07 Mayo 2017
SIN PRONUNCIAMIENTO. Lozano explicó las razones de la Iglesia. foto de archico
BUENOS AIRES.- El presidente de la Conferencia Episcopal de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, afirmó ayer que el obispado “no tiene en agenda tratar el fallo de la Corte Suprema de Justicia” que aplicó el principio de 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad, y negó que estén “impulsando medidas de reducción de penas o de anulación de juicios” por crímenes cometidos durante la última dictadura.
“No hemos tratado ni tenemos en agenda tratar el fallo y tampoco estamos impulsando medidas de reducción de penas ni de anulación de los juicios que se llevan adelante”, sostuvo el también arzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo, al referirse al fallo dictado por mayoría por los miembros del máximo tribunal.
Lozano aseguró que a los obispos los “tomó de sorpresa” la medida que permite la libertad de un represor por aplicación de la “ley más benigna” en la misma semana que se desarrolló en Pilar la asamblea plenaria con un centenar de obispos de todo el país y que el miércoles escuchó testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y de familiares de víctimas de la acción de la guerrilla en la década del ‘70.
“Para mí, fue una infeliz coincidencia. Nada tuvo que ver una cosa con la otra”, manifestó el religioso quien aseguró que “desde la Pastoral Social” no sabían sobre el fallo de la Corte “ni siquiera que se estaba estudiando”.
En forma personal, el arzobispo de San Juan de Cuyo, cuestionó la ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, por su “origen no legítimo en cuanto a que busca reducir las penas para apurar a la justicia, cuando (la justicia), siendo que lo que tendría que hacer es trabajar de acuerdo a los ritmos procesales adecuados en lugar de que haya reducción de condena”.
“Entiendo que el fallo no tiene que ver con el reconciliar o no reconciliar (sino que) la intención es otorgar un beneficio a los que están condenados por delitos de lesa humanidad en un caso”, sostuvo el obispo tras aclarar que “no” leyó los fundamentos.
Durante la entrevista, Lozano indicó que la asamblea de la Pastoral Social no tenía previsto emitir documento o declaración alguna.
En cuanto a la situación social del país, Lozano aseguró que la Iglesia “sigue con preocupación el incremento del déficit alimentario de la gente que no llega a fin de mes”.
“Hay reclamos de alimentos en Cáritas, capillas, parroquias y los comedores de los barrios han incrementado la gente que acude y hay merenderos o comedores nuevos que indica el déficit alimentario de la gente que no llega a fin de mes”, detalló el titular de la Conferencia Episcopal. (Télam)
“No hemos tratado ni tenemos en agenda tratar el fallo y tampoco estamos impulsando medidas de reducción de penas ni de anulación de los juicios que se llevan adelante”, sostuvo el también arzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo, al referirse al fallo dictado por mayoría por los miembros del máximo tribunal.
Lozano aseguró que a los obispos los “tomó de sorpresa” la medida que permite la libertad de un represor por aplicación de la “ley más benigna” en la misma semana que se desarrolló en Pilar la asamblea plenaria con un centenar de obispos de todo el país y que el miércoles escuchó testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y de familiares de víctimas de la acción de la guerrilla en la década del ‘70.
“Para mí, fue una infeliz coincidencia. Nada tuvo que ver una cosa con la otra”, manifestó el religioso quien aseguró que “desde la Pastoral Social” no sabían sobre el fallo de la Corte “ni siquiera que se estaba estudiando”.
En forma personal, el arzobispo de San Juan de Cuyo, cuestionó la ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, por su “origen no legítimo en cuanto a que busca reducir las penas para apurar a la justicia, cuando (la justicia), siendo que lo que tendría que hacer es trabajar de acuerdo a los ritmos procesales adecuados en lugar de que haya reducción de condena”.
“Entiendo que el fallo no tiene que ver con el reconciliar o no reconciliar (sino que) la intención es otorgar un beneficio a los que están condenados por delitos de lesa humanidad en un caso”, sostuvo el obispo tras aclarar que “no” leyó los fundamentos.
Durante la entrevista, Lozano indicó que la asamblea de la Pastoral Social no tenía previsto emitir documento o declaración alguna.
En cuanto a la situación social del país, Lozano aseguró que la Iglesia “sigue con preocupación el incremento del déficit alimentario de la gente que no llega a fin de mes”.
“Hay reclamos de alimentos en Cáritas, capillas, parroquias y los comedores de los barrios han incrementado la gente que acude y hay merenderos o comedores nuevos que indica el déficit alimentario de la gente que no llega a fin de mes”, detalló el titular de la Conferencia Episcopal. (Télam)
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