Gobernadores peronistas y aliados al macrismo definen su postura ante la Nación

Elevarán un documento a la Casa Rosada, para advertir que no cederán recursos. “No tenemos por qué ceder fondos que son de los tucumanos”, dijo Manzur, ante el reclamo judicial de la bonaerense Vidal.

ANTES DE VIAJAR. Manzur y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, inauguraron obras en una escuela junto al interventor de la Caja, Armando Cortalezzi. prensa gobierno de tucumán ANTES DE VIAJAR. Manzur y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, inauguraron obras en una escuela junto al interventor de la Caja, Armando Cortalezzi. prensa gobierno de tucumán
06 Septiembre 2017

La puja por la distribución de los fondos coparticipables volverá al centro de la escena política. La mayoría de los gobernadores, incluidos algunos oficialistas, se plantará ante la Casa Rosada. La intención, sostienen los mandatarios, es que un eventual fallo de la Corte Suprema de la Nación en favor de Buenos Aires, por el Fondo del Conurbano, afecte lo menos posible las arcas de sus distritos. Si el máximo tribunal le da la razón al gobierno de María Eugenia Vidal, el resto de los distritos podrían dejar de recibir entre $ 1.500 y $ 7.000 millones anuales. En el caso de Tucumán, serían $3.500 millones.

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Si bien el reclamo es motorizado por los peronistas, de la cumbre de hoy al mediodía en Capital Federal participarán referentes y aliados de Cambiemos. Confirmaron los radicales Ricardo Colombi (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy). Hasta ayer no habían contestado a la invitación el santafesino Miguel Lifschitz ni el rionegrino Alberto Weretilneck. Además de Juan Manzur, serán de la partida los justicialistas Domingo Peppo (Chaco), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalaqua (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Juan Schiaretti (Córdoba) y Lucía Corpacci (Catamarca).

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Se discutirá una propuesta para la Nación que podría compensar la eventual merma de recursos. Trascendió que trabajaron en los últimos días en un documento cuyo eje sería que se bajen los impuestos que “penalizan la producción” y quitan competitividad a los productores del interior. También abordaría la necesidad de que se devuelvan a las provincias los recursos de coparticipación que les corresponden por ley y que retiene la administración central por las excepciones en el reparto. La baja de la alícuota del Impuesto al Cheque sería otro de los puntos clave. De los ingresos provenientes por ese tributo, se coparticipa el 30%, por lo que el interior recibe sólo el 17% del total. A cambio, ofrecen bajar la alícuota de Ingresos Brutos en los distritos.

“Llevo la postura de los tucumanos para decir que no estamos dispuestos a entregar un centavo de lo que nos corresponde por ley”, adelantó Manzur ayer, antes de partir para Capital Federal. Reiteró el discurso que vienen sosteniendo los mandatarios justicialistas.

“La situación que ha planteado Buenos Aires, a través de la gobernadora Vidal, tiene que ver con plata que nos quieren quitar a las provincias. Veremos de consensuar una postura firme vinculada al dinero que es de los tucumanos, porque no tenemos por qué ceder a otra provincia fondos que nos corresponden por ley”, concluyó.

En la demanda que realizó el año pasado ante la Corte, Vidal requirió la eliminación del tope de $ 650 millones del Fondo del Conurbano, impuesto en 1995.

Si el reclamo avanza, obtendría una actualización de $ 53.000 millones. Luego de las Primarias de agosto, la gobernadora aseguró que mantendrá su postura. El presidente, Mauricio Macri, respaldó públicamente su reclamo.

El Fondo del Conurbano fue creado por ley en 1991. En un principio, establecía que, además de los porcentajes fijados en la ley de Coparticipación, Buenos Aires recibiría el 10% de lo que la Nación recaudara por impuesto a las ganancias. Como esa recaudación se incrementó mucho más que el resto de los impuestos coparticipables, las provincias se quejaron. El conflicto se saldó en 1995, cuando se dispuso fijar un tope de transferencias a Buenos Aires por ese concepto de $ 650 millones (por entonces equivalentes a la misma cantidad de dólares) y que el excedente se repartiera entre el resto de las provincias.

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