Ley aprobada en Mendoza: los presos estarán obligados a trabajar y capacitarse

MENDOZA.- La Cámara de Diputados de Mendoza convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo -que venía con media sanción del Senado- y que obliga a que los presos trabajen y se capaciten, con el fin de disminuir los índices de reincidencia.

El proyecto de ley sobre la "Reforma del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza Ley 8465" fue aprobado en Diputados -al igual que en su tratamiento ayer en el Senado- por amplia mayoría y con el respaldo del PJ-FpV.

El bloque conformado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) rechazó el proyecto, mientras que se abstuvieron de la votación los legisladores Lucas Ilardo y Patricia Galván, del Frente para la Victoria (FpV).

La reforma convoca por primera vez a las víctimas del delito a participar en el sistema penal y crea un régimen que traza ejes que promueve que los presos trabajen y se capaciten para conseguir disminuir los índices de "reiterancia" y reincidencia de quienes están privados de su libertad, informó la agencia Télam.

"Nuestra reforma encara una puesta en dirección al trabajo, limitando el derecho al ocio y con la idea de replicar la realidad externa adentro de muros", explica parte del fragmento de la propuesta enviada por el Ejecutivo.

"Quien se encuentra allí deberá estar en actividad, lo que le permitirá una vida mejor para él y para quienes se encuentren en derredor, pero a su vez para estar mejor preparado para volver a la sociedad, para que ésta pueda recibirlo y éste tenga conocimientos que le permitan trabajar legalmente", agregan los fundamentos.

Desde el bloque oficialista la diputada Analía Jaime explicó que ?este proyecto tiene como objetivo la reinserción social a través de la educación, la capacitación y el trabajo, de las personas condenadas" y resaltó que es significativo ?que lo haya planteado el gobernador en la agenda pública y en la de gobierno".

Desde el FIT los diputados Héctor Fresina y Lautaro Jiménez señalaron que "nada en esta ley indica que algo va a cambiar", refiriéndose a que "no se ha destinado ninguna inversión y presupuesto", para "acondicionar" las instalaciones de las cárceles que permitan a los presos trabajar.