24 Abril 2017
Más allá de los discursos oficiales y de los compromisos públicos de trabajar en conjunto, pocas cosas son tan reveladoras de la falta de cooperación entre dos administraciones como los problemas que se trasladan a las más domésticas situaciones. Que se pretenda hacer cargo a los pasajeros de avión que viajan desde Tucumán, o hasta Tucumán, del costo de viajar hasta Termas de Río Hondo, a causa del cierre durante tres meses del aeropuerto Benjamín Matienzo, es un indicio cabal de la poca buena voluntad que, en esta coyuntura, existe entre la Nación y la Provincia. Y si bien las diferencias políticas son legítimas en toda democracia, lo inadmisible es que se perjudique a los tucumanos por esta disputa.
Con respecto a la Nación, el argumento brindado hace unos días por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para justificar que la Nación se desentiende de financiar el traslado de pasajeros, deja mucho que desear. El funcionario asegura que la Casa Rosada costeó el traslado de los mendocinos, cuando su aeropuerto cerró también por refacciones, porque las obras no habían sido anunciadas con suficiente antelación. En Tucumán, en cambio, sí se avisó con anterioridad, justificó. El argumento no sólo es de dudosa justicia (suena injusto para los tucumanos que otros argentinos, ante igual inconveniente, gocen de un beneficio que ellos no tendrán); sino que trasunta un prejuicio. Pareciera que la Nación supone que los tucumanos viajan en avión sólo por comodidad, así que debieron prever una escala extra para su periplo de placer. ¿Ignora el Gobierno central lo que son las urgencias, personales, familiares o por negocios?
En cuanto a la Provincia, su postura de que la Nación y sólo la Nación debe hacerse cargo del traslado para ignorar toda una dimensión de este problema: el aeropuerto será cerrado para una ampliación de $ 500 millones, y a la totalidad de la inversión la costeará la Nación. ¿No podría entonces, Tucumán, como gesto de reciprocidad y buena voluntad, hacerse cargo del traslado de los pasajeros hasta Las Termas, o desde Río Hondo?
En esta riña de dos administraciones por desentenderse de los tucumanos pareciera que todo se reduce a que a nadie le importa los problemas que se genera a los tucumanos, sino solamente culpar al otro por ese problema.
En medio, las autoridades deben dar una solución porque, de lo contrario, los tucumanos serán, desde junio y hasta agosto, inclusive, argentinos sin aeropuerto en el distrito donde viven, que deben costear de su bolsillo el viaje a extraña jurisdicción para tomar un vuelo de cabotaje. Eso es estar muy cerca de ser ciudadanos de segunda.
Precisamente, en lo que a los tucumanos respecta, esta es una buena oportunidad para realizar el ejercicio ciudadano de la conciencia y advertir que la Provincia, con 1,5 millón de habitantes, según el Censo 2010, cuenta solamente con un aeropuerto; mientras que Santiago del Estero, con 900.000 habitantes, posee dos.
Tampoco habría que perder de vista que los tucumanos ya deben pagar un elevado costo para trasladarse al Benjamín Matienzo, porque ni siquiera hay un servicio de colectivos hasta la aeroestación, como lo hay en todas partes.
Ahora, además, los tucumanos deberán pagar el costo de trasladarse a otra provincia. Y si viajan en el primer vuelo, ¿deberán ir la noche anterior a desvelarse al aeropuerto de Las Termas, o pagarse un hotel allá? ¿No será mucho?
Con respecto a la Nación, el argumento brindado hace unos días por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para justificar que la Nación se desentiende de financiar el traslado de pasajeros, deja mucho que desear. El funcionario asegura que la Casa Rosada costeó el traslado de los mendocinos, cuando su aeropuerto cerró también por refacciones, porque las obras no habían sido anunciadas con suficiente antelación. En Tucumán, en cambio, sí se avisó con anterioridad, justificó. El argumento no sólo es de dudosa justicia (suena injusto para los tucumanos que otros argentinos, ante igual inconveniente, gocen de un beneficio que ellos no tendrán); sino que trasunta un prejuicio. Pareciera que la Nación supone que los tucumanos viajan en avión sólo por comodidad, así que debieron prever una escala extra para su periplo de placer. ¿Ignora el Gobierno central lo que son las urgencias, personales, familiares o por negocios?
En cuanto a la Provincia, su postura de que la Nación y sólo la Nación debe hacerse cargo del traslado para ignorar toda una dimensión de este problema: el aeropuerto será cerrado para una ampliación de $ 500 millones, y a la totalidad de la inversión la costeará la Nación. ¿No podría entonces, Tucumán, como gesto de reciprocidad y buena voluntad, hacerse cargo del traslado de los pasajeros hasta Las Termas, o desde Río Hondo?
En esta riña de dos administraciones por desentenderse de los tucumanos pareciera que todo se reduce a que a nadie le importa los problemas que se genera a los tucumanos, sino solamente culpar al otro por ese problema.
En medio, las autoridades deben dar una solución porque, de lo contrario, los tucumanos serán, desde junio y hasta agosto, inclusive, argentinos sin aeropuerto en el distrito donde viven, que deben costear de su bolsillo el viaje a extraña jurisdicción para tomar un vuelo de cabotaje. Eso es estar muy cerca de ser ciudadanos de segunda.
Precisamente, en lo que a los tucumanos respecta, esta es una buena oportunidad para realizar el ejercicio ciudadano de la conciencia y advertir que la Provincia, con 1,5 millón de habitantes, según el Censo 2010, cuenta solamente con un aeropuerto; mientras que Santiago del Estero, con 900.000 habitantes, posee dos.
Tampoco habría que perder de vista que los tucumanos ya deben pagar un elevado costo para trasladarse al Benjamín Matienzo, porque ni siquiera hay un servicio de colectivos hasta la aeroestación, como lo hay en todas partes.
Ahora, además, los tucumanos deberán pagar el costo de trasladarse a otra provincia. Y si viajan en el primer vuelo, ¿deberán ir la noche anterior a desvelarse al aeropuerto de Las Termas, o pagarse un hotel allá? ¿No será mucho?