Junto a De Vido, cerca del juicio oral por corrupción en la obra pública

BUENOS AIRES.- La ex presidenta, Cristina Fernández, y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido quedaron a las puertas del juicio oral y público por corrupción con la obra pública, ya que la Cámara Federal confirmó sus procesamientos por asociación ilícita y defraudación al Estado.

La Sala I del tribunal de alzada confirmó, además, el procesamiento de los detenidos ex secretario de Obras Públicas, José López y el empresario Lázaro Báez e incluyó al ex subsecretario del área, Abel Fatala, quien en primera instancia tenía falta de mérito.

Esto implica que la ex mandataria y el resto de los imputados quedaron a un paso del juicio oral y público en esta causa por presunta corrupción. Los embargos alcanzaron los $ 10.000 millones para cada uno de los involucrados.

Procesaron a Martín Báez en la causa por concesiones de obra pública en la que investiga a su padre

“La matriz delictiva se habría instrumentado a través de una estructura administrativa jerarquizada, donde la ex presidenta no podía ignorar las especiales características de la maniobra. Ello así, puesto que conocía la estrecha relación de amistad de su marido (el ex presidente, Néstor Kirchner) con Báez y la extraordinaria evolución patrimonial del nombrado -ambas de público y notorio conocimiento-, que fue producto exclusivamente de la obra pública vial en su provincia”, sostuvo el fallo.

Y “así como la circunstancia de que Báez recién comenzara a desarrollar dicha actividad empresaria al inicio de la gestión presidencial de su cónyuge (Néstor Kirchner), que luego perduró y se incrementó aun durante su propia gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional”, añadió.

Al igual que en el caso de De Vido, por la “extraordinaria envergadura y progresión de las maniobras” que no podían pasar “desapercibidas”, el fallo destacó “la elevada posición que ocupaba Cristina Fernández dentro de la estructura del Estado, la cual ofrecía mayores posibilidades de incidir -por jerarquía- en la maniobra defraudatoria ejecutada con intervención de funcionarios subalternos, asegurando la continuidad de la misma durante su gobierno”.

Cristina “ejercía el gobierno de la Nación y se encontraba en la cima de la estructura administrativa del Estado. Por tanto, todos los funcionarios que intervenían en el circuito de la obra pública eran sus subordinados y en particular el ministro de Planificación Federal, que era la máxima autoridad en materia de obra pública vial, dependía directamente de la encartada”. (DyN/Télam/Especial)