Una tragedia que se pudo evitar

Julio César Díaz Lozano - Ex vicegobernador (1991/1995)

Tucumán volvió a padecer una de las peores inundaciones de su historia, porque no se hizo absolutamente nada para evitarlas o, al menos, controlarlas. Nuevamente la provincia enfrenta un panorama de destrucción de infraestructura pública, pérdida de cultivos, de viviendas y de bienes de miles de personas sometidas a un estrés que compromete su salud y donde el Gobierno acude con aspirinas a resolver un tema que requiere cirugía mayor.

Los estudios sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos de la Provincia los inicia en 1950 la empresa alemana Capri. Entre 1958 y 1960 continúa los estudios la empresa italiana Edison. Y, en 1993, la Legislatura que presidí, organizó un seminario-taller conjuntamente con la UNT y la Tecnológica Nacional con la participación de profesionales y técnicos idóneos en las diferentes disciplinas, que concluyó elaborando un trabajo llamado “Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos y Control de las Inundaciones en la Cuenca Superior del Río Salí”. Este trabajo tomó como base de información un trabajo del año 1991 conformado por 25 tomos y 130 mapas preparados por Agua y Energía y financiado por el CFI, y en cuya formulación intervinieron 40 profesionales.

Las acciones propuestas en el plan para la sistematización de cuencas incluyeron la corrección de torrentes en montaña, reforestación de bosques protectores de laderas, construcción de embalses para cubrir déficit periódicos de agua y regular crecientes con el objetivo de disminuir la velocidad del agua y el arrastre de sólidos; generación de energía eléctrica, y sistematización y mantenimiento permanente en la llanura de los cauces de ríos y arroyos para favorecer el escurrimiento del agua.

Las obras incluían la construcción de los diques Potrero del Clavillo, Potrero de las Tablas, y otros embalses de menor volumen como “El Cajoncito”, “El Sauzal” y “El Brete”, obras de protección de márgenes de ríos y arroyos en ciudades, aprovechamiento energético de La Angostura-Los Sosa y construcción de sistemas para uso de riego. Asimismo, se preveía un sistema de control para cumplir con las exigencias de alerta temprana y correcto manejo del agua en los principales embalses: Cadillal, Escaba e incluso Río Hondo.

Las obras con financiamiento del BID, o el Banco Mundial, tendrían a valores actuales, y con la reformulación del dique Potrero del Clavillo un costo aproximado de 1.000 millones de dólares pagaderos en 20 años, a razón de 65 millones de dólares anuales incluyendo intereses. La gestión Alperovich-Manzur tuvo un presupuesto extraordinario, pues de 350 millones de dólares en 2003 se pasó a un presupuesto promedio de 2.500 millones de dólares entre el 2004 y el 2017 (el actual es de 3.500 millones de dólares).

Si se efectuaban las obras señaladas, a la actividad económica en su conjunto le hubieran ingresado 200 millones de dólares anuales sólo en concepto de generación de energía eléctrica y mayor producción agropecuaria, sin considerar beneficios como la provisión de agua para poblaciones e industrias, actividades turísticas y deportivas y la generación de trabajo genuino. Con esto, el Gobierno hubiera generado ingresos anuales superiores, incluso, a la amortización de las obras.

Absolutamente nada se hizo, a pesar que el Banco Mundial y el BID permanentemente piden a los países y provincias que les entreguen sus proyectos de infraestructura para financiarlos. Seguramente no lo hicieron, por el control estricto que estos organismos ejercen sobre el uso de los dineros que prestan. La acción del Gobierno no puede limitarse a actuar sobre las consecuencias de fenómenos que se pueden controlar trabajando sobre las causas que los producen.