magistrados acusados por la comisión de Juicio Político de la Legislatura ante el Jurado de Enjuiciamiento. Además, privó a los jueces denunciados por mal desempeño de la facultad de recusar (apartar) a quienes han de juzgarlos. Contra estos cambios accionaron los opositores Luis Brodersen (ProA), y Silvia Elías de Pérez y José María Canelada (UCR); el Colegio de Abogados de la Capital y la Asociación de Magistrados de Tucumán.