Los miembros del Clan Ale aguardarán la sentencia detenidos en sus domicilios

Fue una tarde agitada para todas las partes. La tormenta se desató con una información que se confirmó en Buenos Aires. La Cámara de Casación revocó la libertad con la que se había beneficiado a los integrantes del Clan Ale, tres días antes de que se conociera la sentencia del caso por el que están siendo enjuiciados. La decisión de ese tribunal generó el enojo y el cuestionamiento de los imputados y sus defensores que hasta se reunieron en barrio Norte para definir qué paso darían. Sin embargo, mientras alzaban su voz de protesta, el Tribunal dispuso que cumplieran arresto domiciliario en sus domicilios y que sean custodiados por Gendarmería Nacional. Sonrientes, con cara de vencedores, a las 20 se pusieron a disposición de la Justicia.
En octubre, los jueces Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule habían decidido dejar en libertad a 12 de las 16 personas que estaban imputadas en el caso. Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale, María Jesús Rivero, Fabián Antonio González, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa, Sergio Francisco Parrado, Víctor Alberto Suárez y Oscar Roberto Dilascio. Meses antes, en otra polémica medida, todos estos imputados habían sido beneficiados con el arresto domiciliario.

La Sala II de la Cámara de Casación, integrado por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa,  terminó aceptando el planteo que fue solicitado por Pablo Camuña, titular del Ministerio Público y que tuvo la adhesión de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).  “Se impone invalidar las solturas dispuestas, desde que la finalidad de la medida cautelar tiene por objeto garantizar la presencia de los imputados en pos de la continuidad y la conclusión del debate que viene desarrollándose desde varios meses”, sostuvo un magistrado al ordenar que el Tribunal revocara la medida.
Reacciones

El fallo generó posturas totalmente diferentes. “Nos sorprenden gravemente este fallo. Nos genera alarma porque consideramos que este fallo se puede transformar en una presión mediática hacia los jueces del Tribunal. Es una situación que genera mucha preocupación entre nuestros defendidos y los que los defendemos”, explicó Manuel Pedernera, defensor de Víctor Suárez y Hernán Lazarte.
Ernesto Baaclini, defensor de Roberto Dilascio, opinó: “La Cámara de casación debió por lo menos ser más prolija. Si tenían en mente  revocar la excarcelación, lo primero que se hace por respeto al debido proceso, es correr vista o vulgarmente cómo se dice, escuchar a las defensas y no emitir fallo sin este obligatorio e importante paso procesal. Culminando lo aberrante, que por notificación electrónica, nos citaron para  ayer a escuchar la lectura de la resolución en los tribunales de Comodoro Py”.
Mientras tanto, desde Buenos Aires, Mariano Federici, el titular de la UIF, se mostró complacido con la decisión de la Cámara. “Nos parece una decisión correcta por parte de los jueces de la Cámara. Los fundamentos del fallo son claros y respalda el planteo que realizó el Ministerio Público Fiscal. Espero que el Tribunal  resuelva acorde a la circunstancias y los acusados se pongan a disposición de la Justicia”.

Otra historia

En el falló, los jueces de la Cámara habían solicitado al tribunal que resuelva cómo haría cumplir con su decisión. Mientras pocos esperaban que tomara una decisión, los jueces, se reunieron a analizar los pasos a seguir. Con disidencia de Noli, el TOF resolvió que los 13 imputados permanecieran detenidos con arresto domiciliario. También ordenaron que dos efectivos de Gendarmería se encargaran de su custodia y que además se les colocaran pulseras electrónicas para un mejor control. 
Esta última medida no se habría podido cumplimentar porque no tenían los elementos solicitados y, para que funcionaran adecuadamente, se tiene que hacer un trabajo técnico previo para determinar si es posible su utilización.

El lunes, después de que los imputados tengan la oportunidad de decir sus últimas palabras, el tribunal emitirá sentencia. El fiscal Camuña, Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola (representantes de la UIF) y María Lucía Trabadelo y Mónica Molina (abogadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-) pidieron penas de entre 2 y 30 años y multas de más de $ 300 millones por considerarlos integrantes de una asociación ilícita que lavaba los fondos de actividades ilícitas. En tanto que los defensores de todos los acusados pidieron que sean absueltos.