Por un caso pendiente, se oponen a la quema de las urnas de 2015

Los votos de los comicios provinciales controvertidos de 2015 y los recipientes que los contienen son una prueba esencial para esclarecer las distintas denuncias penales acumuladas en una causa radicada en la Justicia Federal de Tucumán. Este es el argumento que esgrimen el dirigente comunal Luis Zelaya y su abogado Alberto Pombo para intentar frenar la destrucción de los materiales de la votación que había anunciado la Junta Electoral Provincial (JEP) semanas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la validez de las elecciones. La decisión sobre el destino de las urnas, las boletas y demás actas de escrutinio depende del juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, quien hasta ayer no se había expedido sobre el planteo de Zelaya y de Pombo.

Darío Almaraz, secretario de la JEP, confirmó que, mientras no haya una orden judicial en sentido contrario, la decisión de destruir el material sigue en pie. La Junta se había propuesto ejecutar esa tarea este viernes, en un predio ubicado en El Cadillal. Zelaya, ex candidato a jefe comunal de El Naranjo, y el letrado Pombo comunicaron a la Junta que pretendían que todo siguiese como está, pero esa presentación fue rechazada con las firmas de Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y de Julio Silman, presidente subrogante de la Legislatura. El Estado provincial ya gastó $ 4,9 millones en la custodia de los papeles y cajas de cartón: se trata de 24 meses de alquiler de un depósito y de servicios de gendarmes afectados a la vigilancia. “Sí estamos evaluando alternativas a la incineración”, explicó ayer Almaraz, quien dijo que existía la idea de permitir el reciclaje y aprovechamiento económico de los papeles y cartones que alguna vez fueron votos y urnas “decisivos”.

Si prosperara el pedido de Zelaya y de Pombo en la Justicia Federal, habría que ver quién se hace cargo de los costos de la conservación de la prueba durante un plazo que parece cuanto menos incierto. Ocurre que en los dos años transcurridos desde las denuncias de irregularidades en los padrones, y en la actuación de agentes de Gendarmería y del Correo Argentino todo el proceso se concentró en la cuestión de la competencia. Recién en mayo de este año, la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal con sede en la capital del país, resolvió que la Justicia Federal de Tucumán investigue las anomalías que detectaron Zelaya, y José Cano y Domingo Amaya, ex candidatos a gobernador y vicegobernador del Acuerdo para el Bicentenario (ver “Impugnación rechazada”). Antes, el juez Poviña primero y, luego, los camaristas Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar habían resuelto que el proceso sea sustanciado en la Justicia provincial. Se trata sin dudas de la causa más atrasada de las iniciadas a partir de los comicios polémicos de 2015, entre las que hay expedientes en trámite por desmanes y destrucción de urnas en localidades del interior.