14 Octubre 2017
TRABAJADORES DEL “MÁS CERCA”. La imagen muestra el desarrollo de uno de los 144 proyectos destinados a Tucumán en virtud del plan kirchnerista. fotos de archivo
El 16% de las obras comprendidas en el “Plan Más Cerca” presenta anomalías, según el fiscal federal N°1, Carlos Brito. En el dictamen en el que pidió al juez federal N°1, Daniel Bejas, la indagatoria de funcionarios de segunda línea del Gobierno de José Alperovich y de organismos reguladores, Brito detalló irregularidades en 23 proyectos de la capital y del interior cuestionados por la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos). El fiscal mencionó que el “Más Cerca”, programa emblemático del kirchnerismo, financió 144 trabajos en Tucumán por $ 245 millones y que 111 de ellos estaban inconclusos pese al vencimiento de los plazos para terminarlos: estos datos surgen del informe que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, brindó en junio de 2016, a instancias de Elías de Pérez.
Casi la mitad de las 23 obras objetadas (11) corresponden a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mientras que las 12 restantes pertenecen a comunas y otras ciudades del interior (se informa por separado sobre los proyectos de la capital). Brito analizó los casos de Yánima y El Corralito (La Cocha -tres obras-); Los Puestos (Leales); Las Cejas (Cruz Alta); Siete de Abril (Burruyacu); La Ramada y La Cruz (Burruyacu); Alpachiri (Chicligasta); Concepción; Las Talitas y Lules (dos obras).
Destruida y sin funcionar
El dictamen del 10 de octubre pasado recoge las conclusiones extraídas luego de tres años y nueve meses de investigación. El fiscal consideró que había pruebas para imputar a Nora Elvira Belloni y Ramón Vicente Nicastro, respectivos responsables técnico y contable del “Plan Más Cerca”; Sergio Gustavo Sánchez, presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept); Adrián Cúneo Vergés, ex interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys); José Rolando Erazu, ex gerente general del Ente Regulador de Servicios de Aguas y Cloacas de Tucumán (Ersact), y Lucio Tamburo, ex titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Ayer, Brito también requirió la indagatoria de Ana Cecilia Araujo, auditora del Ministerio del Interior de la provincia. Previamente a expedirse sobre este asunto, Bejas debe pronunciarse sobre el conflicto de competencia existente en esta causa iniciada en 2013 (ver “Apuntes...”).
Las anomalías detectadas abarcan desde la inexistencia de las construcciones hasta inconsistencias en los registros de los pagos, y modificaciones unilaterales de las obras de infraestructura de agua y cloacas (perforaciones de pozos; tendido de redes y cañerías, y conexiones domiciliarias). En Yánima y El Corralito, el fiscal precisó la asignación de $ 600.000 para un trabajo en el cementario.
“El 30 de julio de 2015, el Gobierno otorgó un adelanto del 25% ($ 150.000) a la Cooperativa ‘El Corralito’, sin embargo, a la fecha no comenzaron los trabajos”, advirtió. En esa misma localidad, detalló la transferencia de $ 490.000 para la construcción de una toma superficial, red de nexo y planta de tratamiento para la provisión de agua potable. “El Gobierno transfirió la totalidad de los fondos, pero sólo se realizó el 89% de la obra”, dijo.
En Los Puestos, Brito estudió la ejecución de una perforación y la provisión de agua potable. “Esta obra presenta serias anomalías: por un lado, el cartel de obra refleja un monto total de $ 808.272 adjudicado a la empresa Persuelo Ingeniería SRL, sin embargo, el importe del presupuesto era de $ 2.138.959, habiéndose transferido el 100% del monto total. Pero surge del informe remitido por el Enohsa que quedan pendientes de rendir $ 263.495”, explicó. Y añadió: “es importante destacar que de las fotografías agregadas por la denunciante (Elías de Pérez), se observa a simple vista que la obra se encuentra inconclusa, en estado de destrucción y sin las mínimas condiciones de funcionamiento. El equipo de geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dijo que no había documentación técnica sobre las perforaciones, lo que, a su entender, constituye una falta grave”.
Respecto del barrio San Lorenzo, en Las Talitas, el fiscal destacó que no existían referencias sobre la ejecución de un pozo. Brito acotó al respecto que los ex concejales Carlos A. Barros y Marcos Kristal habían comunicado esta situación al entonces secretario de Obras Públicas de Las Talitas, Héctor García del Haro, por medio de tres notas distintas. Y manifestó: “le requirieron información referida a la obra, sin respuesta hasta la fecha”.
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