30 Junio 2017
SIN VALIDEZ LEGAL. El recuento provisorio de votos se realiza en las escuelas. la gaceta / foto de archivo
El Gobierno nacional y la Justicia protagonizan una pelea silenciosa por el control del escrutinio -recuento de votos- provisorio de las elecciones de agosto.
En ese contexto, la Cámara Nacional Electoral (CNE), el máximo tribunal que entiende en la materia, emitió esta semana una resolución en la que recordó que le pidió al Poder Ejecutivo que brinde mayores herramientas para darle más transparencia, rapidez y seguridad al escrutinio y advirtió que no obtuvo respuestas. Objetó, además, la decisión de contratar a una empresa privada (la española Indra cobrará U$S 25 millones por las internas y las generales) para el escrutinio en todo el país.
La CNE había emitido una serie de acordadas en enero, luego de que no prosperara en el Congreso la llamada “reforma política”.
Los pronunciamientos contenían una serie de medidas tendientes a mejorar tanto la logística de repliegue (después del cierre de la votación) como el recuento de las boletas. Entre las recomendaciones, había considerado que la Justicia electoral de cada distrito debería tener la facultad de contratación para la concreción de los recuentos de votos.
“Pese a reiterados requerimientos de este Tribunal, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la Justicia nacional electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos”, consigna la resolución.
Subraya que no hubo respuestas del Gobierno sobre las propuestas que habían hecho, que incluía el escaneo de telegramas en los lugares de votación (ahora se efectúan en centros donde se centralizan todos los documentos) y la “trazabilidad” (mediante mayores controles) de la documentación electoral.
La Justicia y el Gobierno habían acordado reglar cambios mediante acordadas hasta que se concreten las modificaciones de fondo en el sistema electoral. El Ejecutivo nacional, sin embargo, desoyó los documentos emitidos.
En Tucumán
Hubo una derivación de los desencuentros nacionales en los Tribunales federales locales. El apoderado del Frente Justicialista por Tucumán, Marcelo Caponio, presentó un pedido de informes ante el juez federal N°1 con competencia electoral, Daniel Bejas.
Requirió datos sobre la entidad pública o la empresa contratada para el recuento y acerca de quién cerró el trato. Además, pidió que se aclare bajo la órbita de que dependencia estatal operará la firma contratada, si del Ejecutivo Nacional o la Cámara Electoral.
Reclamó también que se especifique cómo fue el proceso de licitación y cómo se garantizará la custodia de la información.
Encuentro
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con los secretarios electorales del país y con las autoridades de la CNE. “Estamos trabajando desde la Secretaría de Asuntos Políticos y la Dirección Nacional Electoral en colaborar con la Justicia electoral para que en agosto y en octubre las más de 27.900 mesas y los 14.500 establecimientos estén preparados y se pueda garantizar la elección”, resaltó Frigerio.
Destacó que en las PASO se realizará una prueba piloto de digitalización de telegramas, transmisión desde establecimientos de votación y trazabilidad.
El Gobierno adelantó que después de octubre se insistirá con el proyecto de reforma que incluye la bancarización del financiamiento de partidos. De la reunión participaron, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, presidente y vicepresidente de la CNE. Las autoridades gubernamentales y judiciales manifestaron que la polémica acordada no formó parte de la agenda.
Lo más popular
