Con un amparo buscan que se anule la última sesión

El conflicto político e institucional en Yerba Buena está lejos de disiparse. Por el contrario, la secuencia de la última semana permite presagiar que la Justicia tendrá la última palabra. Ayer, los cuatro concejales opositores al intendente Mariano Campero (Cambiemos) acudieron al fuero contencioso administrativo con una acción de amparo que persigue la declaración de nulidad de la última sesión y, en consecuencia, de todo lo aprobado y dispuesto ese día por un grupo de cinco ediles ligados al Departamento Ejecutivo.

La crisis en ese municipio se incrementó a partir del 28 de noviembre, día en que se cumplió un año de gestión de la mesa de conducción liderada por Benjamín Zelaya, un edil radical enfrentado al intendente. Luego de esa fecha, dos ediles peronistas (Héctor Aguirre y Walter Aráoz) y tres oficialistas (Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome) reclamaron a Zelaya que convocara a sesión para renovar autoridades. Este, sin embargo, adujo que su mandato está vigente porque no hubo un pedido de renovación en las fechas estipuladas. Sin éxito, acudieron entonces al intendente, ya que el Concejo se encuentra en receso.

En esta última semana, Campero convocó a cuatro sesiones extraordinarias. Zelaya y otros tres opositores (Lucas Cerúsico, Maximiliano García y Pedro Albornoz Piossek) sólo acudieron a la segunda citación, pero leyeron un escrito cuestionando la convocatoria y se retiraron para no dar quórum. Tras el cuarto intento, los cinco ediles aliados a Campero se constituyeron en asamblea y procedieron a tratar el temario. El primer paso fue la jura de Rodolfo Aranda, el radical que desde 2016 reclamaba poder ocupar la banca liberada por Lisandro Argiró (asumió como secretario de Gobierno municipal). Así, conformaron una mayoría de seis ediles (al Concejo lo integran 10 representantes).

Sin embargo, el cuarteto de opositores desconoce la validez de esta última sesión. El jueves y el viernes acudieron a los tribunales penales para presentar una denuncia por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra de Campero y de los otros cinco concejales. Ayer, en tanto, concurrieron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El escrito recayó en la Sala 1, que integra Horacio Castellanos (el otro vocal, Salvador Ruiz, ya se jubiló).

Mediante el recurso de amparo, pretenden que se declare la nulidad absoluta del acto administrativo emanado “de una supuesta sesión sin quórum” celebrada por sus pares el jueves 21 por la tarde. En la demanda incluyen también a la secretaria del Concejo, Josefina Blanca Albillos. “La sesión fue realizada sin el quórum exigido, por lo tanto esa sesión y los demás actos que de ella son consecuencia violan, lesionan, restringen, alteran y amenazan derechos y garantías consagradas por la Constitución”, se explayaron en el escrito. E insistieron en que la citación a sesión de Campero incluyó asuntos que no revisten interés público.

Respecto de la asunción de Aranda dispuesta por cinco ediles en esa sesión, dijeron: “su asunción o juramento está pendiente no sólo de decisión judicial en una causa en la que el propio Aranda es parte actora, sino que no cuenta con el correspondiente dictamen de comisión”. Finalmente, requirieron el dictado de una medida cautelar para que se deje sin efecto la sesión cuestionada hasta tanto haya una resolución de fondo.

Todas estas acciones recibieron el respaldo público del legislador radical Ariel García, vicepresidente segundo de la Cámara. “Esos constitucionalistas, politólogos y garantes de las instituciones qué opinarán sobre el repudiable atentado a la democracia que cometieron: en un acto nulo y sin quórun sentaron un concejal trucho y eligieron un presidente trucho impuesto por un minidictador”, lanzó.

Pese a los planteos judiciales, el intendente ratificó la validez de la sesión del jueves. Incluso, recibió a los ediles. Campero presentó esa reunión del viernes como una visita protocolar de las nuevas autoridades del Concejo. “Hemos comenzado a trabajar mancomunadamente que es la mejor forma de mejorar nuestra ciudad”, expresó.

“Estoy feliz por haber normalizado el Concejo, luego de que unos avasalladores de las leyes y constituciones quisieron quedarse a vivir bajo el respaldo de una Presidencia ya caduca”, escribió el macrista Rojas. “El Concejo recuperó la legalidad y comienza a andar por los carriles del derecho y de la legitimidad”, añadió Jantus.

En paralelo, el presidente de la Unión Cívica Radical, Julio César Herrera, pidió a la Convención Provincial del partido que expulse a los radicales enfrentados a Campero. En la nota dirigida al presidente de ese órgano, Federico Romano Norri, dijo que Zelaya, Cerúsico y García dejaron de representar los valores democráticos y éticos de la UCR.