“¿Quién va a responder por el crimen de mi marido?”

La liberación en la madrugada de ayer de Walter Pato, jefe del Departamento Personal, y Fernando Cisterna, responsable de las Unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza, ordenadas por el juez Alejandro Tomas, fueron recibidas con malestar por los familiares de Sebastián Medina, el preso asesinado en el patio del Anexo I de la penitenciaría local, después de denunciar a miembros del Servicio Penitenciario por presunta venta de estupefacientes dentro del penal. El juez se inclinó por el planteo de Manuel Pedernera (defensor de Pato) y de Julieta Jorrat (representante de Cisterna), quienes solicitaron la exención de prisión.

En los días de visita, un transa del penal podía vender hasta $ 18.000 en drogas

La fiscala Adriana Giannoni había ordenado su aprehensión al considerar que ambos idearon un plan para que Medina fuera asesinado en la cárcel. El preso había denunciado que los guardiacárceles lo obligaban a vender drogas en el penal. Ana Silva, esposa de Medina, adelantó que en la mañana de hoy realizarán una marcha de reclamo frente a los tribunales penales, en Sarmiento al 400.

“Vamos a reclamar: no nos explicamos por qué los liberaron, cuando los comprometen muchas pruebas. El director del penal (Guillermo Snaider) debería estar preso. No es común que los presos se maten porque sí. Además, el caso de mi marido es diferente, porque estaba protegido por un habeas corpus”, dijo Silva.

"Tengo identificados a los guardiacárceles que venden droga"

La mujer sostiene que su marido fue asesinado por encargo. “Es obvio que lo llevaron al penal para matarlo. Ellos saben todo lo que pasa con la droga en Villa Urquiza. Todo sigue igual. Ellos son los culpables de su muerte. Deben responder quién ordenó el traslado desde la Comisaría 7ª al penal. Solamente quiero justicia y que paguen lo que hicieron”.

Por este caso, Snaider fue imputado por desobediencia judicial: lo acusan de no acatar la orden de proteger a Medina y a su compañero (su nombre es mantenido en reserva por su condición de testigo protegido) tal como lo había dispuesto Roberto Guyot, juez de Ejecución) y por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que se considera que no investigó la tortura que sufrió Medina antes del crimen.

En tanto, Claudio González, el oficial que estaba a cargo de los presos que se encuentran alojados en las diferentes seccionales de la policía, fue imputado por supuesta falsedad ideológica, ya que la fiscala considera que el falseó las actas que se hicieron para justificar el traslado de los dos reclusos.

Fuentes judiciales señalaron que Giannoni no se quedó con el hecho de que le rechazaron los pedidos de detención y que avanza en la investigación de la causa.

Capturas de pantalla

Pedernera manifestó que presentó ante la fiscala Giannoni una serie de capturas de pantalla de un teléfono celular que demostrarían que Pato recibió órdenes para trasladar a los internos que habían denunciado venta de drogas por parte de personal del Servicio Penitenciario.

“Se trata de pruebas documentadas, en las que consta que la secretaria del Juzgado de Ejecución dio la orden de traslado. Primero hay una comunicación entre mi cliente y la secretaria, a las 18, donde se le explicó la situación”, señaló Pedernera, en alusión a presuntos incidentes entre internos que se habrían registrado en la Seccional 7ª.

Una hora después, según Pedernera, Pato se comunicó nuevamente con la secretaria del juzgado. “Recibió la orden de que los trasladen a la Unidad I y II; que debía presentar el martes 21 un informe al juez; y que se comunique con la fiscalía de turno para que tomara las medidas por los incidentes. El juez conocía toda esta situación y avaló lo dispuesto por su secretaria, al no ordenar un nuevo traslado”, resumió.

El caso

Medina, de 31 años, fue atacado por Alejandro “Pichi” Mendoza el miércoles 22 de noviembre en el patio de recreo del Anexo 1 de la cárcel. Medina y su compañero, luego de haber denunciado la venta de drogas en la cárcel, fueron trasladados a la seccional 7ª por cuestiones de seguridad.

El domingo 19, sin que se conocieran fehacientemente los motivos y sin ninguna orden judicial, fueron trasladados a Villa Urquiza y en el traslado habrían recibido una feroz golpiza.

Medina, ni bien pudo, habló con sus familiares para denunciar lo que estaba pasando y les dijo que estaba seguro de que lo matarían. Sus sospechas se confirmaron dos días después.