Algunos exhibirán sus bienes y otros se acogen a la ley

Algunos se muestran más reacios que otros. Sin embargo, coinciden en que es un debate que debe darse y que la legislación provincial debería actualizarse. Tres intendentes de municipios de la provincia sumaron su voz a la discusión por la difusión de las declaraciones juradas de los funcionarios tucumanos que ocupan cargos públicos.

El intendente de Concepción, Roberto Sánchez, dijo que ya están trabajando en la adecuación a lo que manda la ordenanza de Ética Pública, aprobada en junio por el Concejo Deliberante local, y que estima que en 10 días estarán listos los formularios para ser completados por los funcionarios. “Me parece muy bien que se lo haga. Por eso ahora el secretario de Hacienda y la gente de la Dirección de Despacho están definiendo cómo van a ser los formularios”, precisó el referente de Cambiemos.

Además, el ex legislador opinó que en algún momento el gobernador, Juan Manzur, deberá tomar una decisión al respecto y adherir a la norma nacional. “La presión de la comunidad se lo va a pedir”, graficó Sánchez.

La Ley provincial N° 3.981 establece la obligatoriedad para los funcionarios de informar -en detalle- sobre sus pertenencias, con especificación de la fecha de adquisición, lugar de radicación (en el país o en el extranjero), costo de origen, rentas y deudas. Además, fija que deban brindar precisiones sobre los bienes de sus cónyuges y de sus hijos menores. Sin embargo, en el artículo sexto de esa norma, sancionada en 1973, se especifica que las declaraciones deberán presentarse en sobre cerrado, lacrado y firmado. Indica, además, que tendrán carácter secreto y que sólo podrán ser abiertas ante requerimiento de un juez, investigaciones sobre enriquecimiento ilícito o situaciones similares. Esa es la principal diferencia con el texto legal de la Nación, que pone a disposición de la ciudadanía las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. En esta semana, los intendentes de la capital, Germán Alfaro; y de Yerba Buena, Mariano Campero, hicieron públicos sus bienes: el peronista declaró poco más de $ 2 millones, mientras que el radical exhibió como bien sólo un auto modelo 2010 valuado en unos $ 155.000.

Javier Noguera, intendente de Tafí Viejo, se mostró más cauto que sus colegas. Señaló que como funcionario su obligación es “estar a derecho”, y que por lo tanto mientras no se aggiornen las normas provinciales no hay obligación de hacer pública las declaraciones juradas. “La legislación de Tucumán no indica eso”, insistió. No obstante, aclaró que le parece muy positivo “que con las leyes se busque la mayor transparencia”. “Abogo por que se modifiquen las normas actuales”, planteó el oficialista.

“Es saludable tener la posibilidad de expresarle a la comunidad cuál es el patrimonio con el que comenzamos nuestra función pública y con el que terminamos”, planteó el intendente de Alderetes, Sergio Venegas. El peronista aclaró que al asumir su función como intendente ha realizado ante escribano público su manifestación de bienes y que esa documentación está guardada en la escribanía por si alguien la requiere. Igualmente, aseguró que no descarta la idea de publicar en la web su DDJJ y las de sus funcionarios.