Comienza una semana clave para los veedores

Una reunión política en Mendoza, con la participación de funcionarios de todas las provincias, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El inicio de un nuevo ciclo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán encabezado por Daniel Posse y el regreso del vocal que estaba de vacaciones, Antonio Estofán. La exposición de la coyuntura institucional tucumana en el encuentro de la Federación Argentina de la Magistratura en la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto sucederá esta semana y todo influirá en el destino de la intención de la Casa Rosada de observar una serie de 33 expedientes en trámite en el Poder Judicial de Tucumán. Se trata de casos que involucran a autoridades políticas y judiciales en funciones, así como a procesos entre particulares radicados en el fuero de familia.

El tema se nacionaliza

El Gobierno de Juan Manzur ya anticipó que está en desacuerdo con la veeduría de la Nación, y con el nombramiento como observadores de Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, dos abogados ligados a Cambiemos. La manifestación de este malestar correrá por cuenta de las funcionarias Carolina Vargas Aignasse y Érica Brunotto, quienes asistirán al encuentro del Consejo Federal de Justicia programado para hoy en Mendoza. Se supone que el propio ministro nacional Germán Garavano presidirá esta reunión o, en su defecto, estarán allí altos funcionarios de su cartera. Vargas Aignasse y Brunotto presentarán su reclamo en presencia de los responsables de los responsables de Justicia de las restantes provincias: funcionarios de Derechos Humanos de diez jurisdicciones gobernadas por el Partido Justicialista ya rechazaron la veeduría “unilateral, inconsulta e indebida”, y se solidarizaron con Tucumán.

El desenlace de esta reunión es esperado con ansiedad también por quienes promovieron la veeduría: sucede que la Nación guardó silencio desde que Alejandro Collia, secretario del Consejo Federal de Derechos Humanos, pidió permiso a la Corte de Tucumán para que Robles y Colombres Garmendia practicaran la observación. En la esfera de Garavano optaron por esperar a la realización del encuentro del Consejo. Según se supo extraoficialmente, la iniciativa de la veeduría también se estaría desarrollando en otras jurisdicciones del país donde existen quejas y dudas sobre el acceso a la Justicia. Puede que hoy, en Mendoza, la Casa Rosada dé detalles acerca de una política de observación más amplia que lo que se sospecha, y sobre la que existe información escasa y dispersa.

La Corte se renueva

El debut de Posse en la presidencia del máximo tribunal de la provincia coincidirá con el regreso del vocal Estofán, a quien la nota con la presentación de los veedores de Collia encontró de licencia fuera del país. El cambio de mando en la Corte se manifestó este viernes con una mudanza en el Palacio de Justicia: los muebles y objetos de Antonio Gandur, presidente del cuerpo desde 2013, pasaron al despacho de Posse (en un extremo del pasillo) y viceversa. Minutos después del mediodía, Gandur dejó la oficina más grande -y poderosa- de los Tribunales con una bolsa de papel en la mano. El ex jefe de la Corte ocupará el escritorio más pequeño: se trata de la misma vocalía que usó en 1999, cuando llegó al máximo estrado provincial.

Un día antes de abandonar la presidencia, Gandur entregó una copia de la solicitud de la veeduría de la Nación con su voto a los vocales René Goane, Estofán, Claudia Sbdar y Posse. La actuación está oficialmente en manos de Goane, quien ha de expedirse y pasarla a sus pares. En la Corte algunos esperan que Posse convoque a la primera reunión para tratar el tema. En el interior del alto tribunal habría al menos tres posturas distintas: además, los cinco vocales tienen pendiente resolver si darán la audiencia que solicitaron los veedores Robles y Colombres Garmendia el 17 de noviembre pasado. El miércoles, en una entrevista concedida al programa de televisión de LA GACETA, Panorama Tucumano, Posse había prometido que la Corte resolvería la cuestión planteada por la Nación esta semana.

Otra deliberación

Directivos de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) partirán hacia la capital del país para introducir el asunto de la veeduría judicial de la Nación en la asamblea extraordinaria de la Federación Argentina de la Magistratura (prevista para el jueves), donde participarán dirigentes de la judicatura de todo el país. El objetivo es unificar el discurso y que la corporación nacional respalde a la entidad local que preside Marcela Ruiz. Esta será la antesala de la asamblea del miércoles 6 de diciembre (y no del 29 de noviembre, como se consignó por error en la edición impresa de ayer) que los jueces, fiscales y defensores oficiales afiliados a la AMT celebrarán para sentar una posición sobre los veedores.

EN CONTRA

"Vuelta al unitarismo"

El abogado Pedro Nicolás Brito rechazó la veeduría judicial pretendida por la Nación en Tucumán. “La Constitución Nacional adoptó el régimen republicano y, en función de este, creó un doble orden judicial. Por un lado está la Justicia Nacional, que ejerce su competencia en todo el territorio del país en los asuntos reglados por el artículo 116 y, por el otro, la Justicia que cada provincia organiza con total prescindencia del Gobierno de la Nación. Su competencia no puede ser interferida: por eso esta situación de casi intervención de facto es de inusitada gravedad institucional por lesionar la forma republicana e implicar un regreso a un sistema unitario. Quien nombró veedores es pasible de juicio político y de sanción penal”, opinó el letrado.