La ley que deniega el 2x1 a represores tiene más sentido político que jurídico, dice Donda

BUENOS AIRES.- La diputada nacional por Libres de Sur Victoria Donda afirmó que la ley aclaratoria del 2x1 sancionada la semana pasada por el Congreso no era necesaria en función de la normativa vigente, y agregó que al promulgarla se buscó darles un respaldo a los jueces que actúan en causas de lesa humanidad.

“Hay una ley, la 27.156, que prohibe que haya conmutación de penas en los casos de lesa de humanidad, por eso no era necesario aprobar esta ley aclaratoria del 2x1. Lo que buscamos desde el Congreso es darles un espaldarazo a los jueces cuando deban actuar en casos de lesa humanidad”, señaló Donda. La legisladora consideró que la diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió dijo “pavadas y mentiras” cuando sostuvo que era necesaria una ley aclaratoria sobre la aplicación del cómputo procesal del 2x1.

“Lo que hicieron los jueces de la Corte fue agarrar una ley y aplicarla para un momento en el que no estaba vigente cuando se cometieron los delitos, cuando se procesaron ni mucho menos al producirse la sentencia. Esa no es la manera en la cual debe funcionar el principio de la norma más beneficiosa”, explicó. En su condición de hija de desaparecidos que recuperó la verdadera identidad en su juventud, Donda aseguró que sintió “una gran alegría al ver un pueblo movilizado” contra el fallo que la Corte Suprema produjo en el caso del represor Luis Muiña.

“Viví la movilización del miércoles con gran orgullo, no tanto por mi condición personal, porque creo que eso es algo que no se puede desvincular de lo político. El tema del 2x1 en casos de lesa humanidad se terminó y me parece que ya no se podrá volver a plantear”, observó. Por último, calificó como “importante” que el presidente Mauricio Macri haya manifestado que respaldaba la sanción de la ley aclaratoria del 2x1.

“A pesar de que Macri se haya estrenado como presidente diciendo que no sabía cuál era la cantidad de desaparecidos y haya firmado un decreto para cambiar el 24 de marzo como feriado inamovible, es importante que se haya pronunciado en este tema y haya respaldado esta ley”, puntualizó.

Por su parte, el abogado Marcelo Parrilli consideró que los jueces de la Corte Suprema Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz incurrieron en el delito de “prevaricato” al fallar a favor de un represor de la última dictadura.

El letrado presentó la denuncia contra los magistrados que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuán, pese a la defensa que realizó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Estos indicaron que no se puede atacar a un juez “por el sentido y contenido de sus sentencias”. Si bien Parrilli dijo estar de acuerdo con esa premisa, le advirtió a la entidad que “el problema es que cuando los jueces se apartan manifiestamente de la ley incurren en el delito de prevaricato”.

“Ningún juez puede ser juzgado porque saque una sentencia fundada en derecho e interprete las normas de acuerdo a como el entiende que debe interpretarlas, pero cuando el juez se aparta de la ley que invoca y dicta un fallo contrario a la ley incurre en el delito de prevaricato. Y este, entiendo, es el caso”, justificó.

Asimismo, adelantó que en el marco de su denuncia se pidieron alguna medidas previas que son necesarias como que la Corte remita el certificado del expediente en el que emitió el fallo y al juzgado contencioso administrativo general 6 que remita el amparo de Highton de Nolasco con el estado nacional, a partir del cual el Estado nacional le habilitó a Highton permanecer mas allá de los 75 años, no tener que jubilarse. (Télam-DyN)