“Esa carta es totalmente falsa y voy a aportar todas las pruebas a la Justicia”

El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, negó los dichos de Zerda que fueron publicados en LA GACETA

EN EL ESTUDIO. El interventor del Instituto Provincial de Vivienda defendió el funcionamiento de la repartición y negó las supuestas anomalías. la gaceta / foto de Antonio Ferroni EN EL ESTUDIO. El interventor del Instituto Provincial de Vivienda defendió el funcionamiento de la repartición y negó las supuestas anomalías. la gaceta / foto de Antonio Ferroni
04 Agosto 2017

El interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, rechazó las acusaciones de Javier Zerda. El empresario de la construcción había sostenido, mediante una carta publicada por LA GACETA, que un funcionario del instituto le pidió un departamento a cambio de agilizar el trámite de adjudicación de una obra.

“Esa carta es totalmente falsa. Ya voy a hacer los aportes de todas las pruebas a la causa judicial”, se quejó Durán.

El Ipvdu se encuentra en el foco de la opinión pública desde que “Panorama Tucumano” transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en la repartición. Desde entonces, las denuncias se multiplicaron y algunas de ellas sacaron a relucir viejos escándalos en los que estuvo involucrada la repartición.

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Esta semana, la situación de Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales del instituto) empeoró cuando Zerda dijo que el funcionario le pidió un departamento para él si pretendía acelerar un trámite en la repartición. Barrionuevo se encuentra suspendido mientras se lo investiga por sus vínculos con los dueños de Marán Constructora S.R.L. (que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones). En una entrevista con el ciclo televisivo de LA GACETA, el coordinador había negado conocer “de antes” a los dueños de Marán, Sebastián y Martín Nieva. Sin embargo, se comprobó que Barrionuevo es el tío político de los empresarios.

En la misiva que dirigió Zerda a este diario explicó que, en el año 2009, logró aprobar un proyecto sobre un inmueble propio en la localidad de El Chañar (Burruyacu). Ese proyecto se enmarcaba dentro del Programa Federal Plurianual. “Como la adjudicación demoraba más de lo normal, me reuní con el señor Lucas Barrionuevo en un bar céntrico; el mismo me pidió para él un departamento para agilizarme la gestión y sacarme el pago del anticipo”, explicó el empresario. En su relato afirmó que después de una serie de gestiones, algunas de ellas ante el propio Durán, se vio obligado a vender la obra sin haber cobrado el anticipo financiero. Barrionuevo no respondió a los llamados de LA GACETA. Sin embargo, Durán dijo que acudirá a los tribunales provinciales. “Lo que dice esa carta para nada coincide con las pruebas que tengo en mi poder y que van a ser presentadas en la Justicia”, declaró el interventor.

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Desde hace semanas, cuando actuó de oficio, la fiscala Adriana Giannoni lleva adelante una causa por presuntas irregularidades en el Ipvdu. La senadora Silvia Elías de Pérez aseguró que la carta de Zerda será entregada a la Justicia para que sea tenida en cuenta durante la investigación (se informa por separado).

Venta de adjudicaciones

Otra de las complicaciones que enfrenta el Ipvdu está relacionada con la presunta venta de adjudicaciones de casas. El miércoles, “Panorama Tucumano” recordó una entrevista realizada por LA GACETA en 2014, en la que un “arrepentido” contó que Fabio Burgos, entonces empleado del Ipvdu, ofrecía adjudicaciones a cambio de dinero. Las declaraciones corresponden a Daniel Castillo, quien relató que hizo las veces de intermediario entre Burgos y los compradores. El episodio terminó en la Justicia, donde hay diversas causas por este tema (se informa por aparte). “Ese señor (Castillo) habla de una causa vieja que la descubrimos nosotros. Nosotros denunciamos a ese señor y está la denuncia penal”, aseguró Durán. “Se lo dejó fuera de la repartición al empleado que estaba involucrado (Burgos). Y están de testigos todos los que fueron damnificados”, enfatizó.

Además, se le preguntó por las denuncias de Elías de Pérez, quien envió a Giannoni más información sobre presuntas ventas de adjudicaciones. La senadora remitió los nombres de cinco empleados del instituto que habrían estado involucrados en presuntas irregularidades. En el escrito que remitió a la Justicia, la parlamentaria sostuvo que sería Miguel Jiménez Augier (coordinador de Planeamiento Habitacional del Ipvdu) quien manejaría los supuestos ilícitos (ver “Todo esto no es real”, dijo Jiménez Augier”). Sin embargo, el interventor evitó dar mayores explicaciones sobre el tema. “Todo lo vamos a llevar a la Justicia”, concluyó el funcionario.

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