El Gobernador se comprometió a trabajar en conjunto con la Legislatura para realizar una transformación institucional en la provincia.
Según detalló el interventor del IPV, la medida apunta a ordenar el recupero de la inversión pública, frenar maniobras irregulares y ampliar las respuestas al déficit habitacional en la provincia.
El objetivo de la medida es mejorar los niveles de recupero en los programas habitacionales. La intención es implementar el sistema en especial en futuras adjudicaciones.
En paralelo a una denuncia judicial, el titular del IPVyDU dio inicio a un proceso administrativo. “Los trámites son gratuitos”, recordó Cabral.
Con la entrega de las últimas casas, el Gobierno cerró definitivamente la obra. El IPV monitorea la ocupación obligatoria y advierte que podría rescindir por falta de pago.
Los trabajadores de la administración pública podrán acceder al SAC durante la próxima semana.
Lo aclaró el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Hugo Cabral.
"Esta es la primera vez que una provincia asume un emprendimiento habitacional de esta magnitud con recursos propios", dijo Osvaldo Jaldo.
Pese a que el valor del pago mensual por la adjudicación de una vivienda social “menos de la mitad de un café”, la morosidad ronda el 40%, afirmó el interventor del organismo.
El IPV reanuda la construcción de 120 viviendas; mientras tanto, avanza un ambicioso plan habitacional en toda la provincia.
El gobernador se comprometió a recuperar las 120 viviendas que se iniciaron en 2013, fueron vandalizadas y siguen sin ser entregadas.
Primero se dijo que el municipio se haría cargo de su reubicación, aunque luego se aclaró que es competencia provincial y que la capital sólo aportó un relevamiento.
El gobernador firmó actas para dar cauce al programa "Reconstruir IPVDU". La medida posibilitará reactivar la obra pública.
“Vinieron varias veces de Desarrollo Social y también del Instituto de la Vivienda. Nos prometieron una solución, pero no volvieron más”, le dijo una vecina a LA GACETA.
Adjudicatarios del barrio 110 Viviendas exigen soluciones por las graves deficiencias en sus hogares; calles intransitables, falta de servicios básicos y problemas estructurales.
En ocho parajes de la localidad de El Sacrificio viven 9.000 personas. El 70% de estas está instalada a orillas de conductos de riego
En algunos barrios, hasta el 80% de los dueños eran deudores, contó la interventora Belloni.
