10 Abril 2017
Proponen que una comisión revise el Código Tributario
El oficialista Ruiz Olivares, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, ya había abierto la puerta a una posible modificación de la ley 5.121, vigente desde 1979 Una decena de legisladores de la oposición firmó un proyecto para que representantes de distintos sectores propongan una nueva normativa
La ley 5.121, que regula el sistema de cobro y de controles sobre los tributos provinciales -y las relaciones jurídicas emergentes de ellos- está próxima a cumplir cuatro décadas de vigencia. Pero un grupo de legisladores de la oposición se unió para tratar de evitar que esa normativa -denominada Código Tributario de la Provincia- no llegue a soplar las 40 velitas.
Miembros de cinco bloques políticos firmaron un proyecto de resolución para proponer que el Poder Legislativo cree una comisión especial para la revisión y reforma de la norma, que data de 1979.
“Estamos convencidos de que la Provincia puede diseñar un sistema impositivo que sea fundamentalmente más justo y que, a la vez, aliente el progreso económico de la sociedad, y todo esto es posible sin desfinanciar el funcionamiento del Estado”, señalaron en los fundamentos José María Canelada, Adela Estofán, Rubén Chebaia, Eudoro Aráoz, Fernando Valdez (todos del bloque UCR), Luis González (bloque Arturo Illia), Alfredo Toscano, Christian Rodríguez (bloque Peronismo del Bicentenario), Claudio Viña (bloque Fuerza Republicana) y Alberto Colombres Garmendia (bloque PRO-Cambiemos).
El proyecto prevé que la comisión especial esté integrada por representantes de todos los sectores involucrados en el esquema tributario, Así, participarían el Ministerio de Economía (dos miembros titulares), el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Dirección de Rentas, el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos, las facultades de Ciencias Económicas de la UNT y de la Unsta, las facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y de la San Pablo-T, la Sociedad Rural y la Unión Industrial de Tucumán (un miembro por cada entidad), la Federación Económica de Tucumán (dos miembros) y la propia Legislatura (cinco).
El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto del cuerpo legislativo, Juan Ruiz Olivares (bloque oficialista Tucumán Crece), abrió la puerta en diversas ocasiones a una eventual modificación al Código Tributario. “Están todos los espacios abiertos para el debate”, afirmó en septiembre del año pasado, en un acto en la Casa de Gobierno, tras la promulgación de la adhesión a la ley nacional de blanqueo de capitales. En el recinto, en varias ocasiones, Ruiz Olivares también se mostró a favor de discutir esa normativa.
Este debate venía siendo propuesto por legisladores de la anterior conformación y de la actual. La semana pasada, el proyecto pasó por Mesa de Entradas con la firma de una decena de opositores.
“La Nación ha eliminado el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, ha generado mecanismos de devolución del IVA a diversos segmentos de la población, ha redeterminado las escalas del Impuesto a las Ganancias, y ha eliminado retenciones a la producción agrícola y minera de las economías regionales”, plantearon en los fundamentos de la iniciativa. Y diferenciaron la situación nacional de la local. “La Provincia, por otro lado, aumentó las alícuotas de Ingresos Brutos para las empresas de mayor facturación y para ciertas actividades; a la vez, recrudeció el mecanismo de percepción y retención de este impuesto. Un mecanismo defectuoso que cuenta con la reprobación de la vasta mayoría de la población, tanto civil como empresaria, debido a la facilidad con que genera la doble o triple percepción del impuesto, generando saldos a favor que nunca son restituidos al contribuyente”, añadieron. Y remarcaron que “este ambiente ajeno a las buenas prácticas productivas” afecta la economía local. “Tucumán es prácticamente la provincia con mayor tasa de informalidad en el mercado laboral (cercana al 45%), y es de público conocimiento que varios proyectos productivos de envergadura han decidido instalarse (en otra jurisdicción)”, advirtieron.
Miembros de cinco bloques políticos firmaron un proyecto de resolución para proponer que el Poder Legislativo cree una comisión especial para la revisión y reforma de la norma, que data de 1979.
“Estamos convencidos de que la Provincia puede diseñar un sistema impositivo que sea fundamentalmente más justo y que, a la vez, aliente el progreso económico de la sociedad, y todo esto es posible sin desfinanciar el funcionamiento del Estado”, señalaron en los fundamentos José María Canelada, Adela Estofán, Rubén Chebaia, Eudoro Aráoz, Fernando Valdez (todos del bloque UCR), Luis González (bloque Arturo Illia), Alfredo Toscano, Christian Rodríguez (bloque Peronismo del Bicentenario), Claudio Viña (bloque Fuerza Republicana) y Alberto Colombres Garmendia (bloque PRO-Cambiemos).
El proyecto prevé que la comisión especial esté integrada por representantes de todos los sectores involucrados en el esquema tributario, Así, participarían el Ministerio de Economía (dos miembros titulares), el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Dirección de Rentas, el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos, las facultades de Ciencias Económicas de la UNT y de la Unsta, las facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y de la San Pablo-T, la Sociedad Rural y la Unión Industrial de Tucumán (un miembro por cada entidad), la Federación Económica de Tucumán (dos miembros) y la propia Legislatura (cinco).
El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto del cuerpo legislativo, Juan Ruiz Olivares (bloque oficialista Tucumán Crece), abrió la puerta en diversas ocasiones a una eventual modificación al Código Tributario. “Están todos los espacios abiertos para el debate”, afirmó en septiembre del año pasado, en un acto en la Casa de Gobierno, tras la promulgación de la adhesión a la ley nacional de blanqueo de capitales. En el recinto, en varias ocasiones, Ruiz Olivares también se mostró a favor de discutir esa normativa.
Este debate venía siendo propuesto por legisladores de la anterior conformación y de la actual. La semana pasada, el proyecto pasó por Mesa de Entradas con la firma de una decena de opositores.
“La Nación ha eliminado el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, ha generado mecanismos de devolución del IVA a diversos segmentos de la población, ha redeterminado las escalas del Impuesto a las Ganancias, y ha eliminado retenciones a la producción agrícola y minera de las economías regionales”, plantearon en los fundamentos de la iniciativa. Y diferenciaron la situación nacional de la local. “La Provincia, por otro lado, aumentó las alícuotas de Ingresos Brutos para las empresas de mayor facturación y para ciertas actividades; a la vez, recrudeció el mecanismo de percepción y retención de este impuesto. Un mecanismo defectuoso que cuenta con la reprobación de la vasta mayoría de la población, tanto civil como empresaria, debido a la facilidad con que genera la doble o triple percepción del impuesto, generando saldos a favor que nunca son restituidos al contribuyente”, añadieron. Y remarcaron que “este ambiente ajeno a las buenas prácticas productivas” afecta la economía local. “Tucumán es prácticamente la provincia con mayor tasa de informalidad en el mercado laboral (cercana al 45%), y es de público conocimiento que varios proyectos productivos de envergadura han decidido instalarse (en otra jurisdicción)”, advirtieron.
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