Caso viviendas: cesa la investigación del Ipvdu contra un funcionario

En el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) no se avanzará, por ahora, en la investigación contra el coordinador de Programas Federales Lucas Barrionuevo. El martes, el interventor Gustavo Durán firmó una resolución por la cual se suspendió la investigación administrativa a la que estaba sometido Barrionuevo. “Esto no implica que se lo absuelve ni que se lo culpa”, explicó la subinterventora Noemí Ferrioli. Según la funcionaria, la investigación administrativa será retomada una vez que haya un dictamen en el fuero penal, donde la fiscala Adriana Giannoni analiza una serie de supuestos ilícitos en el Ipvdu.

El 12 de julio, “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA, transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en el Instituto. Entre los elementos que se trataron en el programa se encontraba el vínculo entre Barrionuevo y dos empresarios de la construcción. En una entrevista, el funcionario había negado conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, dueños de Marán Constructora SRL -empresa que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones-. Sin embargo, se comprobó que los hermanos Nieva son sobrinos políticos de Barrionuevo.

En los días siguientes a la emisión del programa, el coordinador fue suspendido de su cargo y se le abrió un sumario administrativo. Actualmente, ambas medidas quedaron sin efecto ya que el 26 de septiembre terminó el plazo de 45 días de suspensión y el martes se paralizó la investigación en el instituto. “Está con certificado médico, pero mientras tanto puede trabajar”, dijo Ferrioli para explicar que, aunque se encuentra ausente por motivos de salud, Barrionuevo está habilitado para regresar a su trabajo.

La subinterventora agregó que por una disposición legal, cuando los hechos estén siendo analizados por la Justicia, las investigaciones administrativas deben ser suspendidas hasta que se resuelva la cuestión de fondo en los tribunales penales. Allí, Giannoni abrió de oficio una causa en la que se estudian una serie de elementos en torno al Ipvdu y algunos de sus funcionarios. Algunas de las medidas que tomó la fiscala estaban orientadas a determinar cuál es la tarea que desempeña Barrionuevo en la repartición y también a indagar en torno a diversos aspectos de la actividad que desarrolla la empresa Marán. Además, se requirió a diversas entidades bancarias que envíen información acerca del patrimonio del funcionario y de sus sobrinos políticos.

Giannoni avanza

El ex coordinador de Políticas Habitacionales, Miguel Jiménez Augier, es otro de los que atraviesan dificultades en la investigación judicial. A partir de una serie de procesos civiles en los que está involucrado el ex funcionario, se determinó que en una caja de seguridad a su nombre había U$S 500.000. Según un documento, el medio millón de dólares habría pertenecido a Álvaro Arraya, conocido de Jiménez Augier. Pero fuentes judiciales informaron que, cuando fue citado por Giannoni, Arraya negó ser el propietario del dinero. Incluso, según trascendió, Arraya habría relatado que el ex coordinador lo contactó de manera reciente para pedirle que sostenga ante la Justicia que los dólares le pertenecían. Sin embargo, el conocido de Jiménez Augier habría aclarado que solo dijo ser el dueño del dinero para “hacerle una atención por el juicio civil” al ex funcionario.

Esta semana, Giannoni habría citado a la ex pareja de Jiménez Augier, Patricia Ábalos, con el objeto de conocer más detalles sobre el patrimonio del funcionario echado, pero Ábalos no se presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, se analizan diversas alternativas sobre los supuestos ilícitos que se investigan. Una de las posibilidades que se barajan es que se podrían haber configurado los delitos de “enriquecimiento ilícito” y “estafa procesal”.