Cuáles son las causas que complican a De Vido y que están relacionadas con Tucumán

El ministro de Planificación Federal del kirchnerismo tiene más de 20 investigaciones en su contra, algunas de ellas vinculadas a nuestra provincia.

JULIO DE VIDO. El actual diputado enfrenta una veintena de causas en su contra. FOTO TOMADA DE CLARIN JULIO DE VIDO. El actual diputado enfrenta una veintena de causas en su contra. FOTO TOMADA DE CLARIN
25 Octubre 2017

El futuro de Julio De Vido, diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos kirchneristas, puede definirse hoy: la Cámara de Diputados  tratará dos pedidos de la Justicia para que sea desaforado.

Los pedidos fueron realizados por los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio. El primero lo hizo en el marco de una causa que investiga presuntos sobreprecios en la mina Yacimiento Carbonífero Río Turbio. El segundo, por sobreprecios y desvío de dinero en la compra de gas licuado.

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Además de estas causas, De Vido enfrenta una veintena de investigaciones en su contra. Entre ellas figuran dos que están relacionadas con Tucumán.

Plan Más Cerca

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El 11 de abril de 2013, la senadora radical Silvia Elías de Pérez realizó la primera denuncia por manejo irregular de fondos públicos vínculados con el Plan Más Cerca. En la presentación acusa al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López, de encabezar un procedimiento orquestado por el gobierno de Cristina Kirchner para defraudar al Estado mediante el plan "Más Cerca". Además, Elías de Pérez vinculó con estas maniobras al ex gobernador de la provincia, José Alperovich, y a otras autoridades provinciales, municipales y comunales.

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La senadora, en la denuncia, dijo que los fondos remitidos a la provincia en obras entre marzo de 2013 y junio de 2016 y depositados en la cuenta correspondiente del Banco del Tucumán fueron de $ 887.968.680. Aunque un informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, indica que la suma remitida es de $ 867.030.311, lo que arroja una diferencia de $ 20.938.369.

La hipótesis de la senadora es que hubo un mecanismo para atomizar fondos públicos con la única finalidad de contaminar la ruta del dinero. Según su criterio, ese proceder habría tenido como objetivo impedir u obstaculizar la actuación de los organismos de control.

La documentación adjuntada incluye el movimiento de los fondos en cuentas especiales de las municipalidades de Concepción, Juan B. Alberdi y Las Talitas, y de las comunas de El Chañar y Yánima, entre otras.


MÁS CERCA. De Vido, cuando era ministro, realizando anuncios vinculados con el plan que ahora es invetigado por la Justicia. ARCHIVO

Belgrano Cargas

El año pasado, el fiscal federal Federico Delgado pidió la citación a declaración indagatoria de De Vido por un multimillonario fraude en la compra de repuestos para el Belgrano Cargas, el ferrocarril con 9.344 kilómetros de vías que recorre 17 provincias, entre ellas Tucumán. Por esta causa ya fue detenido el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

En el dictamen, entregado al juez federal Julián Ercolini, Delgado detalló: "los pagos exorbitantes que ordenó Jaime a las empresas españolas y portuguesa por el material rodante adquirido (RENFE, FEVE, EE y Caminhos de Ferro Portugueses) estaban enmarcados en convenios de colaboración firmados por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y esas empresas".

"De Vido, como autoridad máxima del Ministerio de Planificación -y del que dependía la Secretaría de Transporte- no pudo haber desconocido esos pagos, ni las conductas que estaban llevando a cabo sus funcionarios", había apuntado el fiscal.

El 18 de junio de 2013, Delgado había pedido la indagatoria a De Vido en base a un informe de la Auditoría General de la Nación que dio origen a la denuncia y que se refería a la defraudación por la compra de material inservible en el marco de la declaración por decreto de la emergencia ferroviaria.

En ese marco, el Estado firmó contratos con España y Portugal por parte de la Secretaría de Transporte mientras que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tuvo intervención en la instrumentación de los acuerdos.

Y según la causa judicial, los acuerdos terminaron en "gravísimos incumplimientos" como la compra a Eepaña de vagones "en muy pobre condiciones, con roturas visibles y partes faltantes".

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