01 Noviembre 2017
Por ahora, la investigación que efectuó el fiscal federal N°, Carlos Brito, respecto de una posible evasión a través de las valijas cargadas con fondos para gastos sociales de la Legislatura seguirá bajo la órbita de la Justicia Federal.
Así lo resolvió el juez federal N° 1, Daniel Bejas, en una sentencia que dictó el 17 de octubre para dirimir la cuestión de la competencia en la materia de ese fuero.
La pesquisa parece estar encaminada. Sin embargo, aún restan otros pasos para que se conozca si Brito podrá avanzar con las medidas de prueba. De hecho, Bejas giró el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este tribunal tiene pendientes de resolución diversas objeciones defensivas, como el rechazo a que la Fiscalía Federal acceda al detalle de los beneficiarios de las ayudas sociales a personas o “gastos sociales” entregados por la Legislatura en el 2015 electoral.
La causa por presunta evasión fue abierta a instancias de una denuncia del abogado Oscar López, ex candidato a legislador por el peronismo disidente. Sobre la base de las noticias publicadas por LA GACETA, el letrado planteó la hipótesis de que autoridades y demás miembros del cuerpo colegiado de la anterior gestión (2011-2015) podrían “haber recibido fondos que debían ser aplicados a subsidios, y que ingresaron a su patrimonio sin la correspondiente afectación tributaria”. Esta fue, de hecho, la delimitación del objeto de investigación que formuló Brito.
Cuando el fiscal federal aguardaba el envío de la nómina de beneficiarios de los gastos sociales legislativos -más de $ 600 millones, según la ejecución presupuestaria de 2015-, el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip, que ocupó una banca en esos años, se presentó de manera espontánea para cuestionar la tramitación de la causa.
A través del abogado defensor Nicolás Pedro Brito, Llorens Dip consideró que debía remitirse el caso al fuero provincial, ya que el peronista disidente López también había formulado una denuncia en la sede penal de Sarmiento al 400 ante las sospechas de administración fraudulenta y posibles delitos electorales mediante la extracción de efectivo de la Legislatura, que se hacía en valijas que viajaban desde un banco céntrica hasta la sede de calle Muñecas 951.
Bejas evaluó los argumentos del fiscal federal y del legislador oficialista, y le dio la razón al primero.
“Me inclino, por ahora, respecto a la competencia de este fuero federal para intervenir en el proceso penal en curso”, señaló el magistrado. Y advirtió que Carlos Brito “justifica su intervención en el ámbito de jurisdicción de excepción atento a la normativa jurídica aplicable al caso, conforme su hipótesis acusatoria”, que se sustenta en la Ley Penal Tributaria.
Además, recordó que aún restan planteos por dirimir por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. “Desde el examen de esta investigación, surge con claridad del estado primigenio de la misma, como la necesaria adopción pronunciamiento por parte del Tribunal de Alzada de las impugnaciones deducidas, determinando en su caso, la intervención y/o legitimación de la Legislatura provincial en la presente, como decisiones sobre planteos efectuados en cuanto requieren el control judicial de la actividad fiscal en la presente información requerida a ese cuerpo legislativo, atento lo sostiene la parte impugnante (Llorens Dip), ello a los fines de avanzar con esta investigación”, señaló Bejas. Aclaró que esta posición puede cambiar, en caso de surgir nuevos elementos. “La competencia en razón de la materia (...) será revisada nuevamente en cualquier instancia de este proceso”, indicó.
Lo más popular
