Llega al Concejo el conflicto por la concesión de la Línea 11

La resolución al conflicto de la concesión de la Línea 11 está en el Concejo. La Municipalidad capitalina envió al cuerpo vecinal el pliego para el nuevo llamado a licitación del recorrido cuya explotación se mantiene en pugna desde comienzos de año. La Justicia dispuso que la cautelar que le devolvió la explotación de la línea a Inverbus SA -propiedad de Oscar Alonso-, tenga vigencia hasta que se concrete una nueva licitación.

El expediente ingresó al Concejo el 1 de junio y fue girado a la comisión de Peticiones y Poderes, que preside Sandra Manzone (Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos). Deberá debatirse también en Tránsito y en Hacienda. “Solicitamos un informe al despacho de Asesoría Legal del cuerpo, como paso previo a que comencemos con el análisis del pliego. El Concejo debe emitir dictamen, aprobar el pliego y ahí el municipio debe llamar a licitación. El proceso es extenso”, explicó Manzone.

El vicepresidente de la comisión de Transporte, José “Lucho” Argañaraz (UCR-Cambiemos), consideró que el llamado a licitación de la Línea 11 colaborará a mejorar la calidad del servicio. “Entendemos en la comisión de Transporte que el pliego debe tratarse a la brevedad. Con la licitación entendemos que mejorará ostensiblemente el servicio”, consideró el radical. Insistió en que los ediles asumieron el compromiso de mejorar el transporte de colectivos y reiteró que, antes del último incremento (en enero pasó de $ 6,95 a $ 9,35), se pidió que los empresarios cumplieran el compromiso de incorporar 50 unidades nuevas con aire acondicionado.

“Desde el bloque Tucumán Crece-PJ tenemos toda la predisposición para sanear cualquier situación de irregularidad producida por la Intendencia, para que los vecinos tengan un mejor servicio”, coincidió David Mizrahi, integrante de la comisión de Hacienda, con la postura de Argañaraz.

La Municipalidad ya licitó este año las líneas 10 y 12. La Capital extendió por una década la concesión a las firmas Autobuses Santa Fe y otros SRL (de Jorge Berreta) y Empresa de Servicios Jacarandá UTE (propiedad de Alcides Courtade, César Atim y Tomás Burke). Como las firmas ya explotaban esos recorridos, no se alteró el mapa de las empresas del transporte público.

El conflicto por la línea 11 había comenzado en diciembre. La Municipalidad decretó la caducidad de la concesión a la firma Inverbus SA, que explotaba el servicio, y se la adjudicó de modo precario a Leagas SA (la firma, Jorge Alberto Mihelj y Berreta). Los jueces de la Sala I en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, emitieron una cautelar que ordenó al municipio a devolver la concesión a la firma de Alonso.

El conflicto tiene un capítulo penal. En febrero, Mihelj denunció ante la Fiscalía de Instrucción de la V°, a cargo de Washington Navarro Dávila, que Ruiz y Castellanos habrían cometido el delito de prevaricato (cuando se dictan sentencias contrarias a la ley basadas en hechos falsos). También adjudicó un supuesto tráfico de influencias contra Sergio Gandur, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo e hijo del presidente de la Corte, Antonio Gandur. El juez de Instrucción Juan Francisco Pisa, en consonancia con un planteo del presidente de la Corte, anuló los actos investigativos y desplazó del caso a Navarro Dávila.

Este mes, los vocales de la Sala I, dictaron una sentencia por la que dejaron firme la cautelar hasta que se concrete un nuevo llamado a licitación.