12 Marzo 2017
COAUTORES. Canelada y Colombres Garmendia dialogan en el recinto. la gaceta / foto de antonio ferroni
El gobernador Juan Luis Manzur dispuso el veto a la “Ley de PyME”, que había sido sancionada por la Legislatura el 16 de febrero pasado. La medida fue adoptada a través del decreto 505/2017 -publicado en la edición del viernes del Boletín Oficial de la Provincia- y generó críticas desde la oposición.
La norma, que era una adhesión a la ley nacional 27.264 (denominada “Programa de Recuperación Productiva”), implicaba que las pequeñas y medianas empresas tucumanas no iban a tener incrementos en su carga tributaria hasta el 31 de diciembre de 2018.
Sin embargo, tres reparticiones del Poder Ejecutivo (PE) advirtieron que no era conveniente la promulgación de esta normativa, debido a que podía tener un impacto negativo en el erario.
El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos), uno de los impulsores de la “Ley de PyME”, cuestionó la decisión del gobernador.
“Está a las claras que Manzur allana el camino para un futuro aumento en el valor de las alícuotas de los impuestos provinciales, para así saciar la voracidad impositiva de la provincia. Tucumán se caracteriza por ser (uno de los distritos) de mayor carga fiscal en el país”, señaló el legislador y titular de la asamblea provincial del PRO local.
El Poder Legislativo aprobó la “Ley de PyME” en la última sesión extraordinaria. La iniciativa final incluyó aportes de Colombres Garmendia; del peronista disidente Silvio Bellomío; y de los radicales José María Canelada, Adela Estofán de Terraf y Eudoro Aráoz, todos de Cambiemos. El objetivo era la adhesión al Programa de Recuperación Productiva, creado por el Congreso de la Nación julio de 2016.
“Las empresas provinciales que se encuentren comprendidas y/o sean beneficiarias por la ley nacional 27.264, a la que adhiere la presente, gozarán de estabilidad fiscal tributaria y no podrán ver incrementada la carga tributaria total, considerada en forma separada en la jurisdicción provincial, hasta el 31 de diciembre de 2018”, señalaba el artículo 3° de la “Ley de PyME”.
Para evaluar si avanzaba con la promulgación de lo dispuesto por la Legislatura, Manzur recibió informes de las reparticiones con competencia en la materia.
La Dirección General de Rentas (DGR) advirtió que no estaba claro cuáles de las pequeñas y medianas empresas tucumanas estaban comprendidas por este beneficio. Remarcó que no se podía “determinar el costo fiscal potencial” de esta norma.
En cambio, Contaduría General de la Provincia y la Dirección General de Presupuesto alertaron que la vigencia de este régimen “podría impactar en la recaudación (de tributos provinciales) a corto y largo plazo”.
“Atento a lo indicado por los organismos técnicos, y en resguardo del erario provincial, se estima procedente oponer el veto (a la ‘Ley de PyME’)”, señaló Manzur, en ejercicio de los atributos previstos por el artículo 71 de la Constitución provincial.
Colombres Garmendia indicó que la norma había sido elaborada junto al Ministerio de Producción de la Nación, y que había sido aprobada con el consenso de todos los bloques de la Legislatura. “Con esta decisión, el gobierno flaco favor le hace al despegue de la provincia. Tanto que se llenan la boca al hablar de cuidar los puestos laborales y de otorgar beneficios a empresas que no generan trabajo genuino, ahora truncan esta iniciativa”, señaló Colombres Garmendia.
La explicación oficial: “compartimos el espíritu del proyecto, pero hay que analizar más a fondo el alcance”
En el gabinete del gobernador Juan Manzur dejaron en claro que el Poder Ejecutivo comparte “el espíritu de la iniciativa que promovió la Legislatura”. Sin embargo, los técnicos del Gobierno señalan que “se necesita analizar más a fondo los alcances de los beneficios”. El proyecto había pasado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para su estudio. Sin embargo, en el área de Economía pidieron más claridad respecto de los beneficios que se pretenden otorgar, particularmente, sobre el impacto fiscal de la medida. La advertencia fue formulada por la Dirección de Rentas. “La idea es perfeccionarla porque es nuestra intención promover el desarrollo de las PyME. Luego se presentará otro proyecto”, reconoció la fuente oficial.
La norma, que era una adhesión a la ley nacional 27.264 (denominada “Programa de Recuperación Productiva”), implicaba que las pequeñas y medianas empresas tucumanas no iban a tener incrementos en su carga tributaria hasta el 31 de diciembre de 2018.
Sin embargo, tres reparticiones del Poder Ejecutivo (PE) advirtieron que no era conveniente la promulgación de esta normativa, debido a que podía tener un impacto negativo en el erario.
El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos), uno de los impulsores de la “Ley de PyME”, cuestionó la decisión del gobernador.
“Está a las claras que Manzur allana el camino para un futuro aumento en el valor de las alícuotas de los impuestos provinciales, para así saciar la voracidad impositiva de la provincia. Tucumán se caracteriza por ser (uno de los distritos) de mayor carga fiscal en el país”, señaló el legislador y titular de la asamblea provincial del PRO local.
El Poder Legislativo aprobó la “Ley de PyME” en la última sesión extraordinaria. La iniciativa final incluyó aportes de Colombres Garmendia; del peronista disidente Silvio Bellomío; y de los radicales José María Canelada, Adela Estofán de Terraf y Eudoro Aráoz, todos de Cambiemos. El objetivo era la adhesión al Programa de Recuperación Productiva, creado por el Congreso de la Nación julio de 2016.
“Las empresas provinciales que se encuentren comprendidas y/o sean beneficiarias por la ley nacional 27.264, a la que adhiere la presente, gozarán de estabilidad fiscal tributaria y no podrán ver incrementada la carga tributaria total, considerada en forma separada en la jurisdicción provincial, hasta el 31 de diciembre de 2018”, señalaba el artículo 3° de la “Ley de PyME”.
Para evaluar si avanzaba con la promulgación de lo dispuesto por la Legislatura, Manzur recibió informes de las reparticiones con competencia en la materia.
La Dirección General de Rentas (DGR) advirtió que no estaba claro cuáles de las pequeñas y medianas empresas tucumanas estaban comprendidas por este beneficio. Remarcó que no se podía “determinar el costo fiscal potencial” de esta norma.
En cambio, Contaduría General de la Provincia y la Dirección General de Presupuesto alertaron que la vigencia de este régimen “podría impactar en la recaudación (de tributos provinciales) a corto y largo plazo”.
“Atento a lo indicado por los organismos técnicos, y en resguardo del erario provincial, se estima procedente oponer el veto (a la ‘Ley de PyME’)”, señaló Manzur, en ejercicio de los atributos previstos por el artículo 71 de la Constitución provincial.
Colombres Garmendia indicó que la norma había sido elaborada junto al Ministerio de Producción de la Nación, y que había sido aprobada con el consenso de todos los bloques de la Legislatura. “Con esta decisión, el gobierno flaco favor le hace al despegue de la provincia. Tanto que se llenan la boca al hablar de cuidar los puestos laborales y de otorgar beneficios a empresas que no generan trabajo genuino, ahora truncan esta iniciativa”, señaló Colombres Garmendia.
La explicación oficial: “compartimos el espíritu del proyecto, pero hay que analizar más a fondo el alcance”
En el gabinete del gobernador Juan Manzur dejaron en claro que el Poder Ejecutivo comparte “el espíritu de la iniciativa que promovió la Legislatura”. Sin embargo, los técnicos del Gobierno señalan que “se necesita analizar más a fondo los alcances de los beneficios”. El proyecto había pasado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para su estudio. Sin embargo, en el área de Economía pidieron más claridad respecto de los beneficios que se pretenden otorgar, particularmente, sobre el impacto fiscal de la medida. La advertencia fue formulada por la Dirección de Rentas. “La idea es perfeccionarla porque es nuestra intención promover el desarrollo de las PyME. Luego se presentará otro proyecto”, reconoció la fuente oficial.
Lo más popular
