El jefe de la Corte manda a los veedores a juzgados y fiscalías

Si bien no otorgó la autorización general que le habían solicitado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sí abrió una mirilla para que Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, los abogados designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, puedan tomar vistas y extraer copias de expedientes de su interés. Daniel Posse, presidente del alto tribunal, confirmó que iba a comunicar a Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, que debían usar las vías y formas correspondientes, esto es, dirigirse a quienes tienen los procesos a su cargo: jueces o fiscales, según corresponda. El jefe de la Corte manifestó a LA GACETA que, para el supuesto de que la observación fuera rechazada, los letrados podían plantear el conflicto en el ámbito de la superintendencia.

Veedores: la Corte busca una posición sin fisuras

Aunque solamente Posse rubricó la contestación, el contenido de esta había quedado esbozado en una reunión del martes. Ese día, los vocales Posse, René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar intercambiaron opiniones y resolvieron que la respuesta debía reflejar el mayor consenso interno posible. En ese afán, quedaron descartadas las posturas extremas, y triunfó la tesitura menos apasionada y más “procesalista”: sucede que el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán -de aplicación supletoria- autoriza a los abogados y procuradores a consultar cualquier expediente (en la secretaría) aún cuando no intervinieran en él.

La nota redactada en estos términos salió ayer al encuentro de Collia, según indicaron fuentes judiciales. Su elaboración requirió 15 días corridos puesto que la solicitud del funcionario nacional había ingresado al alto tribunal el 17 de noviembre (en ese momento, el vocal Antonio Gandur ejercía la presidencia). Posse no concurrió este viernes a su despacho porque viajó a Amaicha del Valle para, según comentó, hacer gestiones con el Consejo Asesor de la Magistrura, y sus alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Aún así, el vocal cumplió su la promesa de dar una respuesta esta semana.

La Nación designó dos veedores para que se ocupen de causas sensibles en Tucumán

Espera silenciosa

La posición de la Corte respecto de la nota de Collia mantenía en vilo a las instituciones públicas de la provincia puesto que el listado de 33 casos con pedido de observación incluye procesos de interés público que involucran -con el carácter de denunciados- a autoridades de los tres poderes del Estado.

El Gobierno se opuso de manera explícita. Por medio de la secretaria Carolina Vargas Aignasse, el Poder Ejecutivo dijo que la iniciativa de la Nación avasallaba la independencia del Poder Judicial de Tucumán. Secretarios de Derechos Humanos de 10 jurisdicciones gobernadas por el justicialismo repudiaron la medida. El oficialismo incluso solicitó formalmente su revisión en una reunión del Consejo Federal de Justicia. El Colegio de Abogados de la Capital avaló la observación, pero objeto a los veedores por su identificación política con Cambiemos. En el caso de Robles, añadió que litigaba en al menos una de las causas de interés de la Nación. El miércoles, la Federación Argentina de la Magistratura rechazó la veeduría en Tucumán: la Asociación de Magistrados de Tucumán fijará una posición el 6 de diciembre, pero el juez Dante Ibáñez dijo que los veedores eran bienvenidos en su tribunal (se informa por separado).

La Corte se reúne para hablar sobre los veedores

Aunque recibió quejas e inquietudes, la Nación aguardó en silencio la postura de la Corte, que todavía no se expidió sobre la audiencia que requirieron Robles y Colombres Garmendia. Aliviadas por lo que interpretaron como un “ni” esperanzador, fuentes del Ministerio que conduce Germán Garavano anunciaron que a partir del lunes definirán una estrategia apropiada al escenario que generó la carta de Posse, que nada dijo respecto del pedido de colaboración al Cuerpo de Auditores del alto tribunal. Desde ya se avizora que el desafío mayor de la veeduría se traslada al órgano que controla la mayor parte de los casos sensibles: el Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez, quien está cuestionado en varias actuaciones especificadas por Collia.