El PJ propone que la Cámara tenga dos secretarios

El oficialismo de la Legislatura presentó un proyecto que sacudió el clima interno en la sede parlamentaria de calle Muñecas 951.

La propuesta de la bancada afín a la Casa de Gobierno apunta a modificar el reglamento del cuerpo colegiado para fragmentar uno de los cargos más importantes del Poder Legislativo: el de secretario.

Desde los 90, cuando se creó esa figura, quien ocupa ese despacho hace las veces de “mano derecha” del vicegobernador y presidente de la Legislatura. Bajo su órbita está desde contar los votos en el recinto hasta supervisar las finanzas de la Cámara. Por eso, si el proyecto del oficialismo avanza, el secretario perderá prácticamente la mitad de sus facultades y, con ello, gran parte de su poder interno, ya que la intención es dividir esa área en dos: una Secretaría Administrativa y una Secretaría Parlamentaria.

“Esta reforma tendría sin lugar a dudas una repercusión importante en la estructura administrativa de este Poder, que redundará de manera beneficiosa tanto en la tarea del manejo de los fondos como en la del dictado de las normas jurídicas”, explicaron en los fundamentos los legisladores Roque Cativa (quien fue secretario del cuerpo durante la vicegobernación del peronista Fernando Juri), el titular del bloque Tucumán Crece, Ramón Santiago Cano, el presidente subrogante del cuerpo, Julio Silman, y el propio Juri, entre otros.

Desde octubre de 2015, cuando asumió la actual conformación del Poder Legislativo, quien ejerce el cargo de secretario es Claudio Antonio Pérez, un empleado de carrera que se incorporó en la gestión del ex vicegobernador bussista Raúl Topa (1995-1999). Heredó el cargo del actual legislador peronista Juan Antonio Ruiz Olivares. Pérez, quien es objeto de una investigación penal por una denuncia del peronista disidente Oscar López, había estado a cargo de la Tesorería de la Legislatura en el año electoral, cuando estalló el escándalo de la ruta de las valijas cargadas con millones para supuestos subsidios -eran trasladadas en una camioneta oficial sin identificación desde una sucursal bancaria céntrica hasta la sede parlamentaria de Muñecas 951-. Más allá de la exposición mediática que tuvo por esa investigación, el actual secretario es un funcionario de perfil bajo, al punto que no suele brindar entrevistas.

El proyecto del peronista Cativa apunta a escindir esa área estratégica del cuerpo. “(La reforma propuesta) versa fundamentalmente en la creación de una Secretaría Parlamentaria o Legislativa, con el objeto de equiparar la estructura a las ya existentes Prosecretarías Legislativa y Administrativa”, detalló el peronista. Añadió que, por el rol que ocupó durante la vicegobernación de Juri, conoció “desde adentro” el reglamento interno de la Legislatura y “tanto el funcionamiento administrativo como parlamentario de este poder”. “Por los albores de los años 90, por imperio de una nueva Constitución que pasaba de un sistema bicameral a un sistema unicameral, y regresando de una intervención federal, se tornaba indispensable el dictado de una norma reglamentaria para el nuevo sistema unicameral del Poder Legislativo. De allí surge este reglamento interno”, recordó Cativa en los fundamentos.

El peronista -junto a sus colegas firmantes- destacó que esa normativa preveía la existencia de dos prosecretarías, una con competencia parlamentaria (hoy está a cargo de Jorge Alberto Elías) y otra con competencia administrativa (el responsable es Oscar Fiorito). “Sin embargo -señaló Cativa- este criterio no se utilizó a la hora de crear la secretaría, que es el órgano de mayor jerarquía dentro de la estructura”. Según el oficialista, las responsabilidades de este funcionario resultan “sumamente abarcativas” y “no pueden ni deben recaer sobre una persona”. “La sana práctica legislativa nos indica que ambas tareas, la legislativa como la administrativa, son de una envergadura tal que deben, sin lugar a dudas, ser desempeñadas no por una sino por dos personas: una que se aboque exclusivamente a la administración de los fondos públicos y la otra a una materia que es sumamente importante, como es la tarea legislativa, ya que este poder es el encargado por imperio de nuestra carta magna del dictado de las leyes y ello requiere una dedicación de exclusiva y excluyente”, planteó el peronista.

Autoridades de la Legislatura consultadas por este diario señalaron que, por ahora, la propuesta para crear dos secretarías no figura en la agenda. De todas formas, indicó el vocero interrogado, el proyecto pasó el martes por mesa de entradas del cuerpo parlamentario. Antes, según la fuente, el texto fue revisado por el propio vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
SUMAN INICIATIVAS PARA LA ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL PARA EL USO DEL CANNABIS MEDICINAL
Esta semana, la Casa Rosada promulgó la ley nacional que habilita la investigación y el uso medicinal del cannabis (planta de la que se extrae la marihuana) con el objetivo de buscar métodos alternativos para el tratamiento de diversas enfermedades graves, algo que reclamaban distintas ONG del país. En Tucumán los legisladores están impulsando la adhesión a esa normativa. “Esta ley tiene por objetivo ‘establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”, indica la propuesta de Javier Pucharras (PJ) y otros oficialistas. La también peronista Silvia Rojkés, en su iniciativa, explicó que “el desarrollo de las investigaciones científicas sobre el uso medicinal del cannabis alrededor del mundo ofrece un avance importante para el tratamiento de enfermedades como epilepsia refractaria y cáncer”. El radical José Canelada, en su proyecto, consideró importante “que nuestro país cuente con medidas que regulan el uso terapéutico del cannabis, (ya que) va a permitir el acceso de los pacientes de forma legal al cannabis medicinal”. Días atrás, Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) propuso también la adhesión a la ley nacional, advirtiendo que tanto la producción como prescripción de la medicina estarían bajo la órbita del Estado.