Bejas deniega el acceso a un caso de gastos sociales

El juez federal N°1, Daniel Bejas, negó por segunda vez acceso a la investigación sobre los gastos sociales legislativos que tramita en su juzgado a Claudio Bonari, fiscal de Instrucción N°2 de esta capital. El magistrado suscribió la tesitura del camarista federal Ernesto Wayar, quien el año pasado había rechazado los pedidos de copias certificadas del fiscal Bonari y de Rodolfo Novillo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, citando el artículo del Código Procesal Penal de la Nación que indica que el sumario es confidencial para los terceros. Tanto Bonari y Novillo tramitan en sus respectivos ámbitos de actuación denuncias y demandas relativas al uso de los $ 615,6 millones que la Legislatura erogó en forma discrecional, en 2015.

“A la solicitud de copias efectuada por el fiscal N°2 de los Tribunales provinciales (digo) que encontrándose limitada mi intervención en el estado actual del proceso a la decisión respecto de la competencia de este fuero de excepción (Justicia Federal) y siguiendo el temperamento oportunamente ordenado por la Cámara Federal de Apelaciones respecto a igual solicitud, resuelvo que no ha lugar a lo peticionado”, expresó el juez N°1.

Aunque no autorizó la compulsa de su caso, Bejas solicitó a Bonari que le permitiese tomar contacto con la pesquisa sobre los gastos sociales legislativos que Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, derivó a la Fiscalía N°2 el 12 de septiembre. El 7 de marzo pasado, el juez federal dijo que, dado que Bonari no había contestado aún su solicitud del 21 de febrero, demandaba una respuesta con carácter de “urgente pronto despacho”.

El mes pasado, Bejas requirió el préstamo del expediente en manos de Bonari por el plazo de cinco días o, en su defecto, las copias certificadas, como medida previa a la resolución de la cuestión de su competencia respecto de la denuncia de presunta evasión tributaria cometida con los fondos destinados a subsidios del Poder Legislativo que formuló Oscar López, abogado y peronista disidente. Según Pedro Brito, abogado del ex legislador oficialista Iván Llorens Dip, la Justicia Federal es incompetente para actuar en este caso puesto que ya existe otro proceso penal abierto en la Justicia provincial y podría darse el supuesto de que haya dos juzgamientos por los mismos hechos. El mes pasado, Bejas manifestó que las actuaciones en poder de Bonari tenían “íntima vinculación” desde el contexto fáctico, según los argumentos del abogado Brito, con el asunto (de competencia) que debía resolver. “Dispongo esta medida (acceso a la investigación de los gastos sociales legislativos de la Fiscalía N°2) considerando los temas pendientes de decisión, los alcances de la garantía tutelada, cuestiones de economía procesal y de seguridad jurídica, a los fines de evitar sentencias simultáneas o contradictorias”, explicó el juez federal N°1.

El caso de Bonari no es ajeno a Bejas puesto que ese magistrado lo remitió hace un año a la Justicia provincial luego de desestimar que los hechos denunciados configuraran un delito de lavado de activos (de competencia federal). A continuación, el fiscal Washington Navarro Dávila tuvo el proceso hasta que dispuso el archivo en septiembre: en ese momento, Jiménez intervino para mantenerlo abierto y lo mandó a Bonari, quien ha de definir si pide o no a un juez de Instrucción que se haga cargo de la investigación puesto que esta involucraría a funcionarios con fueros constitucionales.