09 Abril 2017
Los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf presentaron un proyecto de ley de protección a trabajadores de la esfera pública que denuncien actos de corrupción.
La iniciativa busca establecer mecanismos efectivos para proteger a quienes se desempeñen en el ámbito de la Administración Pública y que, de buena fe, denuncien o den testimonio sobre actos de corrupción susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente.
Como medidas de protección, los entes de la Administración Pública no podrán: accionar contra los denunciantes o testigos despidiéndolos o discontinuando su contrato laboral; disminuir sus salarios, incluyendo horas extras y adicionales; trasladarlos de manera intempestiva a otro lugar de trabajo, salvo que sea solicitado por el agente; cambiar de manera injustificada las condiciones laborales, y toda otra acción que atente contra la integridad emocional, moral, física y económica del empleado. Asimismo, tendrán derecho a recibir asesoramiento jurídico y psicológico de manera gratuita y permanente; disponer de protección policial; solicitar el cambio de lugar de trabajo o, de ser necesario, licencia con goce de sueldo, y otras acciones que la autoridad competente considere necesarias para brindar garantías al trabajador.
Según Canelada y Estofán, la propuesta está diseñada para proteger a los estatales de persecuciones, hostigamientos y perjuicios económicos como consecuencia de sus denuncias dehechos de corrupción. “El acceso a la protección por parte de los denunciantes de actos de corrupción es un derecho que garantiza el ejercicio y goce pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones laborales, que eventualmente podrían estar amenazadas como consecuencia de una denuncia”, argumentaron.
La iniciativa busca establecer mecanismos efectivos para proteger a quienes se desempeñen en el ámbito de la Administración Pública y que, de buena fe, denuncien o den testimonio sobre actos de corrupción susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente.
Como medidas de protección, los entes de la Administración Pública no podrán: accionar contra los denunciantes o testigos despidiéndolos o discontinuando su contrato laboral; disminuir sus salarios, incluyendo horas extras y adicionales; trasladarlos de manera intempestiva a otro lugar de trabajo, salvo que sea solicitado por el agente; cambiar de manera injustificada las condiciones laborales, y toda otra acción que atente contra la integridad emocional, moral, física y económica del empleado. Asimismo, tendrán derecho a recibir asesoramiento jurídico y psicológico de manera gratuita y permanente; disponer de protección policial; solicitar el cambio de lugar de trabajo o, de ser necesario, licencia con goce de sueldo, y otras acciones que la autoridad competente considere necesarias para brindar garantías al trabajador.
Según Canelada y Estofán, la propuesta está diseñada para proteger a los estatales de persecuciones, hostigamientos y perjuicios económicos como consecuencia de sus denuncias dehechos de corrupción. “El acceso a la protección por parte de los denunciantes de actos de corrupción es un derecho que garantiza el ejercicio y goce pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones laborales, que eventualmente podrían estar amenazadas como consecuencia de una denuncia”, argumentaron.
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Adela Estofán de Terraf
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