22 Diciembre 2017
BUENOS AIRES.- Sólo tres ex presidentes argentinos afrontaron, luego de dejar el poder, procesamientos judiciales: Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa y Cristina Fernández de Kirchner, pero sólo dos ellos (Menem y Kirchner) con pedido de prisión preventiva.
En el caso del político riojano, el juez federal Jorge Urso procesó en julio de 2001, con prisión preventiva, al ex presidente Menem como jefe de la asociación ilícita que, entre 1991 y 1995, envió ilegalmente a Croacia y a Ecuador miles de toneladas de armamento que en su mayoría pertenecían al Ejército.
Urso también procesó a Menem por introducir falsedades (falsedad ideológica) en los cuatro decretos secretos que firmó con cuatro ministros y que dieron cobertura legal a las maniobras, y le trabó un embargo por $ 3 millones. Como organizadores de la asociación ilícita, delito que tampoco es excarcelable, Urso procesó con prisión preventiva en el mismo escrito al ex jefe del Ejército, Martín Balza y al ex ministro de Defensa, Antonio Erman González.
En otro tramo sostiene que Menem actuó “como un verdadero gerente de los personajes que circularon en derredor de los ilícitos” y, tras considerar probado “el despojo que sufrió el patrimonio del Ejército”, destaca que “Menem era, en su carácter de Presidente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”.
En un escrito aparte, el juez restringió severamente las condiciones de detención -prisión- que Menem cumplió en una quinta de Don Torcuato por tener más de 70 años. El predio fue cedido por Armando Gostanian, en el que sólo vivieron Menem y otras tres personas incluido el personal de servicio. No podrán concurrir más de dos visitas al mismo tiempo. De este régimen quedan exceptuados los familiares, médicos y abogados de Menem.
Pagó coimas
El caso del ex mandatario radical, éste fue procesado por la Justicia federal, que consideró probado que ordenó el pago de “coimas” a un grupo de senadores nacionales para lograr que, en abril de 2000, se aprobara la Ley de Reforma Laboral en la Cámara Alta. El escándalo se destapó cuando el dirigente camionero y actual titular de la CGT, Hugo Moyano, reveló que el Gobierno de De la Rúa “había usado la Banelco” para sobornar a los senadores, por lo que en círculos políticos la nueva norma se conoció como “Ley Banelco”.
La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien procesó al ex jefe de Estado por el delito de “cohecho agravado” y le trabó un embargo por unos $ 500.000 sobre sus bienes. (lanacion.com.ar/perfil.com)
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