Firmas apócrifas, casos “traspapelados” y mora derivan en otra investigación interna

Otra unidad de la segunda nominación de los Tribunales provinciales quedó en una situación delicada. La nueva investigación afecta a la Sala II de la Cámara Penal de Concepción y fue abierta como consecuencia de la denuncia de firmas apócrifas, dilaciones y expedientes “traspapelados”. Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ordenó el inicio de un sumario administrativo contra el secretario Leandro Molinuevo, el prosecretario Pedro Ramón García y contra cualquier otra persona cuya responsabilidad pudiese surgir de la pesquisa interna, según surge de la resolución de presidencia del 20 de febrero. Accesoriamente, el titular del alto tribunal dispuso el traslado provisorio de García. Seis días antes, la Corte había sacado a Molinuevo de la Sala II.

Gandur tomó la decisión de superintendencia luego de recibir una decena de presentaciones del abogado Gustavo Morales. Las denuncias relativas al funcionamiento de la Sala II se intensificaron en los últimos cinco meses: el letrado solicitó auditorías “serias” y exhaustivas (24 de octubre); advirtió sobre demoras recurrentes (27 de octubre); solicitó el análisis de la idoneidad moral de Molinuevo, que había sido excluido de un examen del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) por presentarse con papeles vedados -fallos atinentes a los casos que debía resolver- (31 de octubre); llamó la atención sobre la gran cantidad de procesos prescriptos entre 2013 y 2016, y requirió una auditoría especifíca en la causa “Agüero” que llevaba más de cinco años paralizada (7 de noviembre); dijo que otro caso de homicidio, “Jiménez”, aguardaba la celebración del juicio desde hacía más de siete años (17 de noviembre); expresó que había firmas falsificadas en los expedientes (21 de diciembre) y que ese vicio era recurrente (27 de diciembre), y dio cuenta de que el proceso “Rodríguez” tenía casi 15 años de antigüedad y llevaba seis parado.

A estos numerosos antecedentes su sumó el hecho de que, en el transcurso de las actuaciones de superintendencia, Jesús Carlos Pellegri, vocal del tribunal, solicitó el traslado de García por “haber demostrado ineficiencia e incapacidad en su labor diaria”. La resolución de Gandur da cuenta de que el mencionado prosecretario había falsificado la firma de Molinuevo en al menos tres casos. La resolución expresa que Molinuevo admitió que se le habían “traspapelado” una solicitud de cese de prisión de la Defensoría Oficial Penal de Monteros y el expediente respectivo, entre otras irregularidades.

Dos días después del inicio de la pesquisa interna encargada a la secretaria de Superintendencia de Concepción, Viviana Palacio, el letrado Morales informó a la Corte sobre la existencia de una “secretaría paralela” en la Sala II. Esta situación surgiría, según el profesional, de un acta labrada por Molinuevo en la que García confesó que había adulterado “sin mala intención” la rúbrica del secretario y usado su sello durante la ausencia del primero. Morales esgrimió que esta “organización delictiva” actuaba al amparo del camarista Pellegri, cuya destitución solicitó a la Legislatura (la comisión de Juicio Político corrió traslado de la denuncia al magistrado).

Además de acudir a los poderes Judicial y Legislativo, Morales exigió al vocal Daniel Posse, presidente del CAM, que investigara los hechos que derivaron en la expulsión de Molinuevo del concurso celebrado para cubrir la vacante de Defensor Oficial Penal de Concepción. El abogado consideró que Posse no podía contentarse con advertir verbalmente a Molinuevo que no debía volver a concursar durante su presidencia, como dijo en una entrevista publicada en LA GACETA. Molinuevo y García, que ayer no pudieron ser ubicados, estarían prestando servicios respectivamente en la Biblioteca y el Archivo de Concepción.